“Todos queremos ayudar a México. Ignorar lo que está sucediendo en este gran país no es una opción para nosotros y no debe ser una opción para los políticos que la población mexicana ha elegido y los representantes del Estado cuya responsabilidad es proteger a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país”: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Es evidente que para resolver un problema, el primer paso indispensable es asumirlo.Reconocer su existencia es una precondición para entender su profundidad, alcances y consecuencias. Ante problemas reales, no aplica la retórica de la negación para su solución u olvido. La visita a México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), entre muchas otras cosas, han servido para insistir en el valor de la verdad; que sólo ante ella, es posible la justicia y la libertad.
En el año 2011 la Constitución Política fue reformada para incorporar a la persona en el centro de la actividad del Estado (principio pro persona) y se expandió sustantivamente nuestro catálogo de derechos fundamentales, al constitucionalizar los derechos humanos contenidos en Tratados Internacionales. Sin embargo, los derechos humanos son un reconocimiento explícito de principios y valores individuales y sociales en potencia. No son útiles si no es a través de medios para hacerlos efectivos y de garantías para protegerlos y restituirlos en caso de su violación.
Como dice Norberto Bobbio “el problema de fondo relativo a los derechos del hombre es hoy no tanto el de justificarlos, como el de protegerlos. Es un problema no filosófico, sino político”. Es decir, “el problema de los fines es el de los medios”. En esa medida, un derecho humano es útil y cumple su finalidad esencial, cuando se atenta contra su disfrute o se le pretende vulnerar. Es frente al acto atentatorio, ya sea por acción u omisión, cuando los derechos humanos resultan necesarios.
La grave crisis de derechos humanos por la que atraviesa México, corre paralela a la crisis institucional. Es la debilidad del Estado la que ocasiona la ausencia casi absoluta de medios efectivos para garantizar los derechos humanos. ¿Cuál es la utilidad de un derecho humano si frente a su violación, no existe autoridad que pueda remediar una libertad quebrantada?
Tanto la CIDH y el ACNUDH, como en su momento el Relator Especial de la ONU sobre Tortura, llevaron a cabo visitas y entrevistas con distintos actores relevantes de la tragedia mexicana y la conclusión es la misma: la verdad no peca pero incomoda. Y es incómoda, justamente, debido a que han puesto en evidencia la verdad: México atraviesa por un momento profundamente lamentable y trágico (desapariciones forzadas, tortura generalizada, violencia en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, 156 mil homicidios, etcétera).
Frente a la crisis institucional, el primer paso indispensable es reconocer que México atraviesa por una severa y profunda crisis de derechos humanos. No es casual que el 98% de los delitos en México queden sin resolver (en sí mismo una violación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas). Ese dato es consecuencia de la crisis institucional y de la incapacidad real que tiene el Estado mexicano para garantizar los derechos mínimos de las personas.
El reconocimiento del problema entonces, debe partir de la premisa que el Estado es hoy incapaz de proteger los derechos de los ciudadanos y actuar en consecuencia. Qué bien que el sistema jurídico y político mexicano deba de partir de la premisa del principio pro persona y que nuestro catálogo de derechos sea ahora mucho más amplio que hace un lustro. Y sin embargo, ¿cuál es su utilidad si no es posible ejercer y disfrutar de esos derechos?
Si se reconoce el problema que el Estado es hoy incapaz de garantizar y respetar los derechos humanos, entonces existen dos alternativas. Por un lado, que el Gobierno realice todas las acciones institucionales, para comenzar a dar solución a la crisis por sí mismo o que pida ayuda. Como lo dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “no hay ninguna vergüenza en que el Gobierno pida ayuda. México es un gran país (…) no hace ningún daño al prestigio nacional”. Y en ello, los beneficiados somos los mexicanos.