El 15 de marzo del año en curso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió el comunicado número 021, a través del cual declara el inicio del proceso de consultas con diversos actores de la sociedad, mediante mesas de trabajo, foros en todas las entidades federativas y una consulta ciudadana, para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND).
De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Planeación, se entiende por planeación nacional de desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del país.
Se trata pues, de una transformación de la realidad del país que atienda a las normas, principios y objetivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley establecen. A través del PND se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.
Una vez concluido este proceso de consultas y elaboración del PND, el documento resultante deberá ser enviado por el Presidente de la República a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a más tardar el último día hábil del mes de abril de 2019 para su aprobación.
Uno de los ejes generales establecido en el PND es el relativo a la “justicia y el estado de derecho”, en donde se agruparán las problemáticas que serán consideradas de atención prioritaria durante la vigencia del referido Plan. De ahí la enorme importancia que posee este documento guía en la política pública del gobierno del Presidente, Andrés Manuel López Obrador.
En este sentido, “justicia y estado de derecho” -de entrada- establece un desafío de enormes magnitudes, si consideramos la crisis de seguridad en que nos encontramos y que trae aparejada un sinnúmero de hechos o circunstancias que ordinariamente son violatorias de derechos humanos.
De ahí, nuestra preocupación porque esa planeación se realice -como se establece en la propia Ley- como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, acorde con los fines y objetivos contenidos en la Constitución General, y basada en diversos principios, entre éstos: Las obligaciones del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
Esto es, hay conceptos que destacan en la Ley de Planeación relativo a la elaboración del PND y que no tienen que ver con un carácter ideológico del gobierno en turno, tales como el de transformación del país, derechos humanos y asignación de recursos. Tres elementos que, vinculados entre sí, generarían las condiciones para hacer plenamente efectivo el cumplimiento de los derechos humanos, al tiempo que se daría impulso al desarrollo nacional.
Sin embargo, la permanente e implícita dificultad de equilibrar la vinculación de los anteriores elementos, transformación, derechos humanos y asignación de recursos, requiere partir de la idea que, en un país en que los niveles de inseguridad e impunidad, causaron la estrepitosa caída y pérdida de confianza de la sociedad en las instituciones del Estado, los recursos económicos, materiales y humanos, parece serán siempre insuficientes.
No obstante, la relevancia del diseño y elaboración del PND no es menor, puesto que es a través de éste donde se recogen las opiniones de la ciudadanía urgida por un estado de bienestar real y concreto. Se trata de un documento -hemos dicho- guía para el desarrollo de las funciones y responsabilidades del Estado y, como tal, involucra la participación los tres órdenes de gobierno y la sociedad.
De este documento nacen los programas gubernamentales con los cuales se establecen las políticas públicas tendentes a cubrir las necesidades -al menos- básicas de la ciudadanía, seguridad, salud, educación, desarrollo, alimentación, trabajo, etcétera, son solo algunas que presentan un desafío no solo para el gobierno, sino para todos como país.
Las consultas para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 han iniciado, y de lo que se trata -en nuestra opinión- es aportar todos en este proceso. En este sentido, hace algunos días, tuve la oportunidad de participar en una reunión de trabajo con la doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, quien parte de una idea central en el diseño de una política de racionalidad y eficiencia en el ejercicio de las funciones de la Administración Pública, “Más democracia, menos burocracia”, lo cual sin duda comparto.