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Politizan cruzada contra el hambre

La labor humanitaria y social de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH) en Chiapas se ha politizado. La entrega de alimentos no resuelve la hambruna en algunas regiones y más bien, los encargados de articularla están “enamorando” votos.

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Escrito en OPINIÓN el

En mayo del 2013 se constituyeron 7,000 comités en 55 municipios, considerados pobres. El espíritu inicial era visibilizar el problema de la pobreza. Sedesol trazó así una ruta en una de las zonas más depauperadas del país y contrató promotores a los que les ofreció un salario mensual de 5,000 pesos que serían erogados  vía Universidad Autónoma de Chiapas. Han pasado cinco meses y al mes de abril a los empleados les adeudaban un conjunto de 14 millones de pesos y hoy estos pasan, paradójicamente, hambre.

La CNCH se inició en Chiapas para abarcar la población de los 400 municipios de alta y muy alta marginalidad en todo el país. A nivel nacional utilizará este año un presupuesto de 200 mil millones de pesos a través de un fondo recurrente de 70 programas federales, con el fin de seguir impulsando acciones encaminadas a superar la pobreza extrema alimentaria en México.

De ese total, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) aportaría 80 mil millones de pesos, para disminuir las brechas de desigualdad y las condiciones de pobreza de más de 52 millones de mexicanos y de pobreza extrema de 10 millones de mexicanos.

En ese contexto, hace tres meses, llegó a la coordinación estatal de la CNCH en Chiapas, Rodolfo Eligio Molina Monterrosa, con antecedentes directos en el programa estrella del sexenio de Juan Sabines Guerrero: “Chiapas Solidario”. Sus orígenes políticos visibles se ubican en el gobierno municipal del priista ahora radicado en Acapulco.

En el período 2008-2009, Molina Monterrosa fue subdelegado regional Chiapas Solidario en la costa donde supuestamente desvió recursos del programa “Pisos Firmes” y movilizó votantes con recursos públicos. Hoy cambió de bandera y es el operador del Partido Verde Ecologista de México con la tarea de construir, desde los comités comunitarios, una estructura electoral para las elecciones que se avecinan.

A su llegada, la estructura formada por los coordinadores regionales y los promotores comunitarios estaba en etapa de revisión y corrección de información, generada en los diagnósticos comunitarios y concluyendo los requerimientos de información y administrativos del convenio SEDESOL-UNACH, mediante el cual el personal fue contratado.

Desde su llegada al cargo fue claro que los espacios de las coordinaciones regionales eran su primer objetivo y con él llegaron una veintena de personas que requieren donde acomodarse y hacer el trabajo de “equipo” que el requiere. Los coordinadores regionales actuales no son de su equipo y por tanto está urgido de removerlos y una de las formas que halló fue fastidiarnos y no pagarles sus sueldos.

La estrategia para deshacerse del personal incómodo fue la de dividir en dos bandos a todos: los que están a su favor y los que están en su contra  y desató el acoso, espionaje y hostigamiento envileciendo el programa al ofrecer a jóvenes inexpertos fuentes de empleo. Acude a sus oficinas protegidos por guardaespaldas que cobran recursos con cargo a la Cruzada Nacional Contra el Hambre en Chiapas.

La definición de la Coordinación Estatal de la Cruzada fue, como otras, una decisión de oficinas centrales, sin embargo, fue notorio que provocó molestia y malestar en la oficina del Delegado Estatal.

Desde oficinas centrales se empezó a operar para generar el convenio que firmarían el Subsecretario de Desarrollo Social y Participación Comunitaria con el Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas para generar toda la estructura operativa para el establecimiento territorial de la Cruzada en Chiapas.

Así, se generó la convocatoria desde la UNACH, se acordó integrar estudiantes de otras universidades locales como la Universidad Intercultural, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (campus Chiapas), la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas entre otras instituciones.

El proceso de selección y capacitación iniciado desde abril del 2013 dio como resultado la contratación de más de 1600 promotores y 12 coordinadores regionales para la atención de 55 municipios considerados como el universo de atención inicial de la cruzada en Chiapas, en el marco del convenio Sedesol-UNACH.

Un documento “Confidencial” enviado a Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Social, al que tuvo acceso este columnista, narra que la operación en campo a nivel comunitario para la constitución de los Comités comunitarios prácticamente arranca en el mes de julio tras una intensa actividad de capacitación y de trabajo de gabinete para la definición  de rutas, microrregiones y acercamientos con las presidencias municipales a fin de acordar las estrategias locales para la implementación de la cruzada en los municipios asignados.

La irregularidad en el pago a los promotores siempre ha sido un lastre en la actividad y en consecuencia de los resultados en cualquier iniciativa. De pronto pareciera que mantener la incertidumbre del pago fuera una estrategia para debilitar las potencialidades de estos.

El convenio con la Universidad Autónoma de Chiapas estableció siete meses de trabajo que concluyeron el 15 de diciembre del 2013. Las condiciones en que se trabajó, incluyendo la irregularidad en los pagos y apretadamente se llegó a poco más de un 80 por ciento de la proyección establecida en materia de establecimiento de comités comunitarios y poco más del 70 por ciento en diagnósticos comunitarios. Desde el 16 de diciembre los promotores quedaron trabajando en la sistematización de la información para concluir el convenio.

Hoy estamos ante un escenario que leemos como una suerte de “cambio de rumbo” materializado en formas y contenidos del discurso del nuevo coordinador.

Nos parece que si una de nuestras orientaciones principales consiste en promover la vida asamblearia en las comunidades, mal hacemos al no ser consecuentes y establecer estas formas de construcción colectiva de acuerdos y estrategias de trabajo.

“Por otra parte, percibimos un gran interés por que los comités comunitarios 'sirvan' como bastión de alguna estructura electoral y para ello se piensa en su control más que en su empoderamiento, en el cambio de los representantes incómodos a algunas autoridades para colocar 'amigos' y con ello, nos parece, que todo el trabajo de credibilidad que se pudo haber logrado en las comunidades está en riesgo. Este modo de hacer las cosas solo le da elementos para confirmar sus dichos a quienes sostienen que los comités comunitarios son una estructura para la conquista del voto”, revela el documento.

“Entendimos, entendemos y estamos convencidos que el gran mérito de la Cruzada Nacional contra el Hambre es precisamente su llamado a la inclusión, su reconocimiento de la pluralidad y la diversidad política, social, étnica y cultural. Entendemos que MOVER A MEXICO justo pasa por empoderar las estructuras comunitarias y aprender a respetar sus decisiones. Así se construye una nueva credibilidad en las condiciones difíciles que se viven en las comunidades chiapanecas”.

Lo que resulta cuando menos paradójico es que la Política Social de Nueva Generación está en manos de personas que viven en la nostalgia de los modos chiapanecos de ejercer el poder en el Chiapas de mediados del siglo pasado.

 

 

joseluiscastillejos@gmail.com

@jlcastillejos