La creación del Sistema Nacional de Anticorrupción en México representa la culminación de grandes esfuerzos, cabildeos, consultas y propuestas del poder Legislativo en la Cámara de Diputados, para satisfacer una demanda ampliamente requerida por la población. La corrupción es un problema que afecta doblemente tanto a la convivencia social como al ejercicio gubernamental transparente y responsable de los recursos de origen público con los que cuenta un Estado.
Por lo anterior y a fin de contrarrestar conductas relacionadas por actos de corrupción, la Cámara aprobó el jueves 23 de febrero el dictamen donde se reforma y adicionan varios Artículos de la Constitución, por una amplia mayoría de 409 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones. El mismo día la minuta fue enviada para su revisión a la Cámara de Senadores.
Porque la actuación de los servidores públicos es relevante para las democracias constitucionales y el desempeño gubernamental, se trata de una legislación obligada. La percepción ciudadana de la descomposición por este fenómeno de la corrupción es lo que alienta y preocupa al legislador para plantear en forma de ley que se elimine todo acto ilícito en el ejercicio de su responsabilidad. Para con ello mejorar los estándares de transparencia, rendición de cuentas y en su caso el resarcimiento o la reparación del daño.
Para fortalecer los canales de comunicación entre Estado y la sociedad, se propone la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. El dictamen propone modificar 14 Artículos en donde se prevén sanciones para la administración pública, personas físicas y empresas; es decir, funcionarios y particulares.
Entre las propuestas se encuentran: Castigar el “enriquecimiento ilícito”; crear “órganos de control interno” en lugar de “contralorías”; un “Tribunal Federal de Justicia Administrativa”, órgano encargado de sancionar a los servidores públicos mediante una sala superior conformada por 16 Magistrados propuestos por el Ejecutivo y ratificados por las tres cuartas partes del Senado. Además, los servidores públicos estarán obligados a presentar declaración patrimonial.
En lo que se refiere a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tendrá atribuciones importantísimas, como: Auditar en tiempo real, designar a los órganos de control de las secretarías de Estado, fiscalizar las partidas presupuestales federales en estados y municipios, promover denuncias ante el Tribunal y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, promover las responsabilidades procedentes e imponer sanciones a servidores públicos federales de estados y municipios así como del Distrito Federal.
La sociedad será la principal beneficiada porque, una vez que entre en vigor —tras la aprobación en el Senado de la República y los congresos estatales— el Sistema Nacional Anticorrupción, en caso de ser implementada adecuadamente, podrá ser testigo de un ejercicio gubernamental más transparente y con mejores resultados en la aplicación de recursos conforme a los planes y programas de gobierno.
Esperemos que la agenda legislativa permita la promulgación de este Sistema Nacional Anticorrupción, para que cambie de manera importante conductas que tanto daño han causado a nuestra sociedad y afectan el servicio público en México.
A propósito del tema anticorrupción a nivel federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) avanza con pasos firmes, pues algunos legisladores han presentado iniciativas para recobrar valores cívicos y éticos para sancionar este tipo de conductas, mediante la creación de dos fiscalías: Una anticorrupción y otra en materia de delitos electorales para la ciudad de México.
En este contexto, y para ir acorde con un Sistema Nacional Anticorrupción, es importante que el Senado designe con prontitud al titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Así como dicho órgano legislativo procedió a designar de manera certera al titular de la Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales), Dr. Santiago Nieto Castillo, a quien la hacemos llegar una sincera felicitación, la sociedad espera en nombramiento de un fiscal calificado como titular de la Fiscalía federal.
Esta reforma es un cimiento. Para lograr un gobierno responsable y transparente que cumpla sus tareas de manera eficaz, nosotros como ciudadanos tenemos también la responsabilidad de actuar conforme a lo que exigimos de nuestras autoridades.