La propuesta surgió de los jerarcas de la iglesia católica, sobre todo de los líderes de la Compañía de Jesús.
Una sugerencia producto de la violencia desatada por el crimen organizado contra sacerdotes, en la Tarahumara de Chihuahua, en donde un reconocido matarife ejecutó a dos jesuitas de la región.
Se trata de la exigencia de un “diálogo nacional” –entre ciudadanos y autoridades de los tres órdenes de gobierno–, que encuentre una solución a la violencia y el crimen que mantienen sometido al Estado mexicano y, en especial, a los ciudadanos.
Un reclamo que fue retomado y ampliado por el influyente Porfirio Muñoz Ledo, no sólo uno de los más recientes opositores al gobierno de AMLO sino un poderoso adversario que puso el dedo en la llaga.
En efecto, Porfirio Muñoz Ledo que acusó al de López Obrador como un “narco-gobierno”, retomó el reclamo del “diálogo nacional” y le agregó la creación de una “Comisión de la Verdad”, capaz de esclarecer los vínculos de la actual gestión federal con las bandas criminales.
Sin embargo, aquí creemos que “el diálogo nacional” y la creación de una “comisión de la verdad” se deben ampliar al esclarecimiento y la denuncia pública de las casi 80 mil mentiras formuladas por el presidente mexicano, en los 43 meses de gestión.
Y es que apenas el pasado jueves, Luis Estrada, de la Consultora SPIN, reveló que en esos 43 meses de la gestión de López Obrador el mandatario mexicano ha formulado casi 80 mil afirmaciones falsas; mentiras que lo convierten en uno de los jefes de Estado más falsario del orbe.
Es decir, que alcanza calidad de “emergencia nacional” no solo esclarecer los vínculos del gobierno de AMLO con las bandas criminales, sino la complicidad y la corrupción de toda la claque presidencial, que en sólo tres años y medio han llevado a cabo el mayor saqueo de la historia.
Escándalos de impunidad como el que a diario solapa el presidente López Obrador del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien se ha convertido no sólo en la mayor amenaza pública para los mexicanos, sino en el mayor peligro para el Estado de derecho.
En pocas palabras, la “Comisión de la Verdad” no sólo debe indagar, difundir y sancionar a los responsables del “narco-gobierno”, sino llegar a fondo en la complicidad por el saqueo compulsivo de todos los gobiernos de Morena y, en especial, documentar y esclarecer las 80 mil mentiras formuladas por el presidente López Obrador.
¿Cuál ha sido el daño al país, a las instituciones, a los ciudadanos, por el gobierno mentiroso, corrupto, ineficaz y criminal de López Obrador?
Todas esas y muchas otras interrogantes deben ser resueltas por una “Comisión de la Verdad” que, además, deberá establecer sanciones y reparación del daño a los presuntos responsables por la destrucción del país, de sus instituciones y, sobre todo, por desmoronar la confianza ciudadana en la democracia.
Por eso, proponemos un primer decálogo sobre el esclarecimiento de la verdad, el daño –y el tamaño de ese daño–, que exige la mentirosa gestión de López Obrador.
1.- ¿Hasta cuándo, presidente López Obrador, conoceremos el fondo y los acuerdos que llevaron a su gobierno a ordenar la liberación de “El Chapito”?
¿Qué tipo de pacto o complicidad lo llevó a Badiraguato, Sinaloa, a saludar a la madre de “El Chapo”?
¿Por qué ordenó que su gobierno “entregara la plaza” a las bandas criminales, en todo el país?
¿Cuándo conoceremos el monto de las aportaciones criminales a la construcción de Morena, en todo el país? ¿Cuántos cargos de elección popular entregó Morena a las bandas criminales?
¿Cuántas y cuáles bandas criminales pactaron con Morena y con su gobierno, presidente? ¿Cuál es la responsabilidad de Morena en el crimen de “Los 43”?
2.- ¿Qué negocios turbios pactó con militares, marinos y guardias nacionales, a cambio de que abandonaran la lucha contra el crimen organizado?
¿De qué tamaño es la destrucción de la confianza social en las fuerzas castrenses, las cuales hoy son vistas por los ciudadanos como meras figuras decorativas, dejando atrás la respetabilidad ganada en décadas?
3.- ¿Qué pactos, acuerdos y/o complicidades lo llevan, presidente, a defender a ultranza a un presunto criminal como Alejandro Gertz Manero, el fiscal general que, en los hechos, tiene secuestrado al presidente y a su gobierno?
¿Qué le debe usted, presidente, al presunto criminal fiscal general, como para que todos los días lo solape de manera pública?
¿Por qué permite que un delirante fiscal secuestre la justicia en México y se convierta en artífice de las venganzas del poder contra la sociedad toda?
4.- ¿Hasta cuándo, presidente, pondrá fin de las raterías de su prole, de su familia, de sus incondicionales, que saquean el país sin freno y su fin, a los ojos de todos?
¿Hasta cuándo cumplirá su palabra de barrer la corrupción desde Palacio y hasta el más humilde de sus colaboradores?
5.- ¿Quién será capaz de indagar y sancionar las irresponsabilidades del Estado, en su gobierno presidente, que provocaron la muerte de casi un millón de mexicanos a causa de la pandemia?
¿Quién será castigado por el crimen de Estado que dejó morir a miles de niños, mujeres y hombres que padecían cáncer y que por negligencia y estulticia no contaron con los medicamentos necesarios?
6.- ¿Quién, presidente, será castigado por la irresponsabilidad criminal de destruir el Seguro Popular, que le arrebató la posibilidad de salud y vida a por lo menos 15 millones de mexicanos pobres?
¿Por ese solo crimen, el de arrebatarles a millones de mexicanos el Seguro Popular –un verdadero crimen de Estado–, usted presidente debe estar en prisión purgando muchos años de cárcel?
7.- ¿Hasta cuándo, presidente, entenderá usted que arrebatos como la construcción del Santa Lucía, de Dos bocas y del Tren Maya, son otro crimen de Estado, no sólo por el derroche de recursos y por el ecocidio que significa, sino porque tal despilfarro provocó la pérdida de miles de vidas?
¿Quién sancionará y llevará presos a los responsables de tales desfalcos y de las raterías que se cometen a diario en torno a esos tres “elefantes blancos” que ofenden a todos?
8.- ¿Quién pagará, presidente, por el desfalco del NAIM, por el saqueo de los fideicomisos, por el robo del Fondem, por el inmoral endeudamiento de las arcas nacionales?
9.- ¿Quién será castigado en su gobierno, presidente, por la fábrica de pobres en que convirtió su gestión; una fábrica de hambre y miseria que dejó en engaño vulgar el “primero los pobres”?
10.- ¿Y quién pagará por el descomunal descrédito social, por la pérdida de confianza en las instituciones, por la impostura en que convirtió, presidente, la figura presidencial, luego de casi 80 mil mentiras?
Sí, es urgente una “Comisión de la Verdad” que lleve a tribunales al presidente, a su mal gobierno y que castigue los crímenes de Estado; crímenes que deben tener en prisión a López Obrador.
Al tiempo.