De su planteamiento surgen dos temas para la discusión.
El primero está relacionado con los puntos centrales de la controversia que hay en torno a la propuesta del Poder Ejecutivo. El segundo tiene que ver con el debate mismo, ya que en nuestro país es evidente que no se ha consolidado una democracia en la que este instrumento de la comunicación política sea uno de sus principales componentes.
Aunque diario se habla de la reforma, el debate ha sido marginal.
La información que fluye a través de los medios de comunicación sigue siendo vertical, unidireccional y parcial. Han sido muy pocos los espacios en los que hemos presenciado debates entre los diversos representantes de la ciudadanía que tienen la responsabilidad de elaborar y aprobar la nueva legislación.
Nadie pone en entredicho que ha habido información abundante.
Incluso, hay que reconocer que el Gobierno de la República y los partidos políticos se han mostrado abiertos al diálogo, la negociación y el acuerdo para concretar las reformas que hacían falta desde hace muchos años.
Sin embargo, persisten muchas dudas en la sociedad.
La confusión que se ha generado por la saturación informativa y las deficiencias en las estrategias de comunicación de las instituciones involucradas con la #ReformaEnergética, hacen pensar seriamente en la necesidad de promover tantos debates como sean necesarios, incluso más de tres como los que propuso Alfonso Cuarón.
Es lo deseable, pero hoy la misión es imposible.
¿Por qué es imposible si contamos con las condiciones tecnológicas y técnicas en los medios de comunicación modernos? ¿Por qué lo es si varios personajes políticos sí están dispuestos a debatir con reglas flexibles, atractivas y sin cortapisas? ¿Por qué no se puede si la sociedad necesita presenciar más debates y participar en ellos a través de las #RedesSociales?
Es imposible porque no tenemos una cultura de debate.
¿Y por qué no la hemos logrado impulsar en los últimos 20 años, si tomamos como punto de partida el primer debate presidencial de 1994 entre Ernesto Zedillo, Diego Fernández de Ceballos y Cuauhtémoc Cárdenas?
Al debate público se le teme porque no se le conoce.
El debate en México se ha reducido casi siempre a un modelo anquilosado, acotado por reglas excesivas que van en contra de las características, lenguajes y códigos de los medios de comunicación modernos.
Nada parece estar por encima de los sound bites.
Así, la duda y el temor siguen llevando a muchos de nuestros políticos a optar por el debate de bajo impacto y con la menor cobertura mediática posible. En el mejor de los casos, siguen pensando que los ataques y descalificaciones presentados con habilidad retórica son la clave para ganar.
Hasta parece que no se dan cuenta de su error.
En la elección de 2012 hubo avances significativos en las características de los dos debates que tuvieron los candidatos a la Presidencia. Se dio un gran paso, que no fue opacado ni por la distracción que provocó la edecán. En ese momento, todo parecía indicar que estábamos preparados para iniciar una nueva etapa en la democracia.
Sin embargo, el debate hoy no es prioridad para la clase política.
Sus preocupaciones están en otros espacios. Sus intereses no lo permitirán, a menos que las presiones se vuelvan insostenibles. El Gobierno de la República ya respondió las diez preguntas del cineasta. ¿Quiénes estarían dispuestos a aceptar el nuevo reto que les propuso, cuando lo más probable es que la legislación secundaria se aprobará en menos de tres meses?
El pragmatismo terminará por imponerse.
El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, fijó la posición del gobierno sin titubeos. Habrá debates, pero sólo dentro del Congreso de la Unión. Los senadores de oposición, en cambio, aseguran que harán todo lo posible para que éstos se lleven a cabo con la mayor difusión.
Si lo logran, es difícil que cambien los viejos formatos.
Si bien es cierto, como dice Cuarón, que "la calidad de una democracia depende en mucho de sus debates públicos", también lo es que el debate abierto y moderno seguirá circunscrito a los eventos formales organizados por instituciones electorales y algunos medios de comunicación.
Nuestra democracia sería otra si hubiese un cambio de actitud.
Como sucede en algunos países, el debate debería impulsarse con recursos públicos desde los niveles de educación media superior y ser actividad frecuente y obligada en los medios de comunicación. Y, por qué no, en todo el espacio público y para los temas de mayor interés nacional.
¿Es mucho pedir?
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