Cada año por estas fechas, en prácticamente todos los espacios se habla de la importancia que tiene la niñez para el presente y futuro del país, se reiteran los compromisos para que las niñas y niños ocupen un lugar prioritario en la agenda nacional, y por supuesto proliferan los festivales en los que cuando menos se les dan algunos momentos de alegría. Pero lamentablemente por lo general todo queda en palabras, y nada hace pensar que este año podrá ser la excepción. Por ejemplo, no es buena señal que el presidente haya decidido cancelar de último momento su asistencia a la primera sesión del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), que entre sus principales atribuciones está la de generar políticas públicas al más alto nivel para la defensa de los derechos de la niñez.
Resulta ilustrativo revisar algunos datos del informe elaborado por SIPINNA, para darnos cuenta de la grave situación que enfrentan millones de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. De acuerdo a este informe, 20.4 millones de menores de edad viven en pobreza; 3.2 millones se ven obligados a trabajar aunque la ley lo prohíbe; 2.5 millones de niños de 5 a 17 años no asisten a la escuela; 10 millones tienen sobrepeso; casi 3 mil niñas, niños y adolescentes fueron asesinados el año pasado, y se han incrementado en 300% los casos de lesiones por violencia sexual en menores de 5 años, siendo que en el 73% los agresores son personas cercanas a la víctima.
Ante este preocupante panorama, las estancias infantiles representan una alternativa para cerca de 300 mil familias de escasos recursos cuyas madres o padres solos se ven en la necesidad de salir a trabajar y en la gran mayoría de los casos no tienen en donde o con quien dejar a sus hijos. Además de que las 9 mil 500 estancias existentes son espacios seguros para los pequeños, les proporcionan educación, alimentación nutritiva, así como la posibilidad de convivir con otras niñas y niños contribuyendo así a su sano desarrollo.
Estancias infantiles
Por ello, resulta incomprensible que el gobierno del presidente López Obrador haya tomado la decisión de eliminar el programa cancelando por tanto el subsidio gubernamental que recibían las estancias, lo que irremediablemente las condena a la extinción, en este ánimo de desmantelar todo lo que se ha hecho en el pasado, incluyendo aquello que se hizo bien como es el caso de este programa que incluso ha sido reconocido internacionalmente.
Hasta el momento, todas las explicaciones del gobierno federal para tratar de justificar su decisión carecen de sustento pues no se han acreditado irregularidades serias en el funcionamiento de las estancias, y mucho menos casos de corrupción, nadie conoce el censo que realizaron a partir del cual supuestamente identificaron duplicidades en el registro o “niños fantasma”, y una prueba de ello es que la coordinadora nacional del programa de estancias infantiles nombrada por esta administración, tomó la determinación de renunciar al cargo ante su inconformidad con la posición gubernamental.
De hecho, tampoco se justifica la decisión de reducir en 50% los recursos destinados al programa que aprobaron los diputados del partido mayoritario, puesto que de acuerdo a las convenciones internacionales los derechos humanos deben ser progresivos, y el presupuesto de egresos de la federación para este año se incrementó en alrededor de 534 mil millones de pesos con respecto a 2018.
Lo que propone el gobierno de López Obrador es un nuevo programa -que no fue aprobado en el presupuesto de egresos-, que consiste únicamente en transferir dinero a las madres y padres trabajadores en algunos municipios del país -preponderantemente rurales excluyendo a las zonas urbanas-, para que ellos decidan como lo utilizan sin ninguna regulación que garantice que ese recurso efectivamente se destine al cuidado de sus hijos y en qué condiciones. Como se puede apreciar no hay comparación entre ambos programas, y los principales afectados serán nuestros niños y niñas. La última palabra la tendrá la Suprema Corte, esperemos que por encima de las consideraciones políticas, prevalezca el interés superior de la niñez.