Ante la andanada de críticas que ha recibido el presidente electo por la decisión de crear una Guardia Nacional integrada por elementos de las policías militar y naval así como de la policía federal -para lo cual legisladores de Morena presentaron una iniciativa de reforma constitucional-, quienes conforman el nuevo grupo en el poder así como sus seguidores han tenido que hacer auténticos malabares para tratar de justificar lo que, con razón, hace poco criticaban con dureza puesto que implica un brusco cambio de rumbo respecto a la posición que consistentemente había asumido López Obrador en su larga trayectoria como opositor.
Guardia Nacional
Por más que insistan en que no se está replicando la fallida estrategia utilizada por Felipe Calderón y Peña Nieto de militarizar las labores de seguridad pública porque, como afirmó la futura Secretaría de Gobernación, “los policías militares ya no son soldados pues traen otro chip”, que el centro del Plan de Paz y Seguridad del próximo gobierno está en atender las causas sociales del fenómeno delictivo, que se les va a capacitar en materia de derechos humanos, que la guardia nacional existe en otros países etcétera; lo cierto es que ha generado mucha preocupación e inconformidad principalmente entre académicos, activistas y organizaciones incluso a nivel internacional.
Probablemente también contribuyó a exacerbar los ánimos el momento del anuncio que de suyo fue anticlimático al coincidir con la trascendente decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, a través de la cual se trató de dar sustento jurídico a la actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y que, a juicio del ministro o Arturo Zaldívar, representa un fraude a la constitución por ser competencia exclusiva de las autoridades civiles.
No es menor que al día siguiente centenares de organizaciones y ciudadanos -algunos de los cuales apoyaron el proyecto político de López Obrador-, se pronunciaran en contra de la institucionalización de la vía militar para combatir la inseguridad, que la nueva mayoría en el Congreso pretende aprobar fast track sin conceder espacio para una discusión seria.
Seguridad
La propuesta del presidente electo es muy clara y no da lugar a confusión. Se confiere a los militares integrados a la guardia nacional - aunque vistan uniformes de policías es lo que son, y así fueron formados- funciones de prevención, investigación y detención tratándose de delitos federales e incluso podrán fungir como auxiliares del ministerio público. El mando operativo de la Guardia Nacional corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional y no se hace mención alguna al fortalecimiento de los cuerpos policiacos locales. También preocupa el papel que van a desempeñar los llamados “super delegados”, quienes de acuerdo al documento que presentó el equipo de transición, serán los enlaces del gabinete de seguridad federal y quienes transmitirán las instrucciones en el ámbito estatal aún cuando no cuentan con experiencia en esta materia.
Al parecer ya se van dando cuenta que no es lo mismo andar en campaña permanente, que asumir la responsabilidad de gobierno y desde luego se vale rectificar. Pero, aunque se compartan los buenos propósitos para que se reconstruya el tejido social, los sicarios se rediman, nadie jamás vuelva a ser víctima de tortura o desaparición forzada, se acabe la corrupción, la impunidad y todos podamos vivir en paz y armonía, no se entiende cómo lo piensan lograr aplicando la misma receta que simplemente no ha dado resultado y que, como se ha acreditado, representa un grave riesgo a los derechos humanos que difícilmente va a desaparecer por mero decreto.