A lo largo de la historia se ha destacado el papel fundamental que tienen los maestros en la formación de la población y el desarrollo de los países. De ahí que sea necesario reconocer que la docencia no es una tarea fácil, en virtud de que requiere de una sólida vocación y una amplia responsabilidad profesional para afrontar la compleja labor de educar a las futuras generaciones. En este contexto, el día de ayer, 5 de octubre, se celebró el Día Mundial de los Docentes, instaurado por Naciones Unidas para conmemorar la aprobación de la Recomendación conjunta de la OIT y la UNESCO relativa a la situación del personal docente, aprobada en 1966 y en la cual se enfatiza la centralidad de los profesores para la educación y el bienestar de los alumnos bajo su encargo.
Es de resaltar que en los últimos tiempos, los maestros han dejado de ser concebidos como meros transmisores de conocimientos, para convertirse en agentes promotores de los derechos humanos y de la construcción de ciudadanía dentro de las aulas y los centros educativos, que son espacios privilegiados para la socialización.
Esto se reconoce por las Naciones Unidas en el Plan de Acción del Programa Mundial para la educación en Derechos Humanos (2006), en el cual se advierte que se debe generar una cultura universal en la materia, así como transmitir sus principios fundamentales, y, a su vez, consolidar la interdependencia, indivisibilidad y universalidad de las prerrogativas. Dentro de este proyecto, se prevé que los profesores, como modelos de conducta, están llamados a asumir y transmitir valores, conocimientos, destrezas, actitudes y prácticas compatibles con el ejercicio de las libertades fundamentales.
Uno de los grandes retos para el sistema educativo y sus docentes, radica en constituir ciudadanos críticos y reflexivos, conscientes de sus derechos y obligaciones, preparados para participar en la construcción de una nación más democrática, que goce de mayores condiciones de igualdad de oportunidades y paz.
Para ello, el rol de los profesores dentro del aula posibilita que incidan positivamente en dotar a los alumnos de una conciencia acerca de sus derechos humanos, de ampliar sus conocimientos sobre ellos y de darle solidez a valores tales como la tolerancia, el respeto, la transparencia y la democracia. De esta forma, se fomenta en los educandos el desarrollo de habilidades y actitudes que se requieren para ejercer sus libertades a lo largo de la vida y para saber cómo exigirlas, en caso de ser necesario.
Si bien, no existe una jerarquización respecto de las garantías fundamentales, en la preparación para participar en la vida democrática, el de acceso a la información junto con la noción de transparencia adquiere un papel central. Por eso, es sumamente importante que la inclusión de contenidos relacionados con estos elementos sean incorporados a la educación, en congruencia con lo previsto en Ley General de Educación, la cual establece que la instrucción impartida en nuestro país, tendrá, entre otros fines, fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el conocimiento en los estudiantes, de su derecho al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo.
Al respecto, en la Propuesta curricular para la educación obligatoria 2016, se plantea abordar como parte de la asignatura de formación cívica de 3er. grado de secundaria, el “valorar la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información como elementos de un gobierno democrático”. Sin duda, esta incorporación es un avance, pero sería deseable que los contenidos relacionados no se limitaran sólo a uno de los grados escolares de la educación obligatoria, sino que fueran incorporados de manera transversal en los diversos niveles, tanto en su aspecto formal, a través de su integración en la malla curricular, como en el terreno cotidiano, mediante el desarrollo de prácticas que en la vida de la comunidad escolar sirvan para ejemplificar su valor.
Es necesario reconocer que existen algunos avances al respecto. Un ejemplo de la introducción de experiencias de transparencia en el entorno escolar lo encontramos en la obligación establecida en la Ley General de la materia, que prevé que cada director de plantel de los niveles básico y medio superior, deben rendir un informe de actividades ante la comunidad después de cada ciclo escolar. Precisamente, este tipo de acciones tendrían que ser expandidas en la vida diaria de la comunidad escolar, para tener un impacto significativo en la formación de ciudadanía.
La realización de todas estas aspiraciones jurídicas, programáticas e institucionales, implica, sin duda, un gran reto para nuestro sistema educativo, el cual está conformado en la actualidad por alrededor de 30 millones de alumnos en los niveles básico y medio superior, que son atendidos por cerca de 1.5 millones de docentes, en poco más de 240 mil escuelas, según reporta el Instituto Nacional para Evaluación de la Educación[1].
Adicionalmente, se deben tomar en cuenta las preocupaciones de la población respecto al tema; en especial, la percepción negativa que existe sobre la formación de los maestros, como lo reporta la Encuesta Nacional de Educación de la UNAM (2015), la cual revela que el 43.8% de los encuestados considera que el principal problema en el sector, es que “los profesores están mal preparados”, mientras que el 60% opina que capacitarlos mejor es un aspecto que el gobierno debe atender para elevar la calidad educativa.
La atención de este rubro, requiere poner especial énfasis en la formación de los educadores en derechos humanos, para que estén en condiciones de fungir como replicadores de ciudadanía, en el entendido de que, solamente, si los propios docentes se reconocen como sujetos de derechos, capaces de ejercerlos y reivindicarlos, será posible que transmitan eficazmente a sus alumnos los contenidos de estos temas, esenciales para la democracia.
[1] INEE, Informe sobre la educación obligatoria en México de 2016, México, 2016.
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