Opinión

¿Por qué protegen a Bartlett?

¿Sigue pesando más la lealtad que la honestidad? | Agustín Castilla

  • 05/09/2019
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Uno de los temas centrales en las campañas de 2018 y que se convirtió en un factor definitorio en el resultado de las elecciones presidenciales, fue el de la corrupción que registró niveles altísimos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto provocando un profundo malestar social.  

La casa blanca, los escándalos de los ex gobernadores de Veracruz, Chihuahua, Nayarit entre algunos otros, la revelación de la estafa maestra producto de una valiente investigación periodística, aunado al dispendio de recursos públicos y a la frivolidad de muchos de quienes formaban parte de la élite política -sin distingo de ideología o filiación partidista- y que contrastaba con la precariedad en la que viven la gran mayoría de los mexicanos, detonó la irritación de la ciudadanía que optó por emitir un voto de castigo y dar la oportunidad a quien se había erigido como el opositor natural al sistema imperante.

Sin duda uno de los activos más importantes de López Obrador es que se le percibe como un político honesto, ya que además de proyectar una imagen austera, en los cerca de 25 años de que se convirtió en una figura nacional no se ha visto involucrado, cuando menos de manera directa, en actos de corrupción y su combate es precisamente una de las principales banderas de su administración.

Por ello no se entiende que, ante los señalamientos de que el director de la Comisión Federal de Electricidad omitió en su declaración patrimonial cerca de 25 inmuebles por un valor estimado de 800 millones de pesos que, de acuerdo al reportaje periodístico están registrados a nombre de su pareja, de sus hijos y de empresas relacionadas con ellos, la titular de la Secretaría de la Función Pública prácticamente exonerara a Bartlett y el mismo presidente lo respaldara públicamente sin mediar una investigación previa.

De hecho la Secretaría de la Función Pública argumentó que no iniciaría procedimiento porque supuestamente los bienes fueron adquiridos cuando Bartlett no se desempeñaba como funcionario público, e incluso sugirió que los periodistas que develaron este caso son quienes tenían que aportar pruebas. Un trato muy distinto a otros asuntos en los que al parecer actúan con el mayor rigor, pero pasaron por alto que conforme a los artículos 38 y 39 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los servidores públicos están obligados a proporcionar la información que permita verificar la evolución de su patrimonio incluyendo la de sus concubinas y dependientes económicos directos, y también se deben computar aquellos bienes respecto de los que se conduzcan como dueños.

Es decir, todo indica que cuando menos el director de la CFE incurrió en una falta administrativa, además de que se debe aclarar la adquisición de esos inmuebles, su monto -ya que presuntamente los compraron a precio de ganga-, y sobre todo el origen de los recursos pues sin prejuzgar, es importante saber de dónde obtuvo el dinero la pareja de un político relevante para supuestamente adquirir la propiedad de nueve inmuebles, o su hijo que siendo estudiante universitario contó con los recursos suficientes para hacerse de tres propiedades en Valle de Bravo con una extensión de 14 hectáreas de acuerdo al citado reportaje.

No es la primera vez que Manuel Bartlett se ve envuelto en una polémica durante su larga trayectoria política principalmente al amparo de gobiernos del PRI como en la Secretaría de Gobernación con Miguel de la Madrid -en que se le responsabilizó de la caída del sistema-, como secretario de Educación Pública con Carlos Salinas de Gortari o como gobernador de Puebla y precandidato a la presidencia en el sexenio de Ernesto Zedillo, por lo que es difícil que se le considere como un referente del cambio que pregona este gobierno, y por el contrario el mensaje que se podría transmitir es que sigue pesando más la lealtad que la honestidad, o que la aplicación de la ley depende del destinatario en la misma lógica de justicia selectiva.