El nuevo gobierno federal recibirá un Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con finanzas sanas. El IMSS informó al Congreso que, por lo menos hasta 2030, quedó conjurada la grave crisis financiera que le impedía cumplir con esta responsabilidad para con sus derechohabientes que, por cierto, son más del 53% de la población total. El IMSS no sólo provee servicios de salud pública, también debe proteger los medios de subsistencia y los servicios sociales de sus derechohabientes, es decir, pagar pensiones y jubilaciones. Este logro ha sido posible no solo gracias a la disciplina financiera, sino al aumento en el número de empleos formales en el país. El reto es continuar con estos esfuerzos mejorando la capacidad recaudatoria de cuotas obrero patronales y reduciendo las “cuotas por cobrar” que, actualmente, se contabilizan en 37 mil 250 millones de pesos.
Deudores
Cada peso que el IMSS deja de recibir es un peso menos para financiar los servicios que debe proveer. Ya hay ciudadanos que ya están solicitando información al respecto. La muestra es el recurso de revisión RRA 4812/18 que resolvió el pleno del INAI recientemente. Lo preocupante es que entre sus deudores hay instituciones públicas. Según indicios en prensa hallados durante la sustanciación del mencionado recurso, universidades públicas, como la Autónoma de Nayarit y la Autónoma del Estado de Morelos, gobiernos municipales de Zacatecas y Campeche, y hasta el gobierno de Veracruz deben al IMSS. El INAI instruyó al IMSS a proporcionar información sobre este tipo de deudores, pero el secreto fiscal protege lo referente a deudores privados. Dar a conocer lo que sí puede publicarse servirá para que el IMSS demuestre que se fortalece también como autoridad fiscal asegurándose de recibir los ingresos necesarios para cumplir con sus responsabilidades.
El caso puede ser trasladado a otras autoridades como el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El SAT es responsable de que el Estado mexicano disponga de las recaudaciones fiscales suficientes para garantizar a los mexicanos los bienes y servicios que materializan sus derechos fundamentales y les permitan llevar una vida digna. La OCDE reconoció que entre 2013 y 2017 los ingresos tributarios aumentaron 56 por ciento. Pero México apenas recauda el 17.4% de su PIB, registra una evasión global equivalente al 2.8% del PIB y ha dejado de percibir ingresos significativos por concepto de condonaciones y cancelaciones fiscales cuyo otorgamiento no es transparente y beneficia a un número muy reducido de contribuyentes. Desde 2010, el INAI ha resuelto recursos de revisión defendiendo la apertura de la información pública sobre el tema, pero el SAT se ha rehusado a acatar.
Recaudación
En un país como el nuestro con importantes retos de pobreza, desigualdad, corrupción y violencia, es imperioso que las autoridades fiscales aseguren que dispondrán del financiamiento necesario para implementar soluciones y dar resultados. Lo anterior cobra relevancia en el contexto actual de cambio de gobierno federal. Los mexicanos están expectantes de que la nueva administración cumpla con los compromisos de campaña que le valieron el 53% de los votos en julio de 2018. Los derechohabientes del IMSS y los beneficiarios del gasto social son los sectores de población más afectados por los problemas ya descritos. A esto hay que agregar que la política fiscal mexicana no es redistributiva. El INAI apoyará ejerciendo sus atribuciones para procurar que la información pública sirva como insumo para que las autoridades competentes y los actores relevantes interesados avancen una agenda que permita garantizar cada uno de los derechos consagrados en la Constitución, como lo es la salud.
Transparencia contra el cohecho internacional
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