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Parecía que todo marchaba bien

El sistema económico mexicano no está diseñado para elevar las condiciones de vida de la ciudadanía, sino para mantener una base de contribuyentes en quienes se apoye el sistema fiscal y hacendario mexicano.

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Escrito en OPINIÓN el

Desde diciembre de 2012 el gobierno federal prometía impulsar una serie de políticas públicas por la vía del Pacto por México que imponían los temas de la agenda nacional. Así vinieron las reformas laboral, educativa, hacendaria y fiscal, política y finalmente, la energética, que prometían tiempos de bonanza económica.

 

Estos temas vinieron a aminorar y cambiar un poco la percepción sobre el estado de inseguridad que se vivía en el país.

 

Por primera vez en mucho tiempo, el presidente de la República pudo sentarse en la misma mesa, con los presidentes de las principales fuerzas políticas del país, incluyendo el de su partido, mandando un mensaje de armonía política, no así el de la armonía y paz social.

 

No todo estaba bien, porque mientras las reformas que el Congreso le había aprobado al presidente y transitaban la vía de la acción, la presión social producto de la impunidad y la corrupción crecían y superaban las expectativas generadas por el proyecto de nación que implementaban las reformas del presidente Peña Nieto.

 

El proyecto de nación vino a demeritarse, por las crisis que fue enfrentando el gobierno federal que comenzaron con la matanza de Tlatlaya, siguieron con las protestas de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, continuaron con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, prosiguen con la abrupta suspensión de la licitación del Tren Rápido México Querétaro, y por ahora, se detiene en el conflicto de intereses cuando uno de los contratistas ganadores de la licitación señalada vende la casa blanca a la esposa del presidente, en 7 millones de dólares.

 

En otros países por escándalos de menor calado que este, es motivo suficiente para que el Primer Mandatario haya renunciado a su encargo. Mientras tanto en el Congreso, algunos legisladores defienden el conflicto de intereses visto por todo mundo, seguramente a cambio del siguiente cargo de elección.

 

Nuevamente una marcha hace presente el descontento social producido por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, al que se agrega el factor violencia generado por los anarquistas. Hay quien dice que estos grupos son dirigidos por la oposición, mientras que otros consideran que quienes los movilizan son grupos económicos cuyos intereses han sido afectados por la reformas emprendidas por el presidente Peña Nieto. Lo cierto es que estos grupos de violencia se han presentado desde la administración  federal pasada echando por tierra que aparecieron por presiones económicas.

 

Los anarquistas no son grupos desestabilizadores, toda vez que su objeto es generar violencia en contra de las instituciones en actos públicos; mientras que el desestabilizador genera además, actos tendientes al debilitamiento de la estructura económica.

 

Por una parte, la marcha capitalizó el descontento social que ha producido los sucesos de Tlatlaya, IPN, Ayotzinapa, la Casa Blanca, entre otros. Por otra parte, los anarquistas que buscan el momento adecuado para provocar a la autoridad e iniciar la violencia. No más.

 

Lo lamentable de todo esto es que parece que no existe la intención de capitalizar la luz que arroja los conocimientos generados por las instituciones de educación superior, públicas y privadas, los organismos de la sociedad civil, o instituciones de gobierno, para convertirla en inteligencia de la cual se obtengan políticas públicas. Pareciera que se desperdicia el talento que produce investigación económica, política o social, para mejorar las condiciones de vida.

 

Esto podría explicar que en los índices de medición de la pobreza que genera el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se encuentre que las políticas públicas que impulsa el gobierno federal y sus secretarías de Estado, sólo pretendan objetivos de pobre calidad al otorgar niveles de satisfacción de tercer mundo y no se aspire al bienestar de los países de primer mundo.

 

Además, la investigación en economía arroja que el sistema económico mexicano no está diseñado para elevar las condiciones de vida de la ciudadanía, sino para mantener una base de contribuyentes en quienes se apoye el sistema fiscal y hacendario mexicano.

 

Por otra parte, no se capitaliza la investigación en ciencias sociales o en política, porque esto destrozaría los cotos de poder, los cacicazgos, prevendas, narcopolíticos, venta de candidaturas, moches y toda clase de figuras de impunidad y corrupción que prevalece en los partidos políticos, reconocidos en ellos mismo, cuando en el Congreso violan su pacto de impunidad y se lanzan acusaciones por el tema de la Casa Blanca y de la relación de José Luis Abarca con AMLO.

 

No se capitaliza la investigación jurídica, que arroje el mejoramiento de las condiciones de procuración e impartición de justicia, y que el sistema inquisitorio absurdo permita que figuras como Florence Cassez, Rafael Caro Quintero o Raúl Salinas de Gortari obtengan su libertad y que personajes como las indígenas Jacinta y Teresa Madrigal o el maestro tzotzil Alberto Patishtan o los indígenas recientemente liberados en Chiapas por confundirlos como probables responsables de la matanza de Acteal, hayan permanecido injustamente en prisión, mientras que para el 2015 los Ministros de la SCJN aumentarán sus sueldos, con una sociedad lastimada por la ausencia de justicia.

 

Así que si el gobierno federal verdaderamente desea recomponer el orden de las cosas, pues de seguro conoce el camino a seguir.

 

Twitter: @racevesj