“Les agradezco mucho a los paisanos migrantes, héroes vivientes”, fueron las palabras del presidente López Orador, en su conferencia del 5 de mayo, motivado por la noticia sobre los 4 mil millones de dólares que estos trabajadores enviaron a sus familias en el mes de marzo.
El presidente siempre ha manifestado su interés por los derechos humanos de los migrantes, que con o sin documentos, se van a los Estados Unidos en busca de mejores empleos y salarios. Se trata de 5 millones de compatriotas indocumentados, sin olvidar a los que viven legalmente en el vecino país y que por igual contribuyen enviando dinero a sus familias.
Sin embargo cuando esos mismos trabajadores, sobre todo los indocumentados, llegan a ser deportados, el único auxilio posible es el de organizaciones sociales que ayudan con un lugar donde dormir, alimentación, atención médica, ropa, etc. Se trata de albergues y comedores administrados por grupos religiosos, activistas sociales, asociaciones extranjeras, etc.
No es cualquier cosa. Del primero de enero al 30 de junio y solamente por Baja California, ya suman 24,509 mexicanos deportados. Por lo mismo resulta lamentable la ausencia de instituciones del gobierno, sobre todo de la federación, que presten asistencia a estas personas, que se les reconoce cuando envían dinero a México pero se les ignora cuando llegan deportados a la frontera. En el caso del Centro Integrador de Migrantes de la Secretaría del Trabajo, solo atiende a solicitantes de refugio en Estados Unidos que son retornados en espera de la cita correspondiente.
Para colmo, ahora resulta que el gobierno del Estado de Baja California ha contratado una empresa privada para el cobro del consumo de agua, misma que se beneficia con el 20% de lo que recauda. La razón social de la empresa, de acuerdo con investigaciones del semanario Z de Tijuana, es “Estrategas de México Stratimex, SAPI de CV”, con domicilio en Paseo de la Reforma 2608 de la Ciudad de México y que se anuncia como especialista en asesoría y consultoría. Ahora, la empresa realiza los cortes de agua a los albergues de migrantes sin importar la emergencia sanitaria, con el pretexto que no están al corriente de sus pagos y en algunos casos les imponen convenios con cuotas a conveniencia de la propia empresa.
Lo mismo hacen con grandes compañías como Wall Mart, maquiladoras, hoteles de lujo, casinos, aeropuerto, etc., que en conjunto deben más de mil millones de pesos por el consumo de agua. Pero la pregunta es ¿por qué los albergues de migrantes?, sabiendo que se trata de instituciones que siempre fueron favorecidas en cuanto al consumo de agua vía