Opinión

¿Por qué no hay medicamentos?

En 2020 se incrementaron en un 498% el número de quejas por desabasto en el INSABI. | Agustín Castilla

  • 07/07/2021
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En los últimos días se ha intensificado la discusión sobre el desabasto de medicamentos oncológicos para niñas y niños con cáncer, así como la legítima exigencia de sus familiares y organizaciones para que se resuelva en forma inmediata ante las graves consecuencias que esto ha ocasionado en la salud de los pacientes, sin que hasta el momento se tenga una solución satisfactoria a pesar de que el plazo al que se comprometió el gobierno ya se agotó.

Aunque en un principio se trató de minimizar esta situación al presentarla como algo temporal y que se limitaba a algunos casos, todo indica que estamos frente a un problema mucho más amplio que se ha venido agudizando en estos dos años y medio, y que lamentablemente el gobierno se ha negado a asumir atribuyéndolo -como siempre- a las administraciones anteriores, y a una campaña orquestada por las farmacéuticas y los políticos que se beneficiaban de la corrupción en ese sector.

En estos momentos lo que menos importa es la confrontación política que se ha desatado entre los defensores de la denominada 4T y sus opositores, pues lo que urge es garantizar el acceso oportuno a los medicamentos, lo que difícilmente se logrará si no se reconoce el serio problema de desabasto que enfrentamos y se identifican sus causas reales para buscar posibles vías de solución.

Es por ello que, en medio del intercambio constante de descalificaciones y la simplificación en los argumentos, me pareció refrescante encontrar un esfuerzo para cuando menos tratar de entender lo que está sucediendo en torno a este delicado asunto, por lo que me permitiré compartir los principales aspectos de la explicación que nos ofrece Eugenio Sánchez, analista de datos y alumno del programa de becas para posgrado del Reino Unido, Chevening, a partir de la revisión de los estudios realizados por las organizaciones Impunidad Cero, Justicia Justa, Nosotrxs y el colectivo Cero Desabasto.

Para dimensionar el nivel de escasez de medicamentos en nuestro país, vale la pena recurrir al ejemplo del IMSS por ser la institución que brinda la mayor atención diaria. En 2019 se dejaron de surtir 5 millones de recetas médicas que representa el 2% del total, mientras que en 2020 esta cifra se incrementó a 15.9 millones de recetas. Es decir, en tan sólo un año se triplicó el número de casos en que no se proporcionaron los medicamentos requeridos, y no se trata únicamente de fármacos oncológicos pues se afectó también a pacientes con diabetes, VIH, hipertensión y fallas renales. De igual forma se incrementaron en un 498% el número de quejas por desabasto en el INSABI.

Otro dato ilustrativo es que de finales de 2019 a principios de 2020, la CNDH recibió 552 quejas por el mismo motivo, sin que a la fecha haya emitido ninguna recomendación. También se ha registrado una reducción significativa en la aplicación de vacunas contra la tuberculosis (92%), tétanos (81%), y Virus del Papiloma Humano (73%), lo que no es un asunto menor en términos de salud pública.

De lo anterior, se puede inferir que la crisis de desabasto se disparó en esta administración y, conforme a lo señalado por los estudios de referencia, esto se debe a decisiones de política pública y reformas legislativas improvisadas, inexperiencia de las personas responsables, así como a estrategias fallidas para combatir la corrupción y generar ahorros en los programas de compras. La centralización de las compras consolidadas en la Secretaría de Hacienda provocó retrasos y compras insuficientes de medicamentos principalmente por la falta de experiencia de los nuevos funcionarios encargados de realizarlas, el gobierno no dimensionó la complejidad de la logística de distribución de qué tenía que implementar, a lo que se sumó el veto a las tres distribuidoras más importantes del país por supuestas prácticas oligopólicas así como el cierre de siete plantas productoras de medicamentos oncológicos de los Laboratorios Pisa.

Las medidas adoptadas para tratar de resolver el desabasto tampoco han sido las más eficientes ya que en 2020 se acordó que la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos (UNOPS) se haría cargo de las compras consolidadas mediante una comisión del 1.25% del monto total que representa aproximadamente 85 millones de dólares, lo que no incluye el servicio de distribución que se le encomendó a la empresa paraestatal Birmex, que no cuenta con la capacidad, infraestructura, recursos y logística suficiente para ello.

Finalmente, se registró un crecimiento muy importante en el número de adjudicaciones directas -que abren espacios para la discrecionalidad, abusos y corrupción-  al pasar de 9,675 en 2013 a 21,047 en 2019, y hasta el momento no hay un solo procesado por los presuntos casos de corrupción que pretendían combatir. Esto es a grandes rasgos lo que, de acuerdo a las investigaciones realizadas por estas organizaciones explica el problema que enfrentamos, y que demanda la mayor sensibilidad, sentido de responsabilidad, autocrítica y capacidad de rectificación para poder superarlo.

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