En varios países del mundo, a pesar del avance en la democracia formal y en la promoción de los derechos humanos, es posible advertir una persistente precariedad económica en grandes estratos de la población, que viven en situaciones de amplia desigualdad, junto con la imposibilidad de intervenir en la toma de decisiones de gobierno. Ante esto, surgen diversas voces que enfatizan la necesidad de abrir más espacios para la participación ciudadana efectiva en la conducción de los asuntos públicos.
En nuestro marco constitucional y legal, se prevé, entre otras, la figura de la consulta popular, cuyo primer ejercicio a nivel federal tuvo lugar el pasado 1 de agosto, originado en la solicitud que el Presidente López Obrador envió al Senado de la República, para que éste a su vez sometiera a consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la consulta, preguntando a la población si estaría de acuerdo con investigar y sancionar la presunta comisión de delitos en administraciones pasadas.
Al analizar el asunto, la Corte, en una decisión dividida, determinó que era viable desde el parámetro constitucional, pero que se debía modificar la redacción del planteamiento, al considerar que en su estado original podría implicar la vulneración del principio de presunción de inocencia, por lo que la nueva configuración resultó en lo siguiente:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Fue en estos términos que se aprobó, por parte del Senado y la Cámara de Diputados, el decreto mediante el cual se convocó a la consulta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2020.
La consulta registró la asistencia de poco más del 7% del listado nominal de electores, cifra alejada del 40% establecido en la norma para considerar el resultado como vinculante para las autoridades, pero sin duda significativo, si se considera que fueron más de seis millones de personas las que decidieron manifestar su intención de influir en las decisiones políticas para el deslinde de responsabilidades sobre diversos asuntos de la historia reciente.
La consulta popular del 1 de agosto constituye un punto de partida para impulsar otros ejercicios de participación ciudadana; siempre con miras a inhibir el secuestro de la vida pública por facciones o grupos de interés. Las rutas políticas que determinan el rumbo del país deben construirse a partir de la búsqueda de los consensos, con el propósito de dotarles de legitimidad y de contribuir a la consolidación de una identidad comunitaria adherida a un proyecto de nación. Es tiempo de lograr conciliar dos visiones: la que concibe a la democracia como la delegación del poder mediante el voto de las mayorías; y aquella que entiende que lo democrático es la capacidad, aumentada y consolidada, de las personas de incidir en los asuntos públicos.
La consulta popular puso en la palestra pública una renovada reflexión sobre la necesidad de dar justicia a los agraviados en diversos asuntos acontecidos en el pasado. La larga data de impunidad, señalada por madres y padres de desparecidos; por víctimas directas e indirectas de casos tan gravosos como Acteal y Ayotzinapa; y de las familias de miles de mujeres y hombres asesinados; hace patente que se requiere de un corte de caja con la historia reciente de nuestro país, que provea certeza, verdad y memoria a nuestra sociedad. Lo planteado en la consulta constituye un acercamiento al llamado que hacen los colectivos de víctimas en el país: impulsar procesos eficaces para conocer las responsabilidades, decisiones, acciones y omisiones que desembocaron en situaciones graves contrarias al Estado de derecho.
De la experiencia de este ejercicio, resulta pertinente revisar los instrumentos con los que hoy se cuenta, tanto a nivel federal como en los ámbitos locales, con la expectativa de mejorar las formas de implementación. Igualmente es una buena ocasión para reflexionar sobre el desempeño de los distintos actores involucrados, con la finalidad de determinar áreas de oportunidad que pudiesen atenderse para futuros ejercicios similares. Desde la formulación de lo planteado, que requiere ser comprensible y preciso; la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que establece la regularidad constitucional de la consulta e, incluso, puede dotar de claridad a su contenido, modificando lo que se pregunta. También cabe examinar la actuación del Poder Legislativo, en cuanto a la posibilidad de llevar a cabo cambios al marco normativo para fortalecer el mecanismo de consulta; asimismo, será provechoso pensar en el robustecimiento de las capacidades de la autoridad electoral, en aras de asegurar las condiciones operativas, logísticas y de difusión para garantizar la efectividad del sufragio, a través de procesos confiables que hagan valer los derechos político-electorales de las personas, pilares de la vida democrática.
La participación ciudadana requiere una arquitectura sólida donde se conjunten las libertades que permiten la toma de decisiones informada, con vías institucionales sólidas y eficaces para responder a las demandas que se planteen. Nuestro modelo político de convivencia, delineado en buena medida por la democracia representativa, debe orientarse hacia la ampliación en el uso de otras prácticas y concepciones, como los referendos, el presupuesto participativo y, por supuesto, la consulta popular. De esta forma se complementará la legitimación en la esfera decisional de las cuestiones comunes y se perfeccionará la democracia.