Hace diez años se reformó la Constitución para incorporar los derechos humanos en la misma, sin embargo la realidad no ha cambiado todo lo que debería.
El 10 de junio de 2011 entró en vigor la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos (https://bit.ly/2SFUtE3). Se reformaron once artículos entre los que destaca el primero, que ahora establece: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección…”
Se habló entonces que estábamos ante un nuevo paradigma, lo que hizo albergar esperanzas de que los derechos humanos fueran adoptados por las instituciones públicas y dieran lugar a nuevas prácticas. Sin embargo las cosas no han sido así.
Revisemos algunos ejemplos. Diferentes reformas han dado lugar a un constante incremento de la lista de delitos que tienen prisión preventiva obligatoria, asunto que limita la presunción de inocencia e impide que esta medida sea justificada y se aplique como una especie de castigo anticipado.
El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia que debiera haber florecido luego de la reforma pasa por muy malos momentos. De acuerdo con cifras oficiales en promedio se cometen 11 feminicidios diarios en el país y la pandemia hizo que las cifras de violencia familiar contra las mujeres crecieran de manera escandalosa.
Uno de los derechos que se deben garantizar a todas las personas es la seguridad. De acuerdo con la constitución este derecho debe ser garantizado por instituciones civiles y respetuosas de los derechos humanos de las personas.
El gobierno actual ha emprendido una ruta que se aparta por completo de esta vía, pues creó la Guardia Nacional que es una policía militar sin lugar a dudas y, el mismo presidente López Obrador, acaba de anunciar que propondrá una reforma a la constitución para que ésta sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
No se puede negar que existen avances derivados de la reforma constitucional, pero la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas sigue careciendo de respeto y garantía de sus derechos humanos, en tanto que la administración pública está lejos de haberse transformado para que su razón de ser sea la garantía de todos los derechos humanos.