Nuestro país enfrenta una crisis económica, social y sanitaria; mientras tanto, el sistema político, que debería trabajar en busca de soluciones se encuentra enfrascado en un ambiente de polarización y violencia. Ante este escenario es necesaria, hoy más que nunca, una política de consenso y unidad que trascienda el interés faccioso y se enfoque en el bien común.
De manera especial estamos padeciendo de una trilogía de alteraciones en la vida pública y política que se resumen en: el clima de violencia; el abuso de poder con el uso faccioso de los organismos del estado; y el uso de programas sociales para coaccionar el voto.
En cuanto a la violencia es claro que la estrategia de “abrazos no balazos” ha fracasado. El 2019 ha sido el año más violento de nuestra historia con 35 mil 616 personas asesinadas y el 2020, a pesar de la pandemia, hubo 35 mil 484 homicidios.
Y respecto a la violencia política vivimos el proceso electoral más brutal hasta ahora registrado. Tras el asesinato de la candidata de MC a la alcaldía de Moroleón, suman ya 88 políticos asesinados en lo que va del proceso; de estos 34 competían por un cargo público y 90% de ellos eran candidatos de oposición. Con estas acciones, lo que buscan la delincuencia y el crimen organizado es influir en el resultado, imponer candidaturas y promover sus intereses.
Aunado a ello se está dando el uso faccioso de los organismos del estado para influir en las elecciones. Esto ha implicado que instituciones que debieran trabajar para garantizar la seguridad, como son la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, estén hoy más enfocadas en perseguir a la oposición; tal y como se ha visto en Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.
Y en tercer lugar está el uso sistemático, por parte de operadores del gobierno, de los programas sociales para condicionar el voto bajo la amenaza de la suspensión de los apoyos en caso de perder. Lo que resulta deleznable, pues se aprovechan de la difícil situación que están atravesando las familias mexicanas.
Cabe mencionar que, en el 2020 con la pandemia el PIB nacional registró el mayor desplome desde 1932 al caer 8.5%, y que ya había caído el año anterior. Y según datos del INEGI en el primer trimestre de 2021 la economía se desaceleró 2.8% en cifras reales con la que ligó ocho trimestres de contracción.
Asimismo, según la CEPAL, la pobreza extrema en México creció de 10.6% en 2018, a 18.3% en 2020. Y según el CONEVAL entre el primer trimestre del 2020 y el respectivo del 2021, 2.4 millones de personas pasaron al desempleo; lo que se debe en parte al cierre de más de un millón de negocios que no contaron con apoyo del gobierno para afrontar la crisis.
A su vez, entre el primer trimestre del 2020 y el mismo trimestre del 2021, la pobreza laboral aumentó 3.8 puntos porcentuales. Lo que significa que el número de personas a las que sus ingresos no les alcanzan para la canasta básica aumentó en 5 millones de personas en un año.
Lo más indignante es que estas disminuciones de ingresos afectaron mayoritariamente a los más pobres, porque se concentraron en el primer y segundo quintil de ingreso, con reducciones del 40.8% y 11.5%, respectivamente. Lo que demuestra, por otro lado, que los programas sociales del gobierno han fracasado.
La situación es crítica y se requiere urgentemente de un cambio de rumbo. No es mediante el mesianismo, el autoritarismo, ni la confrontación que saldremos adelante sino a través de las instituciones democráticas, la cooperación y la unidad.
Es indispensable lograr un Acuerdo de Unidad Nacional que esté sustentado en la corresponsabilidad, las facultades de ley de cada orden de gobierno y de cada poder del estado. Así como de la colaboración de todos los sectores de la sociedad. Es tiempo –como sostiene el Papa Francisco– de la grandeza de miras, del diálogo plural e incluyente y de una sana política capaz de superar inercias viciosas para así poder impulsar el bien común.