En casi todos los casos recientes, los detenidos siguen siendo ‘presuntos’.
Luego, unos deberán quedarse bajo resguardo de la autoridad “por los delitos cometidos”. Otros ‘irán y sí volverán’ a su lugar de origen para demostrar su honorabilidad y jugarán al rehilete en la plaza del lugar, junto a todos; todo depende.
Esto de los políticos mal averiguados es un asunto mundial e histórico. Ocurre en todos lados porque en todos lados se cuecen habas. La autoridad española ha puesto a disposición de la ley a Julián Muñoz, ex alcalde de Marbella, por corrupción. Iñaki Urdangarin Liebaert: “duque consorte de Palma de Mallorca, esposo de la infanta de España y duquesa de Palma de Mallorca, Cristina de Borbón”, está acusado de fraude. Y muchos más.
Nixon cometió un delito de espionaje en Watergate y pagó caro el abuso. Más reciente, en Italia al señor Silvio Berlusconi le fue revocada una sentencia y disminuida a un año por ‘fraude fiscal’, aunque el mismo político se porta mal en su castigo de servicio social --cuidar a ancianos enfermos de Alzheimer--. Dice que es “una condena ridícula”. Bueno.
En México hay muchos que por muchas razones tendrán que administrar la rechifla y el repudio nacional para que no les avasalle el mundanal ruido y el mal recuerdo: Por éstos últimos, la política y los políticos son muy malqueridos en este país de “penacho y sombrero veteado”.
Todo esto viene al caso porque en unas cuantas semanas, políticos que fueron todo poder y toda gloria, han sido detenidos.
Algunos de ellos por razones muy personales, como aquellos a los que se les presume ser golpeadores de sus esposas: Ulises Ochoa Valdivia, ex diputado local por Veracruz (PVEM) o Hilario Mendoza Benito, ex presidente municipal de Tepehuacan, Hidalgo (PRI).
Pero hay otros cuyo asunto es muy delicado y tiene que ver con su presunta vinculación con el crimen organizado. Es una situación extremadamente complicada porque en esta ocasión tanto el gobierno federal como a insistencia del gobierno estatal, no ocurrirá un “Michoacanazo”, aquella historia de detención de ediles que luego de un larguísimo proceso fueron puestos en libertad por no habérseles encontrado pruebas en su contra…
Esta vez, dicen que garantizan que van sobre seguro, según el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, designado por el presidente de la República apenas el 15 de enero de este año y según, también, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Así que aún estamos en el terreno de las presunciones de culpabilidad: de Jesús Reyna García (PRI), quien fue gobernador interino de Michoacán y ex secretario general de gobierno. Se le vincula con el crimen organizado en la entidad. Fue detenido el 4 de abril pasado. También fue detenido José Trinidad Martínez Pasalagua, ex diputado local (PRI), liberado el 13 de abril, por falta de pruebas en su contra.
A mediados de abril fueron arrestados los alcaldes de Tacámbaro –Noé Octavio Aburto (PAN)- y de Apatzingán –Uriel Chávez (PRI): detenidos –se dijo- por la presunción de tener vínculos con el crimen organizado y peculado. Aburto pagó fianza y defenderá su situación en libertad. El 28 de abril fue detenido Arquímedes Oseguera (PRD), alcalde de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en este caso por los presuntos delitos de secuestro y extorsión…
Aparte, el 4 de mayo pasado fue detenido el ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat (llevado a la gubernatura por el PAN) por un presunto delito de peculado o malversación de fondos públicos.
La gravedad de las acusaciones merece su comprobación fidedigna, confiable, fiel a la ley y creíble para todos. Si en efecto cometieron los delitos de los que se les acusa, será sano y ha sido una petición nacional que se les someta a lo que dicte la ley.
Es histórica esta exigencia. Hay muchas formas de delito por la que políticos-funcionarios públicos deberían ser sometidos a la ley. La corrupción política. La corrupción administrativa. El abuso del poder. Apropiación engañosa de Instituciones Electorales. Malos manejos financieros. Tráfico de influencias. Perjurio… y mucho más.
También ellos, quienes cometen estas tropelías son criminales y deben ser sometidos a esa ley que debe ser pareja para todos. De otra manera da la impresión de que es una especie de cacería de brujas, muy codificado y muy mediático el asunto, mientras que muchos otros y otras que deberían ser investigados siguen mirando el amanecer a orillas del lago azul.
Bueno será que surja un comisionado nacional ciudadano para investigar a todos esos malos políticos y burócratas del país mexicano. Vinculados o no con el crimen organizado. ¿O sí? ¿O no?
Twitter: @joelhsantiago