Muchos fueron los pecados del PRI hegemónico. Entre ellos el más constante fue no poder justificar su fuente de financiamiento. Jamás fue creíble que subsistiera de las cuotas de sus militantes.
Las cosas se complicaron cuando el neopanismo regiomontano obtuvo recursos sobrados de un empresariado herido por la nacionalización lopezportillista y la crisis delamadrista. Ese panismo privilegió el pragmatismo por sobre el romanticismo ideológico tradicional de la derecha mexicana y lo hizo a billetazos. Aunque no se crea, fue el PAN quien monetarizó las elecciones, comprando liderazgos, pagando por acudir o no acudir a eventos y finalmente comprando votos.
Hasta entonces, al PRI le bastaban sus estrategias clientelares de condicionar obras, servicios y beneficios a cambio de triunfos electorales; a partir de esas fechas tuvo que competir a billetazos por la cooptación, movilización y voto ciudadanos.
Ese fenómeno encareció exponencialmente las elecciones y evidenció y convirtió en escándalo su financiamiento. El pecado creció tanto que no admitía escondite posible.
El problema impactaba por igual al PAN, que se fondeaba de los gobiernos de su signo y del empresariado-político; al PRD, que ya para entonces se apalancaba de las arcas del DF, y al PRI y su financiamiento del gobierno federal; aunque correspondió a este último el mayor desprestigio por contar, a la vez, con la mayor bolsa y gasto. Así llegamos a la elección de Zedillo, reconocida por él mismo como legal más no legítima.
El problema presentaba tres frentes: Por un lado, transparentar de una vez por todas el financiamiento del PRI; por otro cerrar las fuentes de financiamientos públicos del PAN y PRD; y finalmente evitar que el crimen organizado infiltrara partidos, campañas y gobiernos. Dirá Usted que se fracasó en toda la línea: el PRI no ha sido capaz de transparentar sus recursos, PAN y PRD siguen y mejoran sus pasos, y el crimen organizado se enseñorea en nuestra partidocracia.
La solución (que nada solucionó), sin embargo, fue que los causantes, vía los presupuestos federal y locales, financiamos los partidos y que el financiamiento privado de grandes sumas se refugió en el mercado negro. Los partidos convirtieron el financiamiento público en una especie de conquista sindical insertándola en la Constitución. Tendrá que caerse ésta primero, antes que las fracciones parlamentarias rocen el tema del financiamiento partidista en lo profundo de su más terrorífica pesadilla.
Vendría luego la apropiación por los partidos de los tiempos del Estado aduciendo ahorro electoral, y una elección después la duplicación del tiempo a los partidos para un maratón electoral de 12.5 millones de spot insulsos en dos meses, sin que a cambio haya disminuido su financiamiento público. De hecho ha aumentado y lo seguirá haciendo hasta el final de los tiempos porque la ecuación de su cálculo es texto constitucional, aunque usted no lo crea.
Así llegamos a este desventurado 2015 con crisis en todos los frentes, excepto en el gasto partidista. Asegurada la fuente de su financiamiento público, con tiempos de radio y televisión gratuitos, con esquemas de financiamiento privado no reportado y ajeno a la fiscalización, a los partidos les importa un bledo el ciudadano, no requieren de él para subsistir. Les basta asegurar (pagar) su voto duro y desactivar o anular el del contrario. Hacer ruido, aventarse lodo, mandar al diablo a las instituciones o desacreditarlas para culparlas del fracaso de una democracia inválida que a pulso construyen para abrir mañana una nueva reforma política que les permita incrementar su extorsión y privilegios.
La conclusión no requiere mayor explicación: si queremos verdaderos partidos, quitémosles su carácter de negocio a costa del erario público y sin contraprestación alguna; obliguémoslos a que tengan que recurrir a sus militantes y simpatizantes para vivir; regulemos las campañas para que no sean excusa para el medro y los excesos, constriñámoslos a responder a sus militantes de cada peso recibido y gastado. Ahora bien, ¿cómo hacerlo si los partidos controlan los Congresos federal y locales? Con un voto nulo lo suficientemente amplio para acreditar el enojo ciudadano por sus abusos y desmanes.