Distintos gobiernos locales y nacionales alrededor del mundo han decidido endurecer las medidas sanitarias debido a la pandemia provocada por el covid-19. Incluso, algunos han hecho uso de las instituciones policiales y militares con el fin de garantizar el distanciamiento y el aislamiento social. Sin embargo, el uso de la fuerza para atender un problema de salud pública, más temprano que tarde, ha mostrado sus efectos negativos. Entre ellos, la brutalidad policiaca, las detenciones arbitrarias y el enfrentamiento de la ciudadanía con los elementos de las fuerzas del orden.
Los ejemplos del uso de medidas punitivas durante la pandemia son muchos. Es el caso del Ayuntamiento de Madrid que ha solicitado al gobierno central el despliegue de más de 200 miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para llevar a cabo tareas de inspección y sanción a las personas que violen la cuarentena. Este tipo de acciones ya han dejado en esa ciudad distintos arrestos con uso excesivo de la fuerza y provocado una serie de protestas que han derivado en enfrentamientos y disturbios.
Por otra parte, en el municipio de Miranda de Ebro de aquel país, un adolescente de 14 años que no usaba cubrebocas fue asegurado brutalmente por un policía. De manera similar, en París, Francia las imágenes de un policía inmovilizando y golpeando a una persona que se negó a ser detenida por no llevar mascarilla causaron indignación en la población.
En Estados Unidos han sido constantes los arrestos de personas que no han seguido las medidas sanitarias, entre ellos, se encuentra el caso de una mujer que recibió descargas eléctricas por guardias de seguridad debido a que no usaba cubrebocas dentro de un recinto deportivo en Ohio. Además, en ese país se han dado diversas protestas ante las restricciones tomadas por las autoridades debido a la pandemia, mismas que se presentan en un contexto de enfrentamientos de la ciudadanía con la policía debido a los excesos cometidos por esta, sobre todo con la población afrodescendiente.
Mientras que en El Salvador, después de un decreto presidencial, la policía y el ejército instalaron retenes y controles carreteros que, durante las primeras horas de la cuarentena tuvieron como saldo la detención de más de 100 personas con la posibilidad de ser sancionadas económicamente o procesadas penalmente de uno a tres años de prisión.
De manera más drástica, el presidente de Filipinas ha ordenado a las instituciones policiales y militares “disparar a matar” a las personas que violen las medidas sanitarias, lo cual se hizo realidad cuando la policía del distrito de Quezon mató a un hombre de 34 años que decidió salir de su casa durante la cuarentena.
También en México la adopción de acciones punitivas para controlar las medidas sanitarias ha provocado la muerte de una persona. Ello sucedió en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, donde policías municipales detuvieron y golpearon a Giovanni López de 30 años presuntamente por negarse a usar cubrebocas. El joven murió horas después en un hospital de dicha comunidad. Luego de que se diera a conocer este caso, se registraron protestas en la capital del estado que derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y policías, algunos de los cuales fueron señalados por cometer detenciones ilegales y el uso excesivo de la fuerza.
Por otro lado, en el estado de Guanajuato se han registrado también distintos casos de brutalidad policiaca hacia las personas que no respetaron las medidas sanitarias; y en el municipio de Toluca, Estado de México las autoridades aprobaron la implementación de multas superiores a los dos mil pesos y arrestos a quienes no usen cubrebocas en los espacios públicos. Decisiones similares se han tomado en el estado de Colima y en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.
El uso de medidas punitivas para atender aspectos ajenos a la criminalidad no es algo nuevo, ya que desde hace varias décadas en distintas partes del mundo, incluso en las democracias consolidadas, los gobiernos han cedido paso a las instituciones policiales y castrenses para gestionar distintas problemáticas sociales y cumplir funciones en las que antes no tenían presencia. Sin embargo, la epidemia de covid-19 ha potenciado dicho proceso.
La combinación pandemia y punción, normalmente peligrosa, resulta más grave en contextos de marcada desigualdad social como es el caso de México, puesto que, dichas acciones más que regular de manera efectiva el comportamiento de la ciudadanía, pueden vulnerar los derechos y las libertades de las personas que carecen de los medios necesarios para mantener largos periodos de resguardo domiciliario y la adquisición de insumos para la higiene y el cuidado personal.
Por lo tanto, los gobiernos deberían de enfocarse en contener la pandemia no con el castigo y la criminalización de las personas (lo cual, incluso en el ámbito de la seguridad pública suele tener efectos negativos), sino a través de la provisión de servicios médicos de calidad y la atención de las determinantes sociales de la salud. Por ejemplo, garantizando el acceso a las condiciones mínimas de bienestar, concientizando a las personas sobre la importancia del aseo personal, fomentando hábitos saludables que prevengan las enfermedades crónico degenerativas y protegiendo a los grupos vulnerables de la población. En pocas palabras, se trata de resolver un problema sin crear otros en el camino.
*Alan Salvador Hernández Morales
Egresado de la Maestría en Sociología Política del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Es especialista en Opinión Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Se ha desempeñado profesionalmente en instituciones académicas, en organizaciones de la sociedad civil y en la administración pública.