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Política social y presupuesto

La balanza de la dádiva sólo se inclina hacia determinado grupo poblacional, pero descobija al resto de la población y sus necesidades más apremiantes. | Ivonne Ortega

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Escrito en OPINIÓN el

En la administración pública, pocos documentos revelan tanto de las intenciones y planes de los gobiernos como lo hacen los presupuestos. Constituyen el reflejo de lo que una administración está determinada a hacer por una sencilla razón: plantean su costo económico.

Así, frente a la gran cantidad de declaraciones tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador como de los funcionarios de su gabinete, en el sentido de que este es un gobierno que se enfoca en la política social, primero debemos ver a ésta como un todo integral que ha de mantener un equilibrio para no dejar a la población sin salud, educación, seguridad social, previsión, alimentación y desarrollo.

Algunos datos nada más, de entrada, que nos indican las prioridades que ha seguido el régimen federal:

Mientras en otros países se destinó hasta 8% del Producto Interno Bruto para proteger la economía familiar durante la pandemia, en México el gobierno destinó menos del 1%, lo que ha obligado a muchas familias a rematar bienes, hipotecar casas, y racionar sus consumos, para salir adelante.

Según cifras del INEGI y del CONEVAL, la pobreza se ha incrementado en el último par de años, y por primera vez en 10 años, la pobreza extrema creció.

Por su lado, el presidente López Obrador ha repetido hasta el cansancio que durante su gestión 95% de las personas en pobreza extrema reciben ayuda económica oficial; sin embargo, la información seria lo desmiente.

Nuevamente el INEGI, y el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad, han demostrado que del 5% más pobre de la población del país, solamente 35% de las familias son beneficiarias de los programas sociales. ¿Supondrá acaso el gobierno federal que el otro 65% no forma parte del pueblo pobre?

La situación social es de urgencia, y aunque el gobierno central sigue empecinado en asegurar que la pobreza se combate regalando dinero, la realidad se impone, y problemáticas como la salud mental de la población se agravan debido a las presiones derivadas de la falta de desarrollo, y la falta de atención social por la pandemia.

Tan solo en el último año, hemos visto el alarmante incremento de casos de suicidio entre la población joven mexicana, constituyendo en ese grupo poblacional la segunda causa de muerte.

Ante este dramático panorama, la respuesta oficial es plantear nuevamente un incremento a sus poblaciones clientelares-electorales.

No estoy en contra de la pensión universal para los adultos mayores, es justo reconcerles y apoyarles, pero en el otro lado de la balanza es al menos preocupante que el recurso asignado a este programa (ramo 20) en el proyecto de PEF 2022 sea de 238 mil millones de pesos, y represente 66 veces lo destinado a la Secretaría de Economía.

¿Y cuánto es el recurso que se pretende destinar al apoyo a pequeñas empresas? Cero.

Las pensiones de adultos mayores, con el aumento autorizado por el gobierno federal, se igualan en cantidad de dinero al total de los recursos para la seguridad pública, esto es, la suma de lo que destina el PEF 2022 a Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Marina.

¿Y los programas de educación pública? Apenas una tercera parte de lo que recibirán los adultos mayores.

Así podríamos seguir en el análisis de lo proyectado por el gobierno federal para otros asuntos como la promoción y desarrollo de empresas que generan empleos, o en el financiamiento a las policías municipales. Totalmente minimizados y en algunos casos abandonados por la atención oficial.

El desequilibrio en los planteamientos presupuestales no ayuda a nadie. La balanza de la dádiva sólo se inclina hacia determinado grupo poblacional, pero descobija al resto de la población y sus demandas, sus necesidades más apremiantes.