Las posturas ultraconservadoras y de extrema derecha de la administración de Donald Trump pasaron de la retórica a la implementación de medidas en contra de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, así como de la comunidad Lésbico-Gay-Bisexual-Transgénero (LGBT), cuyos impactos hoy en día se conocen y que generan una gran preocupación sobre el giro que podrían dar la práctica y protección de los derechos humanos a escala internacional.
El 30 de mayo se publicó en el Registro Federal de Estados Unidos la intención de establecer una Comisión del Departamento de Estado sobre Derechos Inalienables cuyo objetivo sería aportar “nuevas ideas sobre los derechos humanos” y proponer “reformas al discurso de los derechos humanos donde se haya apartado de los principios de la ley natural y los derechos naturales” para guiar las decisiones y acciones en materia de política exterior de Estados Unidos. No obstante, el término “ley natural” remite a un lenguaje que atenta contra derechos humanos por los que se ha luchado durante décadas para incorporarlos en marcos normativos a niveles nacional e internacional.
Esto trae a la mente la oposición al aborto, tema que la administración Trump ha llevado al terreno internacional. Cabe recordar que, a sólo tres días de haber tomado posesión, Donald Trump emitió un memorándum presidencial para expandir a los programas de salud la Política de la Ciudad de México con la cual Estados Unidos ha condicionado intermitentemente la cooperación para el desarrollo a las organizaciones no gubernamentales para “no realizar o promover el aborto como método de planificación familiar”. De hecho, en 2018 Trump no destinó recursos de la cooperación para planificación familiar y salud reproductiva a los países más pobres del mundo, en cuya mayoría el aborto es legal y con lo cual suprimió la ayuda que la administración Obama había mantenido en un promedio de 600 millones de dólares anuales.
Aunque para 2019 Donald Trump asignó 330 millones de dólares para salud reproductiva y más allá de que estos recursos están condicionados, una nueva prohibición vino de la mano dura de Mike Pompeo en marzo pasado. Desde entonces todas las organizaciones que reciben recursos estadounidenses tienen prohibido ayudar financieramente a grupos internacionales que pudiesen participar en actividades relacionadas con el aborto, incluida la asesoría o la educación. En la misma tónica, Estados Unidos redujo sus contribuciones a la Organización de los Estados Americanos argumentando el supuesto apoyo que la institución brinda al aborto.
Hasta hace apenas unos días, la Coalición Internacional de la Salud de la Mujer demostró que las condicionantes y prohibiciones a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer de la administración Trump están estrangulando el acceso a la atención médica y provocando que los servicios de atención integral del aborto, medidas anticonceptivas, pruebas y tratamiento del SIDA, detección del cáncer cervical, de mama y de próstata, así como para el apoyo a los sobrevivientes de la violencia de género sean menos accesibles en países como Kenia, Nepal, Nigeria y Sudáfrica.
En general, las medidas de Trump y compañía están dejando saldos perjudiciales para la salud y el bienestar de mujeres y niñas en los lugares en los que ha sido difícil consolidar medidas para la planificación familiar y en los cuales grupos contrarios a los derechos que competen al género femenino han conseguido expandirse, incluso violentamente.
Por lo que respecta a los derechos y protección de grupos minoritarios, meses después de llegar a la Casa Blanca, Trump suprimió medidas inclusivas implementadas por Obama que permitían a personas transgénero unirse y permanecer en el ejército; un año más tarde el entonces secretario de Defensa James Mattis recomendó que las prohibiciones no se ejecutaran de manera contundente y permitió que las personas que se enrolaran al servicio militar se identificaran con un género distinto al biológico, siempre y cuando estuvieran dispuestos a cumplir con los estándares de género asignados dentro del ejército y que el presidente resumió escuetamente en un memorándum. Pero aún con las recomendaciones de Mattis el daño provocado por Trump ya estaba hecho. La supresión de derechos adquiridos previamente desencadenó una ola de acosos a personas transgénero dentro de la milicia y de demandas ante distintos tribunales que podrían profundizarse, ya que en marzo de este año el presidente Trump determinó que los soldados transgénero no podían alistarse en el ejército a menos que lo hicieran conforme al sexo con el que nacieron.
Aunque el caso del ejército ha tenido un gran impacto mediático, otros casos no dejan de ser menores en la actual política transgénero de Estados Unidos. Por ejemplo, en febrero de 2017 el gobierno de Donald Trump canceló la obligación de las instituciones educativas de brindar protección a estudiantes transgénero y recientemente propuso sustituir en la legislación del sistema nacional de salud el concepto “identidad de género” por “sexo al nacer”, que genera la percepción de estar destinada a negar la atención médica a pacientes transgénero. Todas estas medidas, desafortunadas en cualquier contexto y tiempo, se están aplicando en un momento en que los ataques contra la comunidad LGBT se han incrementado en todo el mundo y a quienes les resulta cada vez más difícil recibir asilo en otros países que atraviesan contextos políticos distintos a los de años anteriores.
En última instancia, si la Comisión propuesta recientemente por el Departamento de Estado descansa sobre bases ideológicas ultraconservadoras como es de esperarse, se corre el riego no sólo de deslegitimar la evolución de los derechos humanos que se ha alcanzado en todos los niveles, sino también de establecer un precedente institucional que avala el fortalecimiento de grupos contrarios a los derechos femeninos y de comunidades vulnerables, como los grupos LGBT, poblaciones rurales, pobres y de minorías religiosas en todo el mundo.
Desafortunadamente, en la medida en que se aproximen las elecciones presidenciales de 2020, Trump se verá en la necesidad de consolidar su liderazgo en la ultraderecha estadounidense con medidas como éstas para asegurar su voto duro. Así que vamos preparándonos para escuchar, de aquí a noviembre de 2020, un aumento en la retórica contra los mexicanos, los musulmanes, Irán, las mujeres y cualquier pseudoenemigo del American Establishment.