El diablo está en los detalles. Cuidemos que la reforma del campo no le dé a sus artes resquicio posible.
El Presidente Peña Nieto en Colima no pudo ser ni más claro ni más contundente. Palabras más, palabras menos dijo: haremos una reforma del campo que, reconociendo y respetando los tipos de propiedad rural, revise y ponga al día las políticas públicas y los ordenamientos jurídicos aplicables, con miras a hacer al campo mexicano más productivo, más rentable y sustentable.
Lo que ahora necesitamos saber es qué entiende por hacer más productivo, más rentable y más sustentable el campo mexicano, cómo lo piensa hacer y, por sobre todo, en favor de quién.
De la lectura de su discurso en Colima, no puedo más que colegir que productividad, rentabilidad y sustentabilidad tienen por destino, primigenia y acentuadamente, el beneficio de los millones de mexicanos que hoy mal viven en y del campo, así como de los otros millones de mexicanos que por falta de oportunidades han tenido que migrar de él.
Ése, al menos, es el mandato social de nuestra Constitución y el compromiso hecho por Peña Nieto con las organizaciones campesinas en Colima.
Pero la mula no era arisca incausadamente. La reforma del 92 no trajo el desarrollo generalizado que prometió. Por ello estamos obligados a asegurar que esta segunda generación de reformas sí lo alcance, evite perseverar en los daños de su antecedente y atempere las posibilidades de que en su nueva versión sea desvirtuada y abusada en los hechos.
Reeditar vicios y atropellos sería imperdonable.
Si en su espíritu y desideratum se revive -remozada- la reforma del sangrientamente célebre Felipe Calderón, haciendo del simple parcelamiento la adquisición automática del dominio pleno, se estará cometiendo una doble traición.
En 1992 se pretendió reconocer y respetar la libertad de los ejidatarios y comuneros a decidir el destino de sus tierras. Se hizo mal, porque en una versión maltrecha del agrarismo paternalista se le otorgó a la Procuraduría Agraria facultades que, desgraciadamente, ha venido ejerciendo no para procurar el respeto a la ley y a la libertad campesina, sino para el control casi caciquil de visitadores, residentes y delegados. Si sobre ello, ahora se les quita la libertad de optar libremente entre adoptar el dominio pleno sobre sus tierras o no hacerlo, imponiéndoselos como consecuencia de una determinación de parcelamiento, totalmente ajena al tema, se les traicionaría conculcándoles totalmente su libertad.
La segunda traición será a la Ley. Decidir el destino de las tierras en los núcleos agrarios no puede tener más efectos que decidir sobre si serán tierras parceladas, en principio asignadas a un ejidatario en particular (la ley prevé también la asignación a varios ejidatarios) o tierras de uso común para el usufructo de todos los miembros del núcleo de población. Sus alcances no pueden llevarse, y menos en automático, a la determinación de privatizar la tierra social.
Una cosa es que se asigne una parcela a un ejidatario como capital de trabajo para convertir su propiedad social en un elemento de subsistencia y desarrollo, y otra, por cierto muy diferente, que dicha asignación incluya en automático e inconsulta la adquisición del dominio pleno, es decir, la privatización de la tierra ejidal.
El parcelamiento es una forma de organización interna del ejido totalmente ajena al tema de la privatización de sus tierras. Mezclar ambas figuras es desconocer la materia agraria y, más aún, la dinámica, vida y comportamiento ejidales.
Conozco a muchos ejidatarios y podría aseverar que también a ejidos enteros, que jamás aceptarían que sus parcelamientos alcancen el dominio pleno y menos de manera automática.
Hacerlo así, es condenar a los ejidos a que cuando se organicen para producir, en el fondo estén privatizando su propiedad y capital de trabajo, sin poder hacer nada al respecto.
No son los núcleos agrarios quienes demandan la adquisición automática del dominio pleno atada a una determinación de decidir el destino organizacional o uso de su tierra, son quienes quieren apropiarse de ella y les incomoda que la adquisición del dominio pleno implique el previo parcelamiento, un acuerdo expreso de una asamblea con formalidades especiales de ley y un trámite administrativo adicional en el Registro Agrario Nacional.
Reconozco que los trámites en algunas delegaciones del Registro Agrario Nacional hacen prácticamente imposible la adopción del dominio pleno, pero ése es un problema de corrupción no imputable a la naturaleza jurídica de la propiedad social.
Por un lado, no alcanzo a ver en qué redundaría el dominio pleno automático en la productividad, rentabilidad y sustentabilidad del campo mexicano y, menos aún, en beneficio de sus hombres y mujeres. Por otro, si lo que buscan es privatizar la propiedad social, que se diga sin tapujos, sin esconderse tras un parcelamiento que no lo es y que redunda en la muerte del ejido.
Finalmente, pongamos que los genios de esta reforma tienen razón y sea el dominio pleno vía el parcelamiento la panacea del campo mexicano. ¿Qué pasará una vez que los especuladores hayan comprado toda la tierra que sea de su interés? La tierra ya privatizada que quede en propiedad de ejidatarios, ¿será más productiva, rentable y sustentable? ¿Esa es la política pública para el campo mexicano?
¿Quién asegurará que los precios de venta de las tierras ejidales no sean objeto de abuso y befa de nuestros especuladores de postín?
No dudo que alguna de las tierras adquiridas por los especuladores, terminen tras jugosos negocios en manos de verdaderos productores privados que hagan más productivo, rentable y sustentable el campo, pero ello no será consecuencia directa y lógica de el dominio pleno automático y seguramente tampoco de la ausencia eterna de políticas y programas públicos agropecuarios verdaderamente efectivos.
Finalmente, el dominio pleno automático, que no es más que un eufemismo de privatización, no resolverá el problema de subsistencia de millones de hombres, mujeres y niños en el campo mexicano. Tampoco nuestra soberanía alimentaria. Regresaremos tarde que temprano a la lucha por la tierra de los pueblos despojados, en un ritornello sin solución del espejo negro de Tezcatlipoca.