Durante este mes, el Senado de la República ha sido el centro de discusión sobre el futuro del Sistema de Justicia Penal en México, pues se han llevado a cabo diversos foros con representantes de las instituciones públicas, académicos y organizaciones de la sociedad civil.
Los ataques hacia el Nuevo Sistema de Justicia Penal han venido principalmente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) comandados por Miguel Ángel Mancera, quienes, ante su incapacidad operativa, han decidido culpar al sistema de justicia por el incremento delictivo.
Diversas organizaciones de la sociedad civil y académicos hicieron un llamado al Congreso de la Unión a no aprobar una contrarreforma que dé marcha atrás a todos los avances llevados hasta el momento y que mejor se comprometieran a hacer un llamado a las instituciones públicas a implementar en su totalidad el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Desgraciadamente los mayores críticos al sistema de justicia penal, no tienen un análisis riguroso basado en evidencia y se limitan a culparlo de los males de su gestión, cuando no son capaces ni siquiera de capacitar de manera correcta a sus cuerpos policiales.
A partir de los foros realizados por la Comisión de Justicia, el presidente de la Mesa Directiva, Pablo Escudero, consideró que se deben realizar “pequeños ajustes”, pero sin tocar la Constitución; se ha hablado de incluir los delitos de robo de hidrocarburos y la portación de armas exclusivas para el ejército dentro del catálogo de la prisión preventiva oficiosa, pero también se ha hablado de modificar las facultades de los Ministerios Públicos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Ejecución Penal.
Es necesario que nuestro Poder Legislativo tenga la claridad de las implicaciones que se tendrían de aprobarse estas modificaciones legales. Consideramos que debe permear un ejercicio de Parlamento Abierto con canales de participación entre la ciudadanía y las instituciones públicas. No a la contrarreforma, sí a la implementación total del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
El autor es: Rodrigo Ramírez @rodrigo_rq
Egresado de la carrera de Ciencia Política y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su interés académico y profesional se centra en temas del Poder Legislativo, sistema electoral, competencia y desarrollo rural. Es Coordinador de investigadores en el área de Análisis Político y Legislativo de Borde Político A.C. rodrigo@bordepolitico.com