Opinión

“Parece que el enemigo está en el Poder Judicial”, Almirante Ojeda

Nunca se había escuchado a un secretario de la Marina hablar de forma abierta de estos temas, pero dijo lo que gran parte del gremio militar piensa. | César Gutiérrez

  • 24/05/2021
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La declaración del Almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina Armada de México ha causado revuelo y nuevamente ha sido utilizada por los detractores de las Fuerzas Armadas. Se pretende enfrentar al poder judicial con el ejecutivo.

Si bien es cierto, nunca se había escuchado a un secretario de la Marina hablar de forma abierta de estos temas, también es cierto que lo dicho es lo que piensa y siente gran parte del gremio militar.

Las declaraciones vienen en el peor de los momentos ya que nos encontramos en tiempos electorales y la discusión poco entendida de la militarización del país. Estas situaciones se utilizan para sacar raja política.

La realidad es que el Almirante José Rafael Ojeda Durán sólo manifestó lo que se piensa dentro de las filas del personal militar. En los últimos años los elementos militares han sido utilizados de forma indiscriminada en labores de seguridad pública sin tener ni siquiera un marco jurídico que facultara dichas funciones. Hasta este sexenio, con la entrada en vigor de la Ley de la Guardia Nacional, se otorga facultad para que la fuerza permanente de las Fuerzas Armadas puedan coadyuvar de forma directa con las funciones de seguridad pública en el país. Esto será por un tiempo determinado y no mayor a cinco años en lo que se conforma una Guardia Nacional de carácter civil.

Las declaraciones del Almirante secretario se deben tomar como un llamado de auxilio, de frustración de las Fuerzas Armadas, y no como un reclamo al Poder Judicial. En los últimos años, más tardan en detener a un presunto delincuente, que éste en ser liberado por supuestas violaciones al debido proceso o apelando a sus derechos humanos.

Pero, cuando el investigado o procesado es el elemento militar, la autoridad judicial o los ministerios públicos investigadores o judicializadores no son tan minuciosos y protectores. Eso, desde mi punto vista, son violaciones flagrantes a los derechos humanos y procesales del personal de las Fuerzas Armadas.

Siempre he explicado que se necesitan fomentar las relaciones cívico-militares para que no existan malos entendidos, como en este caso. Algo que ha caracterizado al Almirante Ojeda es su claridad para decir las cosas; no se anda por las ramas y no le gusta ser político. Dice las cosas como las piensa y las siente. Al decir “parece que el enemigo está en el Poder Judicial”, no hace ninguna afirmación, solo dice lo que desde hace años se percibe en los círculos militares de todos los niveles.

Nadie puede negar que las funciones de los jueces son juzgar si las detenciones son apegadas a la legalidad y en respeto a los derechos humanos y procesales de los presuntos delincuentes. Sin embargo, causa extrañeza que se tomen decisiones a la ligera y no se analicen todos los hechos y datos de prueba que se ofrecen para emitir sus resoluciones.

Ya son muchos los casos donde se detiene a presuntos delincuentes que se enfrentan contra las Fuerzas Armadas y asesinan a elementos militares. A pesar de haber sido detenidos en flagrancia, en lugares de difícil acceso, como la sierra, se les ha dejado en libertad con el argumento de que hubo una retención ilegal.

Incluso, aunque se demuestra que sería imposible poner al delincuente a disposición de la autoridad ministerial o judicial antes de tiempo por ser imposible su traslado. Con ese simple argumento y sin mayor debate, los elementos militares ven cómo la vida de uno de sus compañeros es arrebatada. El delincuente sale entonces burlándose de ellos sin el menor recato. Se sabe impune. A los militares solo les queda pensar con estas acciones que para las autoridades los derechos humanos de un delincuente valen más que la vida de un elemento militar, que fue arteramente asesinado en cumplimiento de su deber

En otro tema, la violencia política no ha cesado, se han registrado aproximadamente 65 homicidios de diversos actores políticos. Como lo he mencionado en anteriores columnas, hoy estamos observando los resultados de la ignominia hacia el ciudadano que está luchando por sobrevivir a esta pandemia, a la dura crisis económica y a la elevada inseguridad en diferentes entidades federativas. Lamentablemente los intereses particulares están por encima del interés público y social.

