Opinión

Playas libres, abiertas y transparentes

Las playas nayaritas han sido noticia por el intento de privatización de la última playa pública de la península: La Lancha. | Joel Salas

  • 22/08/2019
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Las playas nayaritas han sido noticia en las últimas semanas, no por su atractivo turístico y riqueza ecológica, sino por el intento de privatización de la última playa pública de la península y zona turística Punta de Mita, la playa La Lancha. En noviembre de 2018, la empresa Ranchos la Lancha Punta Mita S.A. de C.V., filial de Grupo DINE y concesionaria de la playa, cerró el acceso público a ella. Activistas y pobladores se enfrentaron por varias horas con los guardias de seguridad privada que dijeron haber sido enviados por la empresa, estos estaban acompañados por agentes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y elementos de la Marina. El caso de la playa nayarita ha cobrado visibilidad después de la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el seguimiento de varios medios locales y nacionales.

La investigación de MCCI afirma que anteriormente, en julio de 2018, la PROFEPA anunció el cierre al libre acceso a la playa en un comunicado señalando afectaciones a la flora y fauna del lugar, contaminación y uso inadecuado y excesivo de la zona por parte de surfistas, vendedores ambulantes y visitantes en general. Lo anterior justificó la clausura y cerco del acceso. La PROFEPA concluyó que existe un andador rehabilitado por los vecinos del lugar, por el cual se tiene libre acceso a la playa sin generar un daño al ecosistema, por lo que no se justifica la existencia del paso clausurado. En el mismo comunicado se enfatizó que la concesionaria Ranchos La Lancha quedó obligada a reforestar y proteger la zona hasta lograr su recuperación.

La Ley General de Bienes Nacionales establece que todas las playas del país son bienes de uso común, de modo que el público en general puede disfrutar de las mismas. Pero el acceso a la playa solo está garantizado a los propietarios que viven en el exclusivo fraccionamiento Punta Mita. En cuanto al cuidado de la zona, MCCI identificó que no hay evidencia de acción de restauración.

El Pleno del INAI resolvió un recurso de revisión RRA 6485/19 al respecto del tema, donde instruyó a la SEMARNAT entregar al solicitante el documento que verifica la autorización de la secretaría a la modificación del título concesión en favor de la empresa en cuestión. Esto permitió a la concesionaria cerrar el libre acceso a la playa. La SEMARNAT dio razones ambientales para esto y la resolución que concede dicha autorización es pública.

A propósito del voto del INAI y la relevancia del caso, subrayo que el derecho de acceso a la información (DAI) puede colaborar a la resolución de este tipo de conflictos socioambientales y aportar a su resolución tanto para los ciudadanos que no quieren que se limite el acceso a un espacio que por ley les corresponde, como para las autoridades cuyas acciones han creado suspicacia, y la empresa relacionada con la clausura al acceso a la playa. Tener información permite esclarecer la situación de posesión de la propiedad de los litorales, evidenciar la derrama económica de los desarrollos inmobiliarios en la zona, tener certeza de que exista una verdadera derrama económica y que además, no se atente contra los ecosistemas locales. Asimismo, la información pública puede contribuir a que los ciudadanos interesados en defender el medio ambiente en esta zona de Nayarit dispongan de elementos para poder llamar a cuentas a las autoridades y difundir información que concientice a la población sobre cómo preservar este ecosistema.

El caso de Punta Mita no es único. De acuerdo con la Alianza de la Costa Verde se han documentado en prensa al menos 22 puntos rojos en Nayarit donde existen posibles irregularidades en desarrollos turísticos que afectan comunidades locales y la preservación de los ecosistemas. La defensa del medio ambiente requiere de información muchas veces en poder de autoridades, su publicidad puede representar un paso importante hacia la defensa de estos espacios. El uso del DAI es una alternativa que permite confluir actores políticos, privados, sociedad civil organizada y pueblos originarios para el debate participativo de alternativas, la identificación de información relevante pero faltante, así como facilitar el accionar de la población afectada.