Hace unas semanas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió a la Cámara de Diputados el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, correspondiente al segundo trimestre de 2016, en el cual se refleja el comportamiento de la economía a mitad del año, así como la efectividad de las decisiones tomadas por el gobierno en materia económica; además, este informe contempla, en su capítulo VIII, el desglose del llamado ajuste preventivo al gasto (recorte) que tomó el Gobierno Federal ante la desaceleración financiera mundial.
Al revisar este Informe trimestral es posible encontrar datos relevantes: en primer lugar, observamos que los Ingresos del Sector Público aumentaron 14% en términos reales respecto a 2015, debido a un aumento considerable de los Ingresos no petroleros, que crecieron en 18.5% mientras que los petroleros disminuyeron 19.6 por ciento.
Dentro de los Ingresos No Petroleros, encontramos que los ingresos tributarios aumentaron un 10.7%, por Renta, 5.3% por recaudación de IVA, y un 22.3% más por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas y diesel. De esta manera, los ingresos no petroleros aumentaron de 114 mil 449 millones de pesos en el período enero-junio 2015, a 143 mil 614 millones de pesos en el mismo lapso de 2016.
Otro dato: los Ingresos No Tributarios –derechos, aprovechamientos y otros– crecieron en un 131.2% con respecto a 2015, pasando de 140 mil 355 millones de pesos a 332 mil 975 millones de pesos; esta cifra incluye los 239 mil 093 millones de pesos generados por remanentes de operaciones del Banco de México.
En cuanto a la diferencia entre lo programado y lo observado (subestimaciones), encontramos que los ingresos tributarios aumentaron 14% más de lo programado, destacando los ingresos por Renta, que presentan un excedente de 17% y el IEPS por gasolinas y diesel, que recaudó 37% más de lo programado. En lo que respecta a los ingresos no tributarios, estos se dispararon 330% respecto a los programado, ya que en la Ley de Ingresos se calcularon 77 mil 260 millones de pesos, pero hasta junio de este año se han obtenido 332 mil 975 millones.
A causa de estas subestimaciones de los ingresos públicos, la Federación tiene 366 mil 874 millones de pesos más que lo programado para gastar en el primer semestre de 2016. En este sentido, resultan extrañas las siguientes variaciones presupuestarias: el incremento de 660 millones de pesos para la Oficina de la Presidencia, justificado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bajo el argumento “de actividades de seguridad y logística, para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal”, así como el aumento de otros 689 millones de pesos para el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y, por otro lado, el recorte en rubros sensibles para la población y la actividad económica, como el caso de Sector Salud, con una reducción absoluta de 2 mil 700 millones de pesos, entre los que destacan 306 millones de pesos menos para el Instituto Nacional de Cancerología, o las otras reducciones para inversión en infraestructura física, ciencia y tecnología, medio ambiente y otros.
Ahora bien, de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Gobierno federal puede hacer las adecuaciones presupuestarias que considere pertinentes y sólo debe informar al Congreso sobre aquellas variaciones superiores al 5% del presupuesto total del periodo.
Sin embargo, ante la frecuente aparición de recortes al gasto, que se han vuelto la medida favorita de la SHCP en este sexenio, y la aparición de ingresos “extras” subestimados en la Ley de Ingresos, es necesario reflexionar sobre el rol que debe desempeñar el Poder Legislativo, en conjunto con la sociedad civil, respecto al uso y destino de estos ingresos y recortes no autorizados por el Congreso.
Y es que la corresponsabilidad del Poder Legislativo en la vigilancia del ingreso y gasto público no puede reducirse al ya de por sí limitado ejercicio de revisión y votación del Paquete Económico para cada ejercicio fiscal.
Hoy, los complicados escenarios financieros futuros requieren de nuevos mecanismos de evaluación y participación del Congreso y la sociedad en esta tarea de conducción económica, manejo de ingresos excedentes y modificaciones al presupuesto aprobado, que cada vez se opera de una manera más discrecional desde la SHCP. De mantenerse esta tendencia, la ciudadanía seguirá rechazando una mayor carga impositiva, ya que esta no incluye mecanismos que den certidumbre y eficiencia al gasto público. En otras palabras: nadie quiere pagarle impuestos a un gobierno que no transparenta ni justifica adecuadamente su uso.
¿O de verdad la SHCP pensará que es adecuado y racional quitarle recursos a la inversión en hospitales, clínicas, centros de salud, al tiempo que se le aumenta el gasto a la Presidencia de la República peor calificada en la historia del país? ¿Ustedes qué opinan?
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