No es posible que ante este escenario, las estadísticas y nulos resultados, no se pueda materializar la estrategia general, no ha sido posible que se coordinen los esfuerzos. No se ha comprendido que el trabajo en equipo demanda que los directivos de los tres niveles de gobierno sumen un todo, ya que esta división solo ha beneficiado al crimen organizado. 

Por ejemplo, a nivel federal se deben hacer cargo de todo lo relacionado a delitos federales, como: ataques a las vías de comunicación, delitos contra la salud, trata de personas, falsificación de moneda, falsificación de documentos, delitos contra el medio ambiente, delitos contra la propiedad intelectual, robo de hidrocarburos, delitos relacionados con armas de fuego, daños al patrimonio cultural, delincuencia organizada, etc. A nivel estatal, es necesario que con base en los diagnósticos de política criminal, se puedan crear las estrategias para atender sus problemáticas sobre delitos de alto impacto y del fuero común, combatiendo a la delincuencia organizada a nivel local, y mejorar su investigación. Por otra parte, a nivel municipal su deber es atender a la ciudadanía con la proximidad y la prevención del delito.

Cuando lo exponemos de una manera simple, podemos comenzar a tener un panorama más claro de cuál debería ser la estrategia, de acuerdo a las facultades y atribuciones en cada nivel de gobierno. Sólo así, se puede dar paso a los alcances: con base en sus presupuestos, logística, factor humano, y principalmente en su adiestramiento. De ahí nacen las necesidades reales para determinar qué hace falta en cada corporación para generar resultados. Con estos elementos podemos ser testigos de la omisión de cada directivo, que no cumple cabalmente con su función y sólo justifican su ineptitud.

La competencia en los tres niveles de gobierno se dividen en federales, estatales y municipales; y por su función en: preventivos y ministeriales (o de investigación). En el caso de la policía preventiva, se subclasifica en: Seguridad pública, Vialidad y Custodia. De esta manera, podemos identificar que existe la Guardia Nacional; policías estatales preventivos y ministeriales, y policías preventivos municipales.

Ahora bien, ¿Cuál es la función de la policía? De acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 75 señala que las instituciones policiales desarrollarán para el cumplimiento de sus objetivos, las siguientes funciones: 

1. Investigación, que será la encargada de investigar a través de sistemas homologados de recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación de información.

2. Prevención, que será la encargada de prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, realizar las acciones de inspección, vigilancia y viabilidad.

3. Reacción, que será la encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos.

A pesar de esto, muchas veces ha sido letra muerta. Existe una realidad muy diferente en la que vivimos los ciudadanos en las calles. A las diferentes corporaciones de policías, ya sean de investigación, federales, estatales y municipales les falta mucho profesionalismo para cumplir con su función. Muchas veces los ciudadanos comunes y corrientes, de a pie, hemos sido tratados con esas malas prácticas, durante el desarrollo de sus operaciones o investigaciones, sufriendo actitudes prepotentes, detenciones improcedentes, tratos inhumanos y hasta tortura. Hay mucho trabajo para la secretaria de Seguridad Ciudadana Rosa Icela Rodríguez, y más ante la falta de compromiso de las policías estatales y municipales. 

Por último, si no se entiende que las Fuerzas Policiales y Armadas tienen que salir arriesgar la vida y la libertad todos los días para proteger a la ciudadanía de los altos índices de inseguridad que se han creado por el abandono de las instituciones policiales de las últimas décadas. Nos hace falta empatía. Por más que los detractores de las Fuerzas Armadas las ataquen, critiquen y menosprecien, la realidad es que al día de hoy son los únicos que nos protegen de los grupos del crimen organizado, aun a costa de ser agredidos, criticados, defenestrados, asesinados y enjuiciados por proteger a todos los mexicanos. Incluso a aquellos que arremeten y acusan a la menor provocación.

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