La democracia en sus orígenes fue concebida como el gobierno por el pueblo; es decir, una democracia directa. La democracia moderna sólo se puede dar mediante la representación del pueblo: Una democracia representativa.
La primera estaba hecha a la medida de la Ciudad Estado; la segunda lo está para los grandes Estados territoriales.
En igual orden de ideas, para los antiguos no existió diferencia entre lo político y lo social. Para Aristóteles la polis era la sociedad por excelencia. Sociedad política y sociedad civil eran una y la misma cosa; frente a ella(s) sólo quedaba el estado de naturaleza.
Con el surgimiento de una clase burguesa frente al Estado -fenómeno eminentemente económico-, los fenómenos sociales adquirieron especificidad propia y se emanciparon de la política; con ello la sociedad civil se escindió de la sociedad política y surgió la necesidad de instrumentos de comunicación e interrelación entre ellas.
Aunque ambos cuerpos sociales se integran por los mismos individuos, difieren en intereses y estos intereses requieren de correas de transmisión entre el pueblo y el gobierno que lo representa, y éstas, a su vez, de cuerpos intermedios que integren los intereses y permitan su reflejo o representación en el poder, es decir, procesen la construcción de un gobierno mediante la representación del pueblo.
Esta concepción y necesidad dio paso a los partidos políticos y con ellos a la marginación del individuo como actor central de la democracia, para abrir camino a una democracia donde los actores principales son los grupos organizados, léase los partidos.
El problema no es menor, entre el pueblo y el gobierno que supuestamente lo representa, se interponen los partidos. La relación entre electores y elegidos se distorsiona por unas correas de transmisión que no necesariamente transmiten el mandato del elector sin distorsión alguna y, más bien, terminan por imponer su particular mandato al margen, cuando no en contra, del elector.
Se rompe así la relación entre el pueblo soberano y el gobierno que por él ejerce la soberanía, desdoblándola en dos relaciones distintas: una, entre el elector y el partido; otra, entre el partido y los elegidos.
Este intermediarismo rompe el principio y la lógica de la democracia representativa y pervierte o, al menos, distorsiona la representación, que ya no media entre el mandante y el mandatario, sino entre los partidos para con cada uno de ellos por separados.
Bobbio señala que en esta relación, el ciudadano sólo es autor y el elegido sólo es actor, en tanto que el intermediario es actor respecto del elector y autor con relación al elegido. De allí el papel central de los partidos.
Para colmo, el mandato libre que caracteriza a la representación política, se violenta por la disciplina partidista entre el partido y los elegidos. El principio de que los Diputados representan a la Nación pierde veracidad y efectividad frente al control partidista del voto de sus fracciones. Prueba de ello es el modelo de legislación vía pactos entre gobierno y dirigencias, donde las fracciones parlamentarias y, para el caso, el Constituyente Permanente, juegan sólo el papel de aprobadores formales, sin capacidad efectiva de alterar una coma.
Las dirigencias controlan directamente la representación popular integrada en las Cámaras, pasando de ser un simple transmisor a un mandante con mandato expreso y capacidad de sancionar con ostracismo, cuando no con la ignominia, la indisciplina partidista.
No faltará quien me tache de romántico y desconocedor de la política real. Responderé que entenderla no es necesariamente aceptarla. En todo caso, esta realidad factual no responde al modelo teórico y constitucional de la democracia que, supuestamente, nos rige.
Bajo esta realidad, no tenemos un gobierno que responda a la representación del pueblo soberano, sino que actúa en interés y bajo control de grupos organizados. Eso por lo que hace a la democracia formal.
Por lo que corresponde a grupos de poder de facto, como la CNTE, CETEG, normalistas, por mencionar los más a la vista, sin representación formal alguna en la integración de los órganos de Estado, terminan por imponer, aún en contra de mandato expreso de la Constitución, su particular agenda por la vía de la fuerza y el chantaje. Pero ése no es un problema de la democracia representativa, sino del ejercicio del poder o, mejor dicho, de su claudicación.
Concluyo: Nuestra democracia formal ha marginado al pueblo soberano de sus legítimos representantes. Vivimos una especie de democracia indirecta ya que nuestros votos empoderan a los partidos, quienes los utilizan a sus anchas y sin rendición de cuentas. Los representantes, a su vez, están reducidos a rehenes de las dirigencias partidistas. Mientras ello sucede, la democracia se deslava y sus instituciones, como la representación, caen en tentaciones populistas, salidas falsas y personajes carismáticos que, como bien muestra la historia, pavimentan el quiebre de las democracias.
Concluyo: Los partidos son elementos indispensables en la democracia representativa, pero, como todo en la vida, deben acotarse para que no pasen de factor a factótum.