La Procuraduría General de la República ha actuado con un cínico doble rasero en la persecución de los delitos y se ha convertido en el brazo de la represión electoral del régimen.
Lo mismo actúa con una celeridad digna de mejor causa para tratar de afectar al candidato de la coalición Por México Al Frente, Ricardo Anaya, utilizando el aparato de la institución para emprender una infame campaña de guerra sucia, que libera al corrupto ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, de la responsabilidad penal por sus desvíos y actuaciones ilícitas que han sido motivo de escándalo y amplio repudio social.
Si bien el no ejercicio de la acción penal por una denuncia en contra de Duarte por enriquecimiento ilícito que data de 2014 todavía puede ser impugnada, el solo hecho de la determinación de la PGR ilustra el tamaño de la impunidad y de la protección presidencial al ex mandatario local.
Esta desfachatez al actuar como una institución que lo mismo persigue a adversarios del actual gobierno que promueve la impunidad de los aliados o cómplices del mismo, es lo que debe motivar a subir el tono de la exigencia de que se renueve integralmente la institución del ministerio público del país.
La impunidad
Además del caso de Duarte están los múltiples asuntos que permanecen en la impunidad como la Casa Blanca presidencial, el socavón de Ruiz Esparza, Odebrecht, Tlatlaya, Ayotzinapa, entre otros.
Se requiere una Fiscalía que sirva al interés público, nunca como ahora el nivel de deterioro de la representación social ha sido tan grave, mientras en el país campea la impunidad y la corrupción.
La Fiscalía General de la República no ha nacido a la vida y la Fiscalía Anticorrupción sigue la misma suerte. Esta ausencia de instituciones imparciales de procuración de justicia refleja la creciente impunidad que vive la nación y las complicidades del grupo gobernante. Ya basta.
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