Opinión

Pandemia y planeación

La pandemia agarró desprevenido al gobierno federal, cuyos métodos de planeación son deficientes de origen. | Adolfo Gómez Vives

  • 13/04/2020
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La obligación de planear el desarrollo nacional, por parte del Estado mexicano, fue incluida en la Constitución federal de 1917 hasta la primera reforma del artículo 26, publicada el 3 de febrero de 1983. Dicha enmienda dio origen al Sistema de Planeación Democrática, que desde entonces exige la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (Planade), al que deben sujetarse los programas de la Administración Pública Federal.

Por mandato de ley, el Planade debe definir los temas de seguridad nacional, que a su vez deberán analizarse con mayor amplitud y detalle en la Agenda Nacional de Riesgos. Este documento debe contener la evaluación de los escenarios más complejos a los que se pudiera enfrentar el Estado mexicano, entre los que destacan el surgimiento de una pandemia, ataques terroristas con armas bacteriológicas, la escalada de hechos de violencia por parte de la delincuencia organizada o un eventual conflicto bélico.

Contemplar estos escenarios permite delimitar las acciones a seguir en cada caso; el papel que debe jugar cada autoridad involucrada y la forma de lograr que estos eventos tengan el menor impacto posible en vidas humanas y daños materiales.

En su elaboración, el Planade requiere considerar una perspectiva de largo plazo “con una visión de hasta veinte años”, según precisa la ley. Planear implica delimitar las metas que deben alcanzarse en el futuro al que se desea arribar de manera óptima, por lo que es menester contar con información estadística de los temas de interés para el Estado, como es el caso de la salud, la educación y la impartición de justicia, por sólo citar algunos.

En la elaboración del Planade deben intervenir expertos en diversas ramas del conocimiento. En nuestro país, las normas relativas a la planeación contemplan además un componente democrático que obliga a consultar a los gobernados sobre los temas que deben integrarse a dicho plan.

Los ejercicios de planeación deben tomar en cuenta las dificultades que pueden presentarse en el futuro. En El manual de salud pública de Roberto Tapia Conyer, ex subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, se señala que ante la posibilidad del surgimiento de pandemias y desastres “se debe contar con guías de operación en los diferentes escenarios, que contengan flujogramas, funciones de los actores y su responsabilidad y los tiempos para cada procedimiento y actividad, garantizando una respuesta oportuna”.

Sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 es un documento propagandístico, que carece de los elementos esenciales que debería poseer como herramienta de planeación. No contiene mención alguna de los temas de seguridad nacional, ni indicadores de resultados para cada una de las acciones que describe.

En su visión de 2024 el Planade no refiere al estado que deberá observar la salud de los mexicanos para ese punto en el futuro. En su evaluación preliminar utiliza la palabra “desastre” para calificar la condición en la que encontró al sistema de salud pública y responsabiliza de este a los “afanes privatizadores” y a los “lineamientos emitidos por organismos internacionales copados por la ideología neoliberal”; es decir, su valoración está llena de elementos subjetivos no respaldados con datos duros.

Teniendo como marco de referencia tan deficiente planeación, hizo su aparición la pandemia del Covid-19, en el contexto de la desaparición del Seguro Popular y el surgimiento del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar que no termina de nacer.

El gobierno federal ha utilizado 120 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) que dejaron los “gobiernos neoliberales” que tanto critica y se reorientaron a los programas asistenciales del presidente 40 mil millones de pesos que formaban parte del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos de salud.

El fideicomiso de este último tiene alrededor de 95 mil millones de pesos que deberán transferirse a la Tesorería de la Federación a más tardar el próximo 15 de abril, por mandato del Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de abril.

En este contexto, el gobierno federal hace frente a una pandemia que ha dejado más de 200 defunciones en el ámbito nacional, con una política de comunicación contradictoria y deficiente y con acciones tardías en lo relativo al distanciamiento físico entre personas. ¿Qué puede salir mal?

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