Después de los resultados que logró a nivel internacional la Primavera Árabe, entre 2010 y 2013, se han incrementado en el mundo los procesos de participación política ciudadana. Las demandas por salud, educación, trabajo, seguridad, derechos democráticos, equidad y una mejor calidad de vida han incrementado las protestas masivas en el espacio público.
En los últimos meses el protagonista principal de las protestas sociales es América Latina. La razón es clara. En la región impera la desigualdad. Aunque la mayoría de los países ha transitado en paz hacia la institucionalización de procesos electorales libres, competitivos y transparentes, los mandatarios no han respondido como se esperaba a sus promesas de campaña ni a las expectativas que crearon en la mayoría de la gente.
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El fenómeno afecta por igual a gobiernos de izquierda, centro o derecha. Va más allá también del carisma o la popularidad que tuvieron algunos jefes de Estado al inicio de sus administraciones. A los grupos sociales que han salido a manifestarse los caracteriza el enojo, la desilusión, la frustración, el desencanto, la desesperanza y la exigencia. Las protestas para que los gobiernos corrijan el rumbo han llegado hasta la Patagonia.
Las sociedades están reaccionando. Los movimientos en la región parecen por momentos emular al enorme grupo de los “chalecos amarillos” de Francia o a las protestas sin precedente de Hong Kong, no obstante las grandes diferencias económicas, políticas y sociales que se tienen con ambos países. Algunos llaman a este fenómeno El despertar de la ciudadanía. Otros, La primavera de América Latina.
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La cultura de la movilización social en América Latina no es un fenómeno reciente. Tiene una tradición de décadas. Pero con la fuerza que les han dado las redes sociales, las manifestaciones resurgieron con una capacidad crítica inusitada, que sin duda tiene muy preocupados a los gobiernos. Tanto, que algunos han recurrido al uso de la fuerza pública contra los manifestantes, al toque de queda, a la aprehensión y criminalización de los activistas y han adoptado restricciones legales sobre las libertades fundamentales.
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La represión política que estamos viendo en las noticias, a partir del despliegue de las fuerzas militares, policiales o grupos de choque dirigidos por algunos gobiernos en crisis no es más que una expresión autoritaria que creíamos superada. También es por momentos una falta de respeto inaceptable e inconcebible a los derechos humanos. América Latina asiste, desgraciadamente, a la reactivación de políticas y acciones que atentan contra las libertades fundamentales de la democracia.
Para comprender de mejor manera lo que está sucediendo, hay que recordar que la democracia no es el reino de la armonía, la tranquilidad o la suma de voluntades en el que creímos por mucho tiempo. El régimen democrático está basado en un modelo político en el que las diferencias, los conflictos y las crisis son parte de la vida cotidiana. Sin embargo, la respuesta de las autoridades está muy lejos de lo que se esperaba en los períodos de transición y alternancia. Este es el sentir y la realidad que vive la mayoría de las sociedades.
Es cierto que no todas las movilizaciones de la sociedad civil son auténticas ni espontáneas. También es evidente que algunas están promovidas por grupos de interés político. Y que otras surgen de liderazgos legítimos y auténticos. De una u otra manera, la “disposición de protestar” crece y eso tiene muy preocupados a algunos gobiernos que no se prepararon para este tipo de situaciones. Además, es preciso reconocer que las tensiones que provoca el sistema son las mismas que alientan las expectativas y esperanzas de la población.
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México no ha estado exento a la protesta ciudadana. Es más, tenemos una experiencia singular por el deterioro que padecieron algunas instituciones, el desacuerdo con algunos resultados electorales, el crecimiento de la desigualdad y la inequidad y el miedo que ocasiona el tema de la inseguridad. Sin embargo, hasta ahora las situaciones de conflicto y crisis han logrado contenerse, sofocarse o reencauzarse.
Lo malo es que los niveles de pobreza, desigualdad, marginación, inseguridad e impunidad no ceden, a pesar de la expectativa que generó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por si fuera poco, el imperio de la ley —clave para reducir la corrupción e impunidad— está muy lejos de afianzarse en nuestra cultura política.
Los datos duros a nivel nacional son preocupantes:
- 85% considera que es injusta o muy injusta la distribución del ingreso en el país.
- 90.6% percibe que la situación económica del país está regular, mal o muy mal.
- 83.2% percibe que la economía nacional está estancada o en retroceso.
- 38% piensa que a la gente como uno, da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático.
- 88% cree que el país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos que actúan en su propio beneficio.
(Fuente: Latinobaro´metro 2018, Base de datos México).
Como se puede observar, el problema es de enormes dimensiones y no se podrá resolver en el corto plazo. Lo bueno es que, hasta ahora, el presidente ha mantenido el control de la protesta ciudadana, a pesar de las presiones que está ejerciendo la agenda nacional sobre su gobierno y de que las movilizaciones y reacciones de las autoridades no han sido de las dimensiones de otros países como Chile o Bolivia.
Una parte de esta situación se explica por la contundencia de su triunfo en 2018 y la popularidad que mantiene hoy en un porcentaje importante de la sociedad. Otra, por la manera en que se está comunicando —que aunque no a todos gusta ni está exenta de errores— le permite mantener el control de la agenda pública nacional.
Sin embargo, ambos activos no serán suficientes si la economía y la inseguridad siguen afectando la vida cotidiana y el estado de ánimo de la gente. En consecuencia, es pertinente plantear la siguiente pregunta: ¿Por cuánto tiempo más logrará su gobierno mantener el control?
Las campañas de comunicación política ya no resultan suficientes para reducir las percepciones negativas o rechazos contra los gobiernos. Tampoco tienen la capacidad de mitigar o resolver la situación. Y, lo que es peor, los mensajes gubernamentales en los medios audiovisuales y las redes sociales a veces resultan contraproducentes, generando un mayor malestar.
La consultoría política tiene, por lo tanto, varios problemas que resolver y está frente a uno de sus mayores retos de las últimas décadas.
Recomendación editorial: Alfonso Zárate. Democracia y conflicto. México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Colección de Cuadernos de Divulgación sobre Aspectos Doctrinarios de la Justicia Electoral, 2002.