Opinión

Políticas públicas sin ‘apariencia de buen derecho’

Dos años de propaganda utilizada como herramienta de engaño ante el deterioro de indicadores de bienestar y desarrollo. | Adolfo Gómez Vives

  • 23/11/2020
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La eficacia del gobierno no depende del éxito de su aparato de propaganda, sino de los resultados favorables —mensurables y comprobables— que pueda demostrar en un momento determinado.

Sin logros para presumir, la propaganda es herramienta de engaño, pues exhibe como éxitos los fracasos, algunas veces vestidos eufemísticamente como “nichos de oportunidad”. Magnifica los magros indicadores y promueve el desvío de la atención pública hacia temas irrelevantes. Lo más delicado es que estimula como deportes nacionales, la confrontación entre gobernados y el linchamiento a medios y periodistas críticos.

Mientras más recursos propagandísticos utiliza el gobierno, menores son los resultados favorables de su gestión. Ello es así porque su interés primordial radica en mantener y acrecentar su imagen “positiva”, aunque los indicadores relacionados con la salud, la educación, el empleo o la seguridad demuestren lo contrario.

Evidencia que su mayor interés radica en ganar para sí y para sus partidos aliados, la elección del próximo año y que seguirá pasando por encima del marco constitucional y legal con tal de retener el poder, como lo ha hecho con las consultas a mano alzada o en la negociación con Estados Unidos —al margen de las leyes que rigen el Derecho Internacional Público— en relación al caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien no será juzgado en México, por más que la Fiscalía General de la República así lo haya informado.

El próximo 1o de diciembre se cumplirán los primeros dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Desde su toma de posesión, la propaganda ha sido la plataforma desde la cual se presume lo mismo la extinción de la corrupción, que el cumplimiento de resultados inexistentes o no demostrables formalmente en áreas vitales para el desarrollo nacional como lo son la economía, la seguridad, el empleo o la salud.

Por eso, el mismo día que la Secretaría de Salud informó que el número de decesos provocados por el covid-19 —reconocidos oficialmente— superó en más de 66 por ciento al propio “escenario catastrófico” que perfiló su vocero al inicio de la pandemia, al alcanzar más de cien mil muertos, el presidente presume la visita de un beisbolista a Palacio Nacional: el espacio para lo anodino, antes que la reflexión crítica ante la fallida estrategia y con ello el olímpico desdén a los derechos humanos de los gobernados.

Extinto el fideicomiso del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) la lenta atención a damnificados en Chiapas, Veracruz y Tabasco proviene de la disposición de recursos de las propias entidades federativas y de la buena voluntad de los ciudadanos que han apoyado mediante donativos en especie. En el mejor de los casos, tendrán que distraerse recursos financieros que las secretarías federales habían destinado a otras obligaciones.

Las políticas públicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tienen apariencia de buen derecho. La violación sistemática del principio de legalidad tiene consecuencias funestas en el ámbito de los derechos humanos, la democracia y la economía de los gobernados, por más que muchos sólo alcancen a percibir los “éxitos” que, como cuentas de vidrio y espejitos, les “venden” a través de la abundante propaganda que se diseña y difunde desde Palacio Nacional.

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