Origen es destino, dice la sentencia. Quien pacta con delincuentes para llegar a los cargos públicos o quien delinque para cometer fraude en los comicios y arribar al gobierno, desde el poder se dedicará a servir a los criminales, a robar y a seguir cultivando la violencia institucional. Ambos tienen el mismo origen: el delito.
Esos pactos con el diablo acaban deteriorando la vida institucional, económica y social, y se convierten en una camisa de fuerza para quien, con tal de ganar el gobierno a como dé lugar y sin ningún escrúpulo, recurre a alianzas con la delincuencia organizada. Estos políticos criminales acuerdan con los capos, dinero, el control de la policía y de ciertos territorios, e incluso obras públicas o parte del manejo financiero, es la narcopolítica en toda su expresión.
La ciudadanía puede sufrir el acoso criminal, ser robada, asesinada, extorsionada o atacada en su integridad física y patrimonial, pero a esos delincuentes en el gobierno, sólo les importa preservar el poder, sus cargos y su corrupción, cuando la población acude a ellos para solicitar auxilio, es casi como pedir clemencia al verdugo. Son lo mismo: delincuentes y políticos coludidos con ellos.
Este comportamiento que tiende a multiplicarse en nuestro país no sólo es una cuestión de falta de moral pública, no sólo son actos con claros tintes delictivos que deben castigarse, sino que traen como consecuencia que las autoridades surgidas de esos acuerdos oscuros acaban maniatadas, sometidas a los criminales, en el mayor descrédito, defenestradas o enfrentando procesos penales. Como resultado la tranquilidad y la paz públicas se hacen añicos.
La supuesta modernidad política y la "época democrática" en nuestro país, después de la alternancia en el poder presidencial, no trajo consigo mayor equidad en las contiendas electorales y la depuración del poder político, por el contrario los órganos electorales, comenzando por el INE, se han convertido en legitimadores de atracos, y los grupos criminales han influido como nunca en las contiendas electorales con la tolerancia del poder federal y la negligencia de los cuerpos electorales, que siempre salen con pretextos legaloides.
Estos grupos delincuenciales lo mismo patrocinan candidatos, amenazan o realizan actos violentos en contra de opositores, coaccionan el voto, generan violencia para amedrentar a los electores o los alejan de las urnas con sus actos intimidatorios".
De esta manera, se constituyen en los grandes electores en regiones enteras y municipios de diferentes tamaños, y someten así a las autoridades surgidas de estos métodos gangsteriles, convirtiéndolos en sus títeres, y si algunas de estas autoridades traicionan sus compromisos criminales la respuesta no se hace esperar a través de sus métodos mafiosos, que van desde la amenaza (en narcomantas u otros métodos macabros) hasta el asesinato.
Nuestro país, y en especial estados del país como Guerrero, Tamaulipas y Michoacán, en diferentes momentos, han visto crecer la influencia de los criminales en la definición de los gobiernos. Lo mismo se han apoderado de regiones y municipios, que han arrebatado parcelas de poder a los gobiernos de algunos estados.
Esta situación de complicidad entre políticos inmorales y delincuentes es una de las razones del repunte de la violencia criminal en la nación, y de manera más dramática, en algunas entidades y municipios. ¿Cómo podrían mejorar la seguridad pública quienes para llegar a su cargo transaron con criminales? Es pedirle peras al olmo.
Es necesario terminar con el binomio funesto entre malos políticos y criminales, de otra manera nuestro país y algunas entidades federativas serán estados fallidos y la población seguirá en el desamparo y viviendo con un temor y agobio permanentes. La ciudadanía tiene que despertar y hacer valer su fuerza para cambiar esta terrible situación.