El concepto de poliarquía ha adquirido múltiples significados según el contexto y el tiempo. En el ámbito de las relaciones internacionales, suele hacer referencia a la inexistencia de una estructura formalmente dominante a escala global que sea decisora de última instancia. En el campo de la ciencia política, a diferencia, pasó de servir de referencia a opciones de gobierno no democráticas, donde el poder se repartiría entre élites representativas de diversas comunidades políticas, a una definición actualmente vigente donde el poder está disperso entre varios grupos sociales, con fuerza diferente, representando intereses diversos, y el proceso de intercambio de esos intereses se realiza a través de los organismos gubernamentales.
El sustrato de la poliarquía
Para el autor Robert Dahl, la poliarquía como procedimiento supone el cumplimiento de principios formales democráticos, como la libertad de asociación, de organización, de expresión; la existencia de fuentes de información alternativas y accesibles; elecciones periódicas libres y justas donde se compita por el apoyo popular y se produzcan mandatos limitados; e instituciones que controlen y hagan depender las políticas gubernamentales del voto y otras expresiones de preferencias formuladas por los ciudadanos y que, por ende, garanticen el pluralismo en la práctica.
La poliarquía en México
En México el esfuerzo por arribar a la pluralidad se quedó a mitad de camino. Se avanzó ciertamente en la consolidación de mecanismos que garantizan elecciones libres y justas, pero el poder no se distribuyó realmente. El poder que puede hoy concentrar una persona es el poder que podía concentrar un Ejecutivo federal conforme a las normas que dejó el período previo de legislativos sin mayoría definida, donde los partidos con capacidad decisoria no quisieron crear una verdadera poliarquía, pues nunca tuvieron la voluntad de constituir espacios que estuvieran efectivamente a salvo de la asechanza del Ejecutivo.
Los mecanismos poliárquicos
Antes de 2018, desde el propio legislativo se evadió adoptar esquemas para el reparto de curules a partir de sufragios que fueran equitativos y dejaran de favorecen la sobrerrepresentación del partido mayoritario, que suele ser el del presidente. No se dotó de total autonomía a la integración de órganos fundamentales para la gobernanza, como serían mecanismos para la reproducción autónoma de los órganos superiores de las instituciones nacionales electorales, del banco central, del organismos generador de la estadística oficial; vaya, ni siquiera se concretó un mecanismo para el autogobierno y la reproducción ajena a la voluntad presidencial de la Suprema Corte de Justicia. Tenían a la mano ejemplos autonómicos auténticos y funcionales, como los creados en la Universidad Nacional. Pero no. Esos partidos, ahora de oposición, son corresponsables de lo que hoy ocurre, y la única agenda de cambio real y creíble sería aquella en que se renunciara a continuar con normas que avalan los privilegios presidenciales en contra de una auténtica poliarquía. Cualquier otra propuesta programática pondría al ciudadano a elegir meramente entre opciones con capacidad de concentración del poder en una persona, no entre una auténtica oferta poliárquica que se opusiera y finiquitara la alternativa autoritaria hoy gobernante. Claro, eso supondría una voluntad democrática plena y un compromiso por lograr un auténtico cambio en el sistema político mexicano que no han demostrado tener.