Opinión

PND: Plan Nacional o Manifiesto Ideológico

México necesita un PND que responda a las necesidades de nuestro tiempo, que esté libre de ideologías y que represente a todos los mexicanos. | Marco Adame

  • 21/05/2019
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Esta semana inició en la Cámara de Diputados el análisis del Plan Nacional de Desarrollo (PND) presentado por el Ejecutivo. El Plan debería responder a un mandato constitucional de organizar “un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y la democratización política, social y cultural de la nación”.

Por primera vez en la historia de México el Ejecutivo somete el Plan a la aprobación de la Cámara de Diputados. Los legisladores deberán verificar que el documento incluya los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución y en caso de no incluirlos, devolver el documento al presidente para su adecuación en un plazo máximo de treinta días naturales.

Un problema que deberán enfrentar los diputados al analizar la propuesta es que el presidente envió dos documentos diferentes como “Plan Nacional de Desarrollo”. El primer documento de 64 páginas está escrito más a manera de discurso que de un “sistema de planeación; y salvo algunas menciones en el epílogo, carece de metas con indicadores y de proyecciones de impacto presupuestal.

Y a pesar de estar en pleno siglo XXI, dicho documento está inspirado en el Programa del Partido Liberal Mexicano de 1906 y en el Plan Sexenal de 1934 de Lázaro Cárdenas; quien fuera conocido por su populismo, por un culto a la personalidad que le ganó el título de “Tata Lázaro” y por articular una política de control de “masas” bajo el poder del Estado.[1]

El segundo documento, coordinado por la Secretaría de Hacienda, sí utiliza indicadores, metas y trata temas como la inversión y la sostenibilidad económica; pero desafortunadamente hay contradicciones entre ambos documentos, tan sólo como ejemplos:

Mientras que el documento del presidente afirma que los homicidios bajarán 50% el otro documento habla de un 15.6%; el primer documento afirma que se acabará con la pobreza extrema pero el segundo estima que al final del sexenio aún habría 5 millones de mexicanos en dicha situación; y el primer documento afirma que el país alcanzará en 2024 un crecimiento de 6%, mientras que el segundo no menciona dicha meta.

La Constitución establece que la planeación del desarrollo nacional deberá ser democrática y participativa para recoger así las demandas de la sociedad. Pero, tras ver que debido a que no hubo acuerdo entre el presidente y sus secretarios existen dos versiones diferentes del Plan, preocupa que las voces de la sociedad civil, de los empresarios, de los académicos y de la oposición no sean escuchadas.

Hay que reconocer que el PND presentado por el presidente retoma muchos de los anhelos de los mexicanos. Pero los planes sin programas o presupuestos se convierten en cartas de buenas intenciones. Y nuestro país está cansado de promesas que no se convierten en realidades; lo que es característico del populismo latinoamericano.

El Plan Nacional de Desarrollo propone un combate frontal a las prácticas “del desvío de recursos, la concesión de beneficios a terceros a cambio de gratificaciones… el tráfico de influencias, el amiguismo, el compadrazgo… y el aprovechamiento del cargo… para lograr cualquier beneficio personal o de grupo”.

No obstante, hemos sido testigos de cómo un senador de Morena condicionó el apoyo de sus legisladores a cambio de que se votara por un candidato de su partido; de cómo otro senador del mismo partido que preside la Comisión de Energía tiene empresas comercializadoras de carbón y fue uno de los encargados de evaluar a los candidatos a dirigir la Comisión Reguladora de Energía; y de cómo una investigación ha señalado al delegado de Jalisco por contratos de alrededor de ocho millones de dólares, entre otros ejemplos.

El Plan afirma que combatirá la corrupción y que prohibirá “las adjudicaciones directas”, no obstante, el gobierno ha adjudicado de manera directa el 74.3% de los contratos, según cifras de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Se habla de que “el gobierno federal respetará los contratos suscritos por administraciones anteriores, salvo que se comprobara que fueron obtenidos mediante prácticas corruptas”. No obstante, hemos sido testigos de la cancelación del aeropuerto de Texcoco y de las Zonas Económicas Especiales sin haber probado o perseguido la supuesta corrupción.

En el Plan se habla de que “el Poder Ejecutivo no intervendrá de manera alguna en determinaciones del Legislativo ni del Judicial, respetará las atribuciones y jurisdicciones de las instancias estatales y municipales y respetará las decisiones de la Fiscalía General de la República, el Banco de México, de las autoridades electorales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.

Pero hemos visto la intervención del Ejecutivo en el proceso legislativo durante la reforma educativa; hemos visto una propuesta de Morena de aumentar el número de Ministros de la Suprema Corte para asegurarse su control; hemos visto cómo se creó a los “superdelegados” que compiten con las autoridades estatales; hemos visto cómo la ley impulsada por Morena no garantizó la autonomía de la Fiscalía y hemos visto cómo en una maniobra de control político se recortó el presupuesto al INE en 950 millones de pesos y a la CNDH en 162 millones de pesos.

México necesita un Plan Nacional de Desarrollo que responda a las necesidades de nuestro tiempo, que esté libre de ideologías y que represente a todos los mexicanos. Nuestro país requiere de un Plan que esté verdaderamente articulado, con metas claras, medibles y proyecciones de impacto presupuestal. Pero por encima de todo, necesitamos que los buenos deseos se concreticen; que haya menos promesas y más realidades.

La Cámara de Diputados deberá de ejercer su función constitucional de control, clarificando cuál Plan Nacional de Desarrollo se deberá discutir y en su caso solicitar al presidente las correcciones necesarias. Una vez aprobado el Plan éste deberá ser un instrumento de control del Poder Legislativo, el presidente deberá limitar su acción a lo aprobado y el Congreso deberá exigir su cumplimiento, vigilando que las políticas públicas verdaderamente cumplan con lo establecido.

[1] Cfr. Córdova, Arnaldo, La política de masas del cardenismo, México, Era, 1974

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