La participación de las y los ciudadanos en los procesos electorales es fundamental en razón de que legitima no sólo el proceso mismo, también, dota de credibilidad a los actores políticos participantes, a las instituciones electorales encargadas de la planeación, organización y desarrollo de dichos procesos electivos, así como de las instancias jurisdiccionales encargadas de establecer un Estado de Derechos en el ejercicio del poder público.
No obstante, en últimas fechas estamos presenciando algunos registros que muestran que la participación de las y los electores en elecciones es baja. Un ejemplo de esta afirmación lo tenemos en las elecciones pasadas del 5 de junio en donde 6 entidades federativas tuvieron elecciones, en todas se renovó a la persona titular del ejecutivo local; en Durango, además, se renovaron 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas y 327 regidurías; en tanto que en Quintana Roo, además, se renovó el Congreso local.
En este sentido, la participación de la ciudadanía en estos 6 estados tuvo una media de alrededor 45%, es decir, el 55% de los 11.7 millones de electoras y electores registrados lo que implica, dicho de otro modo, que más de 6.4 millones de personas no asistieron a las urnas.
El asunto se agrava si analizamos de manera particular entidad por entidad, en donde observamos que, por ejemplo, en el estado de Oaxaca o Quintana Roo la media de participación fue alrededor del 39%. Sólo Tamaulipas tuvo una participación de poco más del 53% que, en mi opinión, también podría considerarse baja cuando estuvo en disputa el cargo más representativo: la gubernatura.
Estos registros de abstencionismo, ¿significan algo? ¿Son mensajes de la ciudadanía? Por supuesto que sí. Pero, ¿tienen algún destinatario estos mensajes? Desde mi punto de vista sí. Me explico.
El abstencionismo, visto de manera general, puede significar un mensaje de la ciudadanía en contra del propio sistema electoral, de las reglas del juego, de las instituciones electorales, de los actores políticos participantes, entre otros aspectos. No obstante, si revisamos algunos datos que son públicos observamos que, por ejemplo, de acuerdo con el INEGI, el Instituto Nacional Electoral (INE) goza de una importante aprobación por parte de la ciudadanía colocándola como la tercera institución de mayor confianza, sólo atrás del Ejército o la Marina y las instituciones de educación superior.
Entonces, ¿dónde está el problema? De acuerdo con Consulta Mitofsky, de las instancias que generan mayor desconfianza entre la ciudadanía están justamente los partidos políticos que ocupan casi el último lugar en la medición de la confianza de diversas instituciones que mide esta Empresa. Dicho de otro modo, los partidos políticos han ido perdiendo a lo largo del tiempo credibilidad ante la ciudadanía y, por lo mismo, su permanencia se debe, en muchos casos, más al liderazgo de diversas personas, hombres y mujeres que forman la columna vertebral de dichas instituciones.
Bajo este contexto, bien podría ser un mensaje de la ciudadanía que dicha desconfianza a estas instancias de interés público, está relacionado de alguna manera, con el grado de abstencionismo, aunque no es el único motivo por supuesto.
Por ello, el Legislativo debe pensar diversas formas de recuperar la participación de la ciudadanía en los procesos electorales, entre los que destaco, como ya lo he planteado en otras ocasiones, el uso de la tecnología para recibir la votación de las y los electores en territorio nacional (voto por internet junto con un periodo de voto anticipado); facilitar los esquemas de capacitación electoral; nuevas estructuras para el cómputo de votos (tal vez considerando que el cómputo se realice una vez que concluya la jornada electoral); que los partidos políticos tengan un acercamiento permanente con la ciudadanía y no como generalmente pasa, solo en época electoral; generar algunos incentivos como descuentos en servicios por participar en elecciones, entre otras acciones.
Entiendo que estas consideraciones necesitan de un análisis profundo, solo expongo algunas consideraciones que den pauta al debate. Al final el Legislativo tenderá la última palabra.