La reciente discusión con respecto a la encuesta de ingreso que sirve para medir la pobreza en el país, y el afán de tratar de reducir esta condición de manera artificial, nos lleva a la pregunta con respecto a la razón por la que, a pesar de que tenemos más programas sociales, hay cada vez más pobres. Cabe señalar que esto ocurre en un contexto de estabilidad de precios, es decir, la inflación no es la culpable. Es muy probable que parte de la explicación esté en el bajo crecimiento económico, de alrededor de 1% en términos per cápita en los últimos años. Sin embargo, seguramente existen otros factores. Raymundo Miguel Campos-Vázquez y Luis Ángel Monroy-Gómez-Franco, por ejemplo, encuentran que periodos de crecimiento no están relacionados con la reducción de la pobreza en los estados del sureste del país. Aunque cuando la economía se contrae de manera abrupta, la pobreza sí aumenta por la destrucción de empleos formales.
Es posible que las fallas del mercado laboral impidan que se generen empleos de calidad en los momentos de recuperación. En ese mismo sentido, una explicación muy contundente a la falla del programa Prospera, la principal incitativa de política social del gobierno, para lograr movilidad social y por tanto reducir la pobreza, la doctora Iliana Yaschine fundamentalmente afirma que sin cambiar el contexto favorable a la desigualdad, la pobreza difícilmente va a disminuir.
El programa originalmente llamado Oportunidades fue una original política, pensada como un complemento de las reformas de mercado, para que con un presupuesto relativamente bajo (algo así como medio punto del PIB) se incrementara el capital humano de las personas de menores ingresos. La entrega de transferencias directas a la población tiene el objetivo de evitar la intermediación de grupos políticos que desvían los recursos de la población. Algo que evidentemente ocurre en los programas de apoyo al campo, por ejemplo. Además de que la mayoría de los recursos se entrega a las mujeres, lo que incrementa la probabilidad de que se utilicen para el bienestar común del hogar y se ligan a las asistencias de niñas a la escuela y de las familias a los servicios de salud.
El programa, que por cierto es evaluado de manera rigurosa, ha sido emulado en otras naciones y ha acreditado resultados en términos de mejorar la alimentación, la salud y los años de estudio de los miembros de las familias. El problema, como lo señala la Dra. Yaschine, con fuerte sustento empírico, es que la mala calidad de los servicios públicos y la desigualdad que persiste en los mercados laborales por estrato social, género y etnia, impide que los jóvenes que han sido beneficiarios tengan movilidad social. Otro factor importante es que la promesa de generar nuevos empleos nunca llegó, mucho menos en las comunidades de mayor pobreza.
Aquí tenemos dos problemas. Uno es que mientras la presencia del Estado en las comunidades más pobres se limite a las transferencias, las posibilidades de movilidad social son muy escasas. Salvo el caso de Seguro Popular, que está encaminado a ampliar los servicios de salud a la población de menores ingresos, prácticamente no se invierte ni en la infraestructura, ni en los servicios educativos de estas comunidades. Los beneficiaros de Prospera tienen más años de educación que antes, pero menos que el resto de la población y con frecuencia sus grados son truncos. Tampoco existe, como es el caso del programa brasileño Bolsa Familia, políticas para generar actividades económicas en las comunidades.
En general los programas productivos para las actividades agrícolas son ineficientes, limitados y de muy difícil acceso para las personas de menores ingresos. En zonas urbanas de alta marginación ni siquiera existen ese tipo de políticas de fomento. Además el Estado tampoco regula los mercados laborales, pues persiste la discriminación por estrato social, género y etnia. No se diga de los servicios financieros, ya que no existen alternativas si quiera aceptables en cuanto a su costo y oferta de opciones de ahorro y crédito para ese sector de la población.
De acuerdo con Yaschine, sin cambios institucionales que generen condiciones de mayor igualdad y de oportunidades económicas en los contextos que se desenvuelven, las personas beneficiarias de Prospera difícilmente dejan las labores manuales o sólo pueden acceder a empleos de baja productividad. Es decir, su condición inicial de pobreza determina en buena medida el resto de su vida. No importa si se esfuerce en la escuela o que emprenda un negocio, sus posibilidades de movilidad son escasas. Eso explica que la pobreza no se reduzca en el país. Eso no significa tampoco que los programas de transferencia directa de efectivo deban eliminarse, es evidente que han tenido efectos positivos en la calidad de vida de las personas. Pero eso no debe distraer la atención de la necesidad de establecer un auténtico Estado de bienestar que proporcione servicios y redes de protección eficaces, de la regulación de los mercados para evitar la discriminación laboral y por ingreso, así como generar empleos y desarrollo en las zonas marginadas. La pobreza no disminuye porque pensemos que basta con otorgar directamente una cantidad relativamente menor de dinero a los más pobres, sin construir instituciones para la equidad y sin que la economía creciera.
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