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¿Para qué serviría la reforma política del Distrito Federal?

Llevamos casi 200 años creyendo que una ley fundamental puede cambiar la realidad por decreto.

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Escrito en OPINIÓN el

La semana pasada vimos cómo de la noche a la mañana cambió la forma en que nos vemos a nosotros mismos en la capital del país para volver al día siguiente al estatus quo. Esto se debió a las expectativas que generó la aprobación de la reforma política del Distrito Federal en el Senado y su “congelamiento” un día después en la Cámara de Diputados.

 

Pero más allá de la anécdota sobre si pasaríamos a ser defeños a provincianos o cuál debería ser nuestro gentilicio, a poca gente le queda clara la utilidad de esta reforma, si acaso hubiese alguna. Esto es algo que debe llamar la atención, pues ante un cambio de tal magnitud debería haber un debate abierto a la ciudadanía para movilizar el apoyo hacia la propuesta.

 

Lejos de ello, hay políticos y líderes de opinión que recurren a un tema simbólico: la creación de una nueva constitución para la entidad. Aunque es conveniente tener un marco normativo completamente autónomo de la federación, se confunde a la promulgación del texto como un fin en sí mismo. Lamentablemente llevamos casi 200 años creyendo que una ley fundamental puede cambiar la realidad por decreto y por lo que vemos parece que no hemos cambiado mucho.

 

Sin embargo, la ausencia de un debate abierto deja a un lado temas que, si bien no son fáciles de explicar como una mejora o no en servicios públicos o seguridad, inciden directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Un ejemplo de esto es la creación de instrumentos de coordinación metropolitana.

 

La Zona Metropolitana del Valle de México cubre hoy día al Distrito Federal y numerosos municipios del Estado de México. Su problemática incumbe además a los estados de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

 

En un fenómeno metropolitano como éste se conjugan cuatro elementos: Un componente demográfico, que se expresa en un gran volumen de población y de movimientos entre el centro y la periferia; el mercado de trabajo, expresado en el perfil económico y del empleo y su ubicación sectorial en el territorio; la conformación espacial y la delimitación político-administrativa. Cada uno de éstos requiere de grandes esfuerzos de coordinación no sólo entre gobiernos estatales sino también municipios.

 

El problema es que es difícil que los estados tengan interés en colaborar entre sí por interés político, especialmente si están formados por partidos distintos. Esto se agrava más si hay gobiernos yuxtapuestos entre las entidades y los municipios o delegaciones. Además de lo anterior los calendarios electorales entre las entidades hacen que cada año haya alguna elección, lo cual reduce los tiempos para alcanzar acuerdos.

 

Las instancias metropolitanas existentes no tienen carácter vinculatorio y se reúnen sin agendas fijas o plazos determinados. ¿Habría de ser esto distinto si no hay un marco regulatorio que les dé atribuciones o responsabilidades? Gracias a ello quedan pendientes temas importantes del a agenda metropolitana como movilidad, servicios o seguridad.

 

La reforma política aprobada por el Senado obligaría a la Federación, a la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales, y los Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, a establecer mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita el Congreso de la Unión.

 

Dicha ley además establecería las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, al que correspondería acordar las acciones en materia de asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y seguridad pública.

 

Otras reformas, como la reelección inmediata de legisladores y autoridades municipales, obligarían a representantes y ediles a dar mejor seguimiento a lo que acuerdan, llevando a acuerdos más sólidos y estables a beneficio de la ciudadanía en esta región. Claro, no va a ser lineal o inmediato, pero una ciudadanía vigilante de sus derechos y su calidad de vida hará la gran diferencia frente a lo que hoy tenemos.

 

Por eso urge abrir una discusión real sobre el tema y no posponer otra vez una reforma tan importante.

 

@LBallesterosM