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Partidizar las instituciones es un error

¿Es grave que el nombramiento de los miembros de la Suprema Corte sea producto del intercambio de votos partidistas?

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Escrito en OPINIÓN el

La elección de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de la Nación ha causado una profunda controversia en un país sacudido por la crisis política. Especialistas, organizaciones sociales y los más de 50,000 ciudadanos que solicitaron al Senado no ratificar a Medina Mora, cuestionaron su perfil, capacidad, trayectoria política y la posible existencia de conflictos de interés.

 

Al final el Senado eligió a Medina Mora como nuevo ministro, aunque se convierte en el nombramiento más polémico y cuestionado en la historia reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con lo cual la crisis de confianza en las instituciones y la falta de credibilidad en las autoridades amenazan con extenderse ahora a las decisiones del más alto tribunal del país.

 

Incertidumbre a la que contribuyeron las acusaciones vertidas por el senador Javier Corral desde el pleno del Senado. El legislador panista nos ha advertido sobre la existencia de un intercambio de votos entre el PRI y su propio partido orientado a colocar en la Corte figuras afines a sus respectivos intereses. La Suprema Corte reducida a moneda de cambio para los intereses partidistas.

 

En diversos diarios ha circulado recientemente el rumor de que el intercambio de votos tiene nombres y apellidos puntuales: Medina Mora como candidato afín a ambos partidos, Raúl Cervantes como cuota para el PRI y Santiago Creel para el PAN. De ser cierto esto, se confirmaría lo que acusó Javier Corral en tribuna.

 

¿Es grave que el nombramiento de los miembros de la Suprema Corte sea producto del intercambio de votos partidistas? De hecho los ministros de la Suprema Corte, al igual que otros nombramientos y ratificaciones que pasan por las Cámaras, son producto del acuerdo entre y al interior de los grupos parlamentarios. Cada bancada analiza a quien respaldar y a quien vetar tomando en consideración la experiencia y perfil de los candidatos, pero también su afinidad ideológica y la coincidencia con una agenda política.

 

Los nombramientos que hacen los legisladores en muchos sentidos son actos de carácter partidista y el acuerdo e intercambio de votos son necesarios para construir mayorías. En esto no radica el problema. Lo delicado del caso, y de confirmarse las acusaciones del senador Corral, es que pasamos de la deliberación partidista y negociación legislativa orientadas a encontrar un equilibrio, a entender la designación de ministros de la Suprema Corte como la oportunidad de colocar en esos espacios a liderazgos y personalidades afines a los intereses partidistas.

 

No me sorprende que la Presidencia pretenda ocupar posiciones en la Suprema Corte y los órganos constitucionales autónomos a través de figuras afines a sus intereses. Alarma que esto ocurra en un contexto marcado por los graves conflictos de interés y tráfico de influencias en los que se ha involucrado al gobierno federal. Me preocupa profundamente que el PAN haga suya esta estrategia en el marco de la profunda crisis político-institucional que enfrenta nuestra joven democracia.

 

¿Acaso no han comprendido que se ha afectado la credibilidad de otras instituciones cuando se han convertido en espacios para la disputa partidista? ¿Qué no se levantaron recientemente de la mesa los partidos de oposición por considerar que los dados estaban cargados en el INE a favor del partido en el gobierno? ¿Puede ignorarse el daño que causaron a la CNDH la afinidad partidista y la complacencia política? ¿Ya nadie recuerda los escándalos que involucraron a los comisionados del IFAI antes de la última reforma?

 

Entender los nombramientos y ratificaciones que hace el legislativo como intercambio de alfiles o bolsas de trabajo para cuadros partidistas es una muy mala idea. Implica extender la competencia y disputa partidista a órganos en los que debe prevalecer la experiencia, la capacidad y el mérito. Supone anteponer el interés partidista a la credibilidad y competencia de las autoridades. Alimenta la degeneración institucional y pervierte la dinámica de pesos y contrapesos.

 

Hay espacios e instituciones en los que es indispensable la disputa partidista, hay otros que deben blindarse de esto en la medida de lo posible.  Los partidos deben comenzar a entender que la lógica de colocar alfiles y operadores políticos en órganos constitucionales autónomos o en la Suprema Corte va en contra de los intereses nacionales y que esto pervierte la calidad de nuestra democracia. Pero los partidos de oposición deberían entender especialmente que partidizar la conformación de las instituciones, tal como ha ocurrido con la autoridad electoral, es una práctica contraria a su propio interés político.

 

@ja_leclercq