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Paquete Económico 2017

A los gobernadores, mayor gasto y poca disciplina financiera.

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Escrito en OPINIÓN el

El pasado jueves 22, conforme a lo dispuesto por los artículos 69, 74 y 93 de la Constitución, el secretario de Hacienda, Jose Antonio Meade Kuribreña, compareció ante la Cámara de Diputados para explicar la situación económica del país y defender el Paquete Económico para 2017.

 

Dentro de los aspectos generales que el secretario Meade destacó en su comparecencia, se encuentran los siguientes:

  • En los últimos tres años y medio, el crecimiento económico promedio ha sido de 2.1%.
  • El Producto Interno Bruto ha crecido, en términos reales, a una tasa de 2.5% en lo que va de 2016.
  • Durante 10 trimestres consecutivos la economía nacional se ha expandido en promedio, sin incluir al sector petrolero, a una tasa anual de 2.9% en términos reales.
  • Los ingresos petroleros pasaron de representar casi el 40% de los ingresos del sector público en 2012, a menos del 20% en 2015.
  • La inflación se ubicó en 2.13% en 2015 –su mínimo histórico– y en agosto de 2016, la inflación fue de 2.73%, por debajo de la meta del Banco de México.

 

En lo que respecta a las principales propuestas del Paquete Económico para 2017, la Secretaría de Hacienda pronostica un crecimiento real del PIB de entre 2 y 3% durante 2017; una inflación de 3%; un tipo de cambio nominal promedio de 18.20 pesos por dólar; un precio de la mezcla mexicana de 42 dólares por barril, garantizado con coberturas petroleras; así como una plataforma de producción de crudo de un millón 928 mil barriles diarios.

 

Sobre el ajuste presupuestario (recorte), el Secretario Meade explicó que se verá reflejado, en mayor medida, en el Gasto Programable para 2017, que se propone en 3, 497, 659.7 millones de pesos, que representan una reducción real de 6.1%; en lo concerniente al Gasto No Programable, que contempla el costo financiero de la deuda, las transferencias, participaciones y aportaciones a las entidades federativas, se observa un incremento de 12.1% con respecto a 2016.

 

Dentro del gasto programable, hay varias dependencias federales que presentan importantes reducciones: SAGARPA tiene una reducción de 29% con respecto a 2016; Comunicaciones y Transportes contiene una disminución de 28%; la Secretaría de Economía 37.5% menos recursos para financiar sus programas y proyectos; en Educación Pública, se plantea quitarle 15.1% de presupuesto; al Sector Salud, le tocarían 10.8%; mientras que en SEDATU Y SEMARNAT, encontramos reducciones de 39.6% y 37.5%, respectivamente.

 

Los recortes planteados impactan en programas presupuestarios enfocados a mejorar la productividad, impulsar el crecimiento económico y combatir la pobreza; por ejemplo, los Proyectos de construcción de carreteras presentan un reducción del 50% con respecto 2016; al Fondo Nacional del Emprendedor se le disminuirán 48.21% de sus recursos; y el Programa de Financiamiento para el Microempresario, a cargo de la Secretaría de Economía, casi desaparecerá, al reducirle 97% de los recursos.

 

En lo que respecta al gasto por función, las acciones correspondientes al Desarrollo Social presenta una variación real negativa de 1.57%, pero a nivel subfunción las acciones para protección ambiental, por ejemplo, disminuyen en 47%, destacando las disminuciones a la Administración de Agua en 26%; a la Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado con 31% menos; o las acciones de Vivienda con 32% de recorte. Las acciones para Deporte y Recreación, y la Cultura, claves para la reconstrucción del tejido social, presentan una reducción de 28% y 26%, respectivamente.  

 

Del otro lado de la balanza, es posible observar que dentro del Paquete Económico restrictivo, sí habrá espacio para aumentos presupuestales: esos recursos crecientes se lo llevarán las Entidades Federativas, por el aumento de transferencias provenientes del ramo 28 y 33, más el acumulado de los Fondos pertenecientes al ramo 23.

 

Como todos sabemos, las participaciones (Ramo 28) son recursos que no se encuentran etiquetados, y por lo tanto pueden ser manejados discrecionalmente por los Gobiernos estatales. Los ingresos por este concepto aumentaron en 8.6% al cierre de julio (alcanzando los 415 mil 482 millones de pesos), mientras que las aportaciones para entidades federativas y municipios (Ramo 33) se incrementarían solamente 2.2%.

 

Esta situación obliga al Poder Legislativo a poner mucha atención al gasto en las Entidades Federativas, pues en los últimos años el continuo crecimiento de las participaciones y aportaciones no se tradujo ni en crecimiento económico local, ni tampoco en un mejor desempeño de la deuda local, pues de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) sólo en 7 de 32 entidades federativas se logró la meta de crecer a un ritmo de 4.5% anual.

 

Mientras los gobernadores se preparan para recibir más aportaciones del Ramo 33, los ciudadanos seguimos en espera de la puesta en marcha de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios, en la cual se crea el Registro Público Único de las participaciones y/o aportaciones que se utilicen como garantía o fuente de pago para la inscripción de financiamientos y obligaciones; con estos datos públicos, podremos saber con certeza cuál es el tamaño real de la deuda y cuántas participaciones federales a futuro han empeñado en cada estado y municipio de la República.

 

Otro aspecto que falta para mejorar la fiscalización de los recursos ejercidos en las entidades federativas es la implementación de las nuevas facultades anticorrupción de la Auditoría Superior de la Federación; lamentablemente, en el proyecto de gasto para 2017 no queda claro si el máximo órgano de fiscalización tendrá los recursos materiales y humanos suficientes para vigilar y auditar totalmente y en tiempo real, el ejercicio de los recursos federales en lo local.

 

De ese tamaño es el reto de la Cámara de Diputados, que tiene la facultad para modificar la propuesta de gasto del Ejecutivo Federal, para garantizar que este impulse el crecimiento económico, la inversión productiva y no sólo el gasto discrecional de los gobernadores y alcaldes. 

 

@JVillalobosS

@OpinionLSR

 

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