Falta poco menos de un mes para que concluya el periodo ordinario de sesiones en el Congreso Federal, y son muchos los temas pendientes a desahogar como la iniciativa de mando único policial que presentó hace más de un año el presidente Peña Nieto, las leyes de archivos y protección de datos personales, las leyes generales de desaparición forzada y tortura entre otras, pero sin restarles importancia, lo que me parece demanda mayor atención es el paquete de iniciativas en materia de anticorrupción derivadas de la reforma constitucional.
La prevención y combate efectivo a la corrupción prevaleciente, debe ser considerado como un asunto de Estado dado el gravísimo impacto que tiene en la vida política, económica y social de nuestro país, lo que se encuentra plenamente acreditado. Desde hace décadas la corrupción ha sido una práctica común e incluso se ha constituido como un pilar del sistema que no se corrigió con la alternancia y de hecho, como han señalado diversos analistas, se pluralizó.
Si bien el plazo para la emisión de la legislación secundaria vence el próximo 27 de mayo, y ante la coyuntura electoral se antoja difícil que se convoque a un periodo extraordinario -por lo que es probable que una vez más se incurra en omisión legislativa-, la prioridad de los legisladores y de la ciudadanía debe ser que ésta se ajuste al diseño constitucional y no se permita que por la premura del tiempo, o por intereses de otra naturaleza se diluyan sus alcances, como ya lo han intentado recientemente el PRI y el PVEM, pues no son pocos los que quisieran mantener el status quo sin distingo de partidos o sectores sociales.
Por ello, cobra mayor relevancia el acuerdo anunciado el pasado martes por los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRD en el Senado, para impulsar un ejercicio de parlamento abierto en el proceso de análisis y dictamen bajo los principios de máxima publicidad, libre acceso y abierta participación, a partir del cual las organizaciones de la sociedad civil estén presentes activamente en todas las etapas de discusión, conozcan quienes son los autores de cualquier planteamiento o modificación y que sus propuestas y opiniones realmente sean tomadas en cuenta.
Un proceso transparente y con una amplia participación reduce los espacios para las negociaciones en lo oscurito, o para que actúen las manos invisibles que silenciosamente buscan alterar el contenido.
Tampoco podemos pasar por alto que aún cuando instituciones académicas y organizaciones sociales presentaron una iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas -mejor conocida como Ley 3 de 3-, que fue apoyada por más de 600 mil firmas y por tanto reviste un especial significado, para que pueda operar el Sistema Nacional Anticorrupción es indispensable que se aprueben otros instrumentos legislativos como la Ley General del propio Sistema, la Ley de la Auditoría Superior de la Federación, la del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley de la Fiscalía General y se adecúe la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Un dato no menor es que la responsabilidad de dictaminar las diferentes iniciativas está en tres comisiones, dos de las cuales son presididas por la oposición.
Esta es una oportunidad que no podemos dejar pasar, no sólo para contar con un marco jurídico eficaz que permita afrontar de una vez por todas un tema tan sensible y determinante para el país, sino también para demostrar que cuando la ciudadanía se decide a actuar, puede cambiar sustancialmente la forma de hacer las cosas. Por eso, es menester que todos nos sumemos a este frente común contra la corrupción.