En México, la lucha de las mujeres por instaurar escenarios de equidad en la sociedad tiene antecedentes de larga data. En el plano electoral, son de reconocerse los significativos avances en nuestro país. La lucha por obtener el reconocimiento como ciudadanas, pues no se asentaba así en el texto constitucional original de 1917, y después por el derecho a votar y ser votadas, ha servido como ejemplo para continuar edificando una arquitectura legal orientada a la igualdad entre hombres y mujeres.
Bajo este contexto, cobra relevancia el concepto de paridad, que tiene que ver con la generación de condiciones igualitarias en la toma de decisiones y en el ejercicio del poder público, así como en los espacios de participación y de representación social, esto con la aspiración de combatir la exclusión estructural e histórica del 50% de la población del planeta.
En 2014, con la reforma constitucional y legal en materia político electoral, se crearon condiciones significativamente favorables para garantizar la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad, al instaurar en la Carta Magna el principio de paridad de género, en referencia a la obligatoriedad de su observancia en las postulaciones a las cámaras legislativas federales y locales.
Al respecto, es pertinente recordar que las disposiciones vigentes establecen que las fórmulas de candidaturas para senadurías y diputaciones por los principios de mayoría relativa y representación proporcional deberán integrarse por personas del mismo género; que los pueblos y comunidades indígenas elegirán autoridades o representantes garantizando la participación de mujeres y hombres en condición de igualdad; que es deber de los partidos políticos promover y garantizar la paridad entre los géneros en la postulación de candidaturas parlamentarias; y que las autoridades electorales pueden rechazar el registro del número de candidaturas de género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas, con la condición de que, de no cambiarse, se negará su registro.
Otro aspecto importante es la reciente modificación al texto constitucional realizada en 2019, en la que el alcance de la configuración paritaria se establece para el nombramiento de las personas titulares de las secretarias de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas, así como en la integración de los órganos autónomos. De igual manera se prescribe la paridad para la conformación de los ayuntamientos y los espacios parlamentarios.
El pasado viernes 6 de noviembre del año en curso, en sesión extraordinaria de su Consejo General, el Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó los criterios de paridad de género aplicables para el proceso comicial de 2021, en el que se renovarán 15 gubernaturas estatales y en el cual los partidos políticos tendrán que postular, de acuerdo con la normativa referida, a mujeres en cuando menos siete de los casos. En el texto del acuerdo correspondiente se argumenta que los mecanismos de paridad únicamente consideran los puestos legislativos y no los cargos unipersonales, como son las gubernaturas, donde la prevalencia del género masculino es absoluta.
Ante la emisión de estos lineamientos hubo pronunciamientos de grupos parlamentarios, particularmente en la Cámara de Senadores, con el señalamiento de que el INE se excede en sus atribuciones al establecer las distintas disposiciones que regulan las formas como se garantizará la paridad en las gubernaturas, esto por considerar que el órgano electoral estará legislando en tal rubro.
La paridad de género es un concepto que no se puede disociar de las ideas de igualdad, justicia, dignidad y democracia. El avance en la construcción de un escenario favorable para las mujeres en México ha sido resultado de grandes y sostenidos esfuerzos por parte de muchas personas a lo largo de décadas.
Que la igualdad se exprese en todos los ámbitos de la toma de decisiones, incluyendo los más altos, como son los correspondientes al ejercicio ejecutivo, sin duda es una meta insoslayable para el Estado mexicano. Las diferentes instituciones que lo conforman están llamadas a poner en juego toda la voluntad política y la vocación democrática para materializar los postulados constitucionales que instauran a la paridad como un aspecto necesario en nuestra realidad política actual, esto por la vía que sea idónea, ya sea mediante el ejercicio de las atribuciones de las instancias electorales, o bien en el plano legislativo e, incluso, por conducto de las resoluciones jurisdiccionales que eventualmente se emitan sobre la materia.
Es absolutamente deseable que se logre la confluencia de la indispensable legalidad, con las iniciativas políticas destinadas a ampliar la obligatoriedad de la paridad de género en todos los espacios de representación. El número de gobernadoras en la historia del país es sumamente reducido y ninguna mujer ha ocupado aún la titularidad del Poder Ejecutivo. La esperanza es que muy pronto sea posible celebrar la existencia de un escenario público donde mujeres y hombres sean electos en condiciones plenas de igualdad.