Lo que no gustó nada a varios legisladores de la Cámara Alta fue el regreso de Olga Sánchez Cordero como presidenta de la Mesa Directiva del Senado. Nos cuentan que a pesar de las varias muestras de afecto, bienvenidas y sonrisas ante los reflectores, la realidad es que los cambios en el gabinete desconcertaron a más de uno y la primera lectura fue un ‘estate quieto’ y acotar a los que ya empezaron a operar por debajo del agua su candidatura para el 2024.
Aunque desde hace meses se anticipaba la salida de la exsecretaria de Gobernación por su evidente falta de pericia para operar asuntos relevantes que le había encomendado el presidente López Obrador. Lo que desconcertó a más de uno fue el nombramiento del gobernador de Tabasco con licencia, Adán Augusto López, quien por cierto es de las personas más cercanas y de los principales consejeros del primer mandatario.
A pesar de que la figura del Secretario de Gobernación perdió fuerza en los últimos sexenios y ya no representa el segundo cargo más relevante del país, lo que llama la atención es que el presidente continúa privilegiando la lealtad absoluta muy por encima de la experiencia.
En este segundo tramo de la actual administración, nos dicen, el nuevo titular de Gobernación se encontrará con varios problemas sobre la mesa, unos sin resolver y otros más que se avecinan en los siguientes meses y que sin duda, le provocarán fuertes dolores de cabeza ante la pérdida de la mayoría absoluta en Diputados.
Ya que hablamos del Congreso, hay una creciente preocupación de integrantes de la bancada de Morena porque la nueva legislatura que inicia este martes tendrá una agenda en la que destacarán dos temas que se relacionan con los medios de comunicación. Su relevancia es tal, que los diputados podrían verse obligados a legislar por mandato de la Corte.
No es casualidad que en la lista de asuntos programados en la Primera Sala de la Suprema Corte para el próximo miércoles 8 de septiembre se incluye un proyecto de sentencia que establece que la Ley de Comunicación Social que se aprobó en 2018 “regula en forma deficiente elementos fundamentales, lo que configura una omisión legislativa y repercute de forma negativa en los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información”.
Ante ello, se ordena al Congreso que legisle en la materia antes del final del último periodo de sesiones de 2021, es decir, a más tardar el próximo 15 de diciembre.
El problema podría salirse de control porque una vez se emita y notifique la sentencia, el proceso legislativo se empalmaría con el inicio de la revocación de mandato que iniciará entre noviembre y diciembre entrantes y ante ello, se afectará la propaganda gubernamental -ya de por si acotada por las restricciones del artículo 35 constitucional-.
Otro tema que espera conclusión es el amparo relacionado con el artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de derechos de las audiencias.
La sentencia resolvió obligar al Congreso de la Unión a derogar partes del artículo 256 de esta legislación, así como el segundo transitorio del Decreto de reforma que se publicó el 31 de octubre de 2017, dentro de los treinta días hábiles siguientes al en que se notifique la sentencia.
Lo que inquieta del asunto es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones podrá poner en vigor de nuevo los lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias que definió antes de la reforma a la ley, lo que chocaría con otra parte de la misma establece que sólo el Congreso podrá emitir esas disposiciones.
De ser notificada esta sentencia en las próximas semanas al Congreso, se emparejará con la del amparo sobre la Ley de Comunicación Social y abrirá la puerta a la oposición para regular la propaganda gubernamental y el contenido de las conferencias mañaneras antes del proceso de revocación de mandato que el presidente López Obrador quiere accionar en la primera semana de marzo del siguiente año.
Así las cosas…