La nueva Ley de Seguridad Interior surge como una respuesta desesperada del Estado por tratar de recobrar la gobernabilidad y la tranquilidad pública que se ha perdido desde hace varios años. Ha sido muy cuestionada por sus contenidos y será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien tenga la última palabra sobre su constitucionalidad.
Esta nueva normatividad ha sido repudiada por diversos organismos de defensa de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, pues consideran que más que un remedio a la ola de violencia que azota a nuestro país se trata de un mecanismo plagado de lagunas que pudieran propiciar una violación sistemática de los derechos fundamentales de las y los mexicanos.
Con esta nueva Ley legitima, la intervención militarizada en una determinada demarcación territorial, con la que el Estado pretende recobrar el control a través de la presencia de las fuerzas armadas, lo cual significa dejar las tareas de seguridad pública en manos de personal que si bien, se encuentra capacitado para actuar en caso de conflictos bélicos, carece de instrucción para combatir el crimen, así como para llevar a cabo las acciones de pacificación necesarias para recobrar la gobernabilidad. Como puede advertirse, la estructura legislativa de la Ley de Seguridad Interior soslaya la necesidad primigenia de las instituciones de seguridad pública.
En este punto es importante tener en cuenta que las instituciones de seguridad pública surgen a partir de una necesidad de la sociedad de prevenir todo acto doloso o que revista características de delito y que afecte la persona o los bienes del individuo y la sociedad misma y para posteriormente reprimir estos actos.
Bajo esta lógica, resulta inconcuso que la función policial a diferencia de las fuerzas armadas, desde sus orígenes, se encuentra enfocada eminentemente a la prevención, aunque, también debe realizar funciones y labores represivas, debiendo enmarcar su actuar estrictamente dentro de los que la Ley le faculta, estando siempre al servicio público y al de todos los ciudadanos y cada uno de los habitantes de nuestro país, sin distinción de ninguna especie, procurando siempre propugnar medidas para mantener el clima de normalidad y tranquilidad que la ciudadanía requiere, para su normal funcionamiento.
Sin embargo, hoy en día la función policial ha sido desvirtuada, casos como los de Cocula, Iguala, Zihuatanejo, Acapulco y más recientemente el registrado en Chilpancingo, han expuesto la complicidad de las corporaciones policiacas municipales con los grupos delincuenciales que operan en esas zonas.
Luego entonces, el remplazar a las funciones de seguridad pública por instituciones castrenses sin contemplar el saneamiento de las corporaciones policiacas redundara en un rotundo fracaso, como ha ocurrido en Acapulco de Juárez, donde la presencia de las fuerzas armadas no ha logrado frenar la ola de homicidios que situación al puerto como una de las ciudades más violentas del mundo.
Es claro que se requiere de un saneamiento y profesionalización de las corporaciones de seguridad pública en la que todos sus elementos se encuentren subordinados únicamente al Estado de Derecho, como una manera de asegurar que sus miembros actúen bajo el imperio de la Ley, respetando y velando por los derechos de los ciudadanos, inspirando confianza en su actuar que a la vez debe ser absolutamente imparcial.
Es imperativo sanear las policías municipales, para que estas cumplan con su deber de restablecer y reforzar la seguridad pública y el estado de derecho. Sin policías limpias y profesionales no habrá estrategia que funcione.