Desde la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador el poder judicial ha estado en el ojo del huracán. No significa que antes no haya sido motivo de conversaciones, críticas y escándalos; basta recordar los nombramientos en la Suprema Corte del pasado sexenio, casos emblemáticos que han generado simpatía y rechazo entre unos y otros, casos de liberaciones insólitas y, por supuesto, el tema de la opulencia. No obstante, lo que desde hace varios meses ha estado de manera constante de la conversación, es todo el actuar del Poder Judicial: desde lo administrativo hasta las decisiones de los jueces. Estos cuestionamientos han sido, muchas veces, impulsadas desde el poder ejecutivo.
Como es de esperarse, también en esto se polariza la conversación de lo que en comunicación y publicidad se llama círculo rojo y círculo café, es decir, aquellas personas que están interesadas y de alguna manera involucradas en la política y en los asuntos públicos. Por un lado, se advierte que la independencia judicial está en juego, que los contrapesos que caracterizan el ejercicio del poder en una democracia se están alterando y que puede ser una catástrofe. Por otro, se alega que el Poder Judicial es corrupto y que no puede haber transformación sin cambiar eso. El presidente defiende sus señalamientos asegurando que él no interviene en el poder judicial pero que es libre de decir lo que piensa.
Para quienes adoptan la primera postura, se ha hecho costumbre asumir que a alguien fuera del círculo intelectual y especializado le importa algo la independencia judicial; dan por hecho que todo el país debe entender qué pasa si un poder judicial no es independiente e incluso que la mayoría saben cómo funciona el poder judicial. Para quienes defienden al presidente y su posición, de lo que se trata es de combatir corrupción y que haya justicia.
¿Qué podría salir mal?
Si logramos salirnos de cualquiera de estas dos posiciones, debería ser evidente que a la mayoría de la gente lo que le importa no es la independencia judicial ni mucho menos el concepto que las y los intelectuales tienen de lo que debe ser un juez. Quien escucha al presidente señalar a jueces corruptos, la falta de acceso a la justicia, las arbitrariedades, la justicia para ricos y la injusticia para pobres, desde luego se sentirán identificados con el discurso a partir de sus propias experiencias de vida; porque casi todas y todos los mexicanos sabemos que, si algo es ausente en este país, es la justicia.
¿Acaso alguien creerá que el poder judicial era independiente antes de la llegada de López Obrador? ¿Acaso no hemos visto, una tras otra, decisiones que dejan claro que jueces y ministros se alinean al poder por placer o por presiones? ¿Qué independencia se pretende que la gente entienda cuando con vehemencia se habla de eso en entrevistas, foros y discusiones, mientras el presidente sólo habla de justicia?
Por supuesto, no se trata de negar que la independencia del poder judicial es fundamental. Lo es, no como un fin en sí mismo, sino como un medio institucional para garantizar que las personas tengan justicia sin importar las creencias o preferencias de quienes están en el ejecutivo y legislativo -pero también de quienes ejercen poderes fácticos-, y para que los derechos humanos sí sean lo que los académicos han llamado un “coto vedado” que impida que los caprichos del poder y del autoritarismo afecten la dignidad, la libertad, la vida y autonomía de las personas. Ni la independencia judicial, ni el debate sobre si un juez debe o no pronunciarse públicamente, serán las razones en torno a las cuales la sociedad se va a unir. La justicia, sí.
En estos tiempos en que los valores que encarnan los derechos humanos son puestos en duda en muchas partes del mundo, ser capaces de hacer a un lado el rigor académico- sin hacer a un lado el conocimiento- vale la pena para defender lo que realmente está en juego y, así, conectar la teoría con la realidad.