La pandemia provocada por el covid-19 ha tenido un alto impacto en el sector educativo, pues el alumnado mexicano tuvo que pasar a las clases a distancia para poder continuar con sus estudios.
Lo cierto es que la tutela educativa de muchísimos niños quedó en manos de sus padres con el apoyo de sus maestros o viceversa, sin que unos tuvieran necesariamente la capacitación y conocimientos necesarios, y los otros el equipamiento mínimo indispensable para poder impartir clases entendibles y que fueran cabalmente aprovechadas por el alumnado.
No se puede negar, en nuestro país no todos los sectores sociales viven la misma realidad ni cuentan con las mismas herramientas y accesos para hacer de la educación a distancia el vehículo ideal para la instrucción de la niñez.
De manera casi inexplicable la Secretaría de Educación Pública reanudó de manera opcional la presencialidad de las clases faltando tan solo 15 días para terminar el ciclo escolar, muchos no entendimos a qué se debía tal decisión y si esto no significaba un riesgo para los menores y sus familias. Algunos de los Estados que se sumaron a esta iniciativa posteriormente enfrentaron numerosos casos de contagio entre quienes habían asistido, lo que confirmaba lo que muchos ya pensábamos: la decisión de regresar apresuradamente a clases era un error.
Llegó el periodo vacacional y con él un claro aumento en el número de casos positivos. A lo largo y ancho del país los números son nuevamente alarmantes, la vacunación de un amplio sector de la población permitió que no todos los casos fueran graves o mortales, pero las cifras nos muestran que no estamos cerca de superar el covid-19 y sus estragos.
Las dudas y discusiones sobre cómo debe ser el regreso a clase tienen ya semanas. Las autoridades no han logrado ser lo suficientemente transparentes como para que los padres de familia y maestros tengan la certeza de cómo sucederá, pues no olvidemos que cada entidad federativa cuenta con una Secretaría de Educación Estatal y están tomando sus propias decisiones.
El 30 de agosto es la fecha marcada para el inicio del nuevo ciclo escolar para educación básica y media superior. Maestros y padres de familia se encuentran temerosos, pues el regreso a clases viene de la mano con la tercera ola de contagios que mantienen en vilo la salud de todo el país.
Muchos padres han tomado la decisión de no enviar a sus hijos a la escuela, sin importar qué autoridad sea la que así lo mande, no están en la disposición de arriesgar a sus hijos por algo que a parece más un capricho que una medida que apele a la lógica.
Aquí no se trata de si el Gobierno de la República se hace responsable de los posibles contagios y fatales desenlaces. Lo que las familias quieren es no formar parte de una nueva estadística de contagio que ponga en riesgo la vida de sus hijos.
La Secretaría de Educación pide que al regresar a clases presenciales quienes asistan deben entregar una “carta compromiso de corresponsabilidad”, de la que ya hay varias versiones; no se ha entendido que la salud y el bienestar de las personas no se consigue con una comunicación panfletaria sino con acciones concretas que la garanticen.
A muchos nos gustaría decir que dejemos que las decisiones vinculadas con la salud y la pandemia las tomen los expertos, pero ha quedado claro que el presidente y su subsecretario de Salud López-Gatell no tienen mucha idea de cómo enfrentar el gigantesco reto.
La niñez mexicana está a punto de correr un alto riesgo por la cerrazón del presidente y la ineficacia de sus funcionarios. Me parece alarmante que en la mesa de discusión se tenga que decidir entre “perder el año o perder la vida”.