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Participación ciudadana: Avances, pendientes y debilidades

Muchas de las debilidades de la participación ciudadana son producto de la cultura política heredada.

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Escrito en OPINIÓN el

 

La participación ciudadana es siempre un referente de apertura democrática.  Para el caso del Distrito Federal es ya un referente de varios años que se ha ido integrando en diferentes ámbitos institucionales.  Diversos estudios sociales refieren que la punta de lanza de la participación activa de la sociedad surgió con los lamentables sucesos ocurridos a raíz del terremoto de 1985, en donde los propios ciudadanos rebasaron a las autoridades para solidarizarse en un objetivo común: ayudar a sus semejantes ante la tragedia descrita.

 

A partir de esos años, la participación ciudadana en nuestra Ciudad Capital se ha tranformado de tal manera que hoy es un referente vinculatorio para la planeación institucional; forma parte de los planes y programas de desarrollo de las Delegaciones Políticas y es esencia en la definición de políticas públicas. La participación ciudadana es la intersección entre un buen govbierno del malo, es decir, generalmente un buen gobierno se caracteriza por una alta participación ciudadana.  Es por ello, que la participación de la sociedad de manera vinculatoria en acciones de política pública debe ser cada día más, un índicador de estabilidad social, económica y de madurez democrática.

 

Al revisar si la totalidad de los congresos locales han legislado o no sobre la elección de órganos de representación vecinal o la instrumentación de procedimientos de participación ciudadana nos damos cuenta que la existencia de canales y estímulos a la participación ciudadana en las entidades federativas no se encuentra homologada, ya que en algunas se han abierto de par en par las compuertas institucionales, como en el Distrito Federal, y en otras se han cerrado o, simplemente no existen.

 

Con la reforma político electoral de 2014, a la vez que se estableció en la Constitución Política una nueva distribución de competencias entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los institutos estatales electorales (ahora llamados genéricamente Organismos Públicos Locales Electorales), ocurrió un hecho interesante: se acotó como atribución exclusiva de éstos últimos la “Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local”. Esta atribución, ya contemplada en algunas entidades federativas, se armonizó en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y, en consecuencia, en las legislaciones electorales del Distrito Federal y los estados de la República.

 

Sin embargo, la parte final del texto de la atribución se puede entender de dos formas: la primera, que los órganos legislativos locales deben prever los mecanismos de participación ciudadana y, la segunda, que sólo se ejercerá la atribución en el supuesto de que dichos mecanismos participativos se encuentren previstos.

 

En sí misma, esta atribución constituye un avance en la democracia participativa, ya que proporciona a los institutos electorales locales el fundamento jurídico necesario para potenciar su actuación en esta materia, el marco institucional adecuado para diferenciar su alcance e importancia frente al INE y llama la atención sobre la urgencia de avanzar en la institucionalización de los mecanismos de participación ciudadana en todo el país. No obstante, constituye una asignatura pendiente que en una próxima reforma constitucional se incorpore el mandato expreso de que cada órgano legislativo local emita y/o actualice su Ley de Participación Ciudadana, que establezca los mecanismos de participación y el plazo perentorio para hacerlo.

 

Cada vez es más visible la participación ciudadana pero aún tiene varios pendientes y debilidades: falta de tipificación de sanciones en la legislación y en la normativa que no tipifica sanciones a los diversos actores que violan las normas; medidas de transparencia y rendición de cuentas insuficientes; un uso político y partidista; presencia e intervención de operadores políticos en las estructuras que instrumentan de forma institucional la participación ciudadana; uso como mecanismo de legitimación; la manipulación ciudadana; la descoordinación entre instituciones públicas encargadas de instrumentar las políticas en la materia; la ausencia de criterios homologados para atender a los ciudadanos, y la deficiente formación de los servidores públicos e integrantes de órganos de representación ciudadana.

 

Muchas de las debilidades son endémicas, estructurales y producto tanto de la cultura política heredada y de las formas actuales del quehacer político. Por ello, la práctica de la participación ciudadana requiere abandonar la lógica política y partidista, ya que sólo así podremos experimentar una nueva evolución en la democracia participativa.

 

 

@fdodiaznaranjo

 

En colaboración con Marco Aurelio Altamirano Juárez (Analista Político)

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