La idea: Después de una gran consulta ciudadana y de un enorme trabajo integrando estudios y diversas opiniones, se formuló una propuesta de Política Nacional Anticorrupción. Una contribución valiosa a la ya larga lista de estudios y propuestas sobre combate a la corrupción. Sin embargo, el reto sigue estando en producir resultados y no está claro si ésta política los dará.
El Comité de Participación Ciudadana junto con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) publicó una propuesta de Política Nacional Anticorrupción que consta de 185 páginas, la cual incluyó una consulta ciudadana a 14 mil 79 personas, 64 entrevistas a profundidad a expertos y ocho foros regionales.
Del diagnóstico que se presenta en dicho documento se desprende que hay altos niveles de impunidad, persistencia de amplios márgenes de discrecionalidad en el servicio público, débil involucramiento de la sociedad en el control de la corrupción y distorsión de la relación gobierno-sociedad que propicia el uso de corrupción como norma de relación.
A partir de estos fenómenos se plantean cuatro grandes ejes que atienden estos problemas y se proponen sesenta prioridades para atenderlos.
Una radiografía del documento nos arroja que de las 185 páginas de la propuesta, un 15.6% se dedicó a la introducción, metodología y referencias, un 63.2% se dedicó al diagnóstico, un 16.2% a describir la política y sólo un 4.3% del documento a lo que yo creo es el meollo del problema: a la implementación, seguimiento y evaluación de la política. Quizás esto último sea el verdadero reto, suponiendo que la política sea la adecuada.
Pero la política propuesta tiene algunas deficiencias. Empezando porque es desafortunado que fueran sesenta prioridades, lo cual impide distinguir aquellas que son más importantes pues no todas tienen la misma relevancia.
Hizo falta también conocer cuál es el impacto que cada una de estas prioridades tendrán en reducir la corrupción y entender cuál es la relación causa - efecto entre las prioridades propuestas y el abatimiento de la corrupción.
En ese sentido, no está claro cuál podría ser el impacto en reducir la corrupción de algunas prioridades; por ejemplo: generar un catálogo nacional de programas sociales; formar una coalición de empresas íntegras; fortalecer el papel de los Comités de Participación Ciudadana en los procesos de comunicación a ciudadanos y otros actores acerca de su rol e importancia en el combate a la corrupción; fomentar procesos de colaboración interinstitucional entre el SNA y el sistema educativo en materia de formación cívica, ética, integridad y derechos humanos; promover la generación de criterios mínimos para la elaboración y aplicación de políticas de recursos humanos por parte de los entes públicos, etc.
Las sesenta prioridades podrían parecer un catálogo de buenas intenciones sobre una diversidad de temas a los que se intenta conectar con el combate a la corrupción.
El documento quizás pudo ser más sencillo. Tener a lo mejor cinco prioridades en lugar de sesenta. Identificando aquellas acciones que más impacto tienen en el combate a la corrupción con una relación causa - efecto demostrada por las experiencias internacionales y locales.
Por otra parte, entre las prioridades no está, por ejemplo, el revisar y modificar la Ley General de Responsabilidades Administrativas cuyas deficiencias propician la impunidad y dificultan de manera directa el combate a la corrupción.
El documento fue presentado ante el Comité Coordinador del SNA el pasado 23 de abril. De ser aprobado, el reto estará en llevar a cabo las sesenta prioridades lo cual representará un gran esfuerzo institucional con el riesgo de que podrían diluirse con las tareas cotidianas de las instituciones que pertenecen al SNA.
Por lo pronto, con la nueva administración federal se empiezan a ver los primeros resultados de combate a la corrupción en casos emblemáticos, tales como la compra de la Planta de Agronitrogenados y Fertinal por parte de PEMEX, las complicidades de funcionarios de PEMEX en el robo de combustibles y otros casos que se están investigando.
Es interesante ver que las instituciones encargadas del combate a la corrupción, la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República junto con la Fiscalía Anticorrupción están trabajando en estos casos con mucha coordinación sin pasar por los mecanismos del Sistema Nacional Anticorrupción.
¿Implica esto que quizá el SNA ya no es necesario? Habrá que ver qué sucede con la Política Anticorrupción propuesta y con el propio SNA. Por lo pronto lo importante es que se vean resultados tangibles en el combate a la corrupción.