El llamado “pin parental” es una iniciativa originada por la ultraderecha española que pronto los grupos ultraconservadores en México han hecho su nueva causa, como suelen hacerlo, a un año de una elección en la que la que todos los estados renovarán congresos y/o ayuntamientos y se elegirán 16 gubernaturas. ¿Su finalidad? Tendríamos que hablar de dos: 1) impedir que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a información científica y confiable sobre sexualidad, adaptada a los momentos de desarrollo de la infancia y adolescencia, como prevén la constitución y la ley, si ellos (esos grupos) no están de acuerdo con los contenidos, y 2) volver colocar agendas que van en contra de los derechos de las personas y grupos más vulnerables y vulnerados, para presionar de forma política-electoral a candidatas y candidatos, con lo cual buscan seguir avanzando en posiciones de poder directa e indirectamente. Este tipo de incidencia busca imponer una visión única del mundo.
Es fundamental decir que las estrategias regionales y globales de avance de estos grupos de interés que son religiosos pero también económicos y políticos, utilizan narrativas cada vez más estudiadas y refinadas para conectar con audiencias a las que pueden movilizar porque detonan valores tan universales como la familia, pero aprovechan la falta de información, la difusión de noticias falsas y el uso de prejuicios y miedos para influir en funcionarios públicos y personas en política, en prácticamente todos los partidos en México.
Algunas de las estrategias que estos grupos han aprendido a usar incluyen el discurso de derechos, haciendo la trampa de cambiar la esencia de la protección de las minorías y de la igualdad, que es fundamental para la perspectiva de derechos humanos, haciendo un truco similar al “racismo inverso” o “sexismo inverso”, es decir, argumentando que se están violando sus derechos. Sin embargo, esto es mentira y hay que tenerlo claro. Los grupos que sí promueven los derechos humanos y la diversidad buscan la libertad de elegir sin que ello implique “aniquilar” al otro ni negar su existencia y derechos. Esto es, la posibilidad de vivir en diversidad y nombrarnos sociedad no por un falso “común”, sino por la capacidad de reconocernos en nuestras diferencias.
Lo que estos grupos están poniendo en riesgo es el derecho e interés superior de niñas, niños y adolescentes en México a saber sobre su cuerpo, a conocerlo, entenderlo y a decidir sobre él. Estigmatizar, como buscan, la educación sexual, tiene implicaciones para identificar riesgos de abusos sexuales e impedir violencias, prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Tiene, también, impactos negativos para la obligación del Estado de construir una sociedad plural, diversa, libre de prejuicios y discriminación, en la que desde la infancia se aprenda a ser respetuosa de las demás personas.
Los grupos que están promoviendo esta iniciativa, que ya ha sido presentada en 7 estados y aprobada en uno de ellos (Aguascalientes), argumentan que el Estado no es dueño de sus hijas e hijos. Lo curioso es que tampoco ellos lo son. La diferencia es que la educación laica que provee el Estado debe apuntar a que las niñas, niños y adolescentes se conviertan en adultos dueños de sí mismos y de su proyecto de vida. Se trata de seres humanos con dignidad y derechos propios, cuyo desarrollo integral como seres humanos no solo se da en función de la familia sino de la sociedad en la que viven. En ello, la escuela cumple un papel importante para orientar el conocimiento y la convivencia: la crítica y el discernimiento.
La ignorancia y prejuicio respecto a lo que implica la sexualidad está sin duda presente en estos grupos, evidenciando la necesidad de que la educación sea impartida en los colegios y no solo en casa, pues es un aspecto fundamental del desarrollo de la persona cuya ausencia puede generar daños psicológicos, físicos y emocionales irreparables.
Imaginar que un grupo de madres y padres pidiera a las y los legisladores que permitan que sus hijas e hijos se ausenten de las clases de español, matemáticas, biología o física bajo la lógica de que no están de acuerdo con sus contenidos, sería impensable. ¿Por qué entonces permitir que esto sea posible para materias que también tienen que ver con el desarrollo integral de la infancia y adolescencia?
México es uno de los países con más pornografía infantil y trata de personas en el mundo, uno de los más elevados en embarazos adolescentes y la violencia contra niñas y niños en casa es una constante. Sin duda, muchas familias son espacios seguros para la infancia, pero muchas otras no. Romantizar a la familia como un espacio que realmente garantiza lo mejor para las y los niños es ignorar la realidad. Impedir que el Estado cumpla su función, es ceder a la responsabilidad fundamental que tienen los funcionarios: poner la ética de lo público por encima de la moral de lo privado.
El pin parental y las iniciativas equivalentes representan un retroceso inadmisible que va en contra de la integridad, dignidad y seguridad de niñas, niños y adolescentes. Las y los legisladores no pueden permitirse el chantaje de estos grupos a cambio de unos cuantos votos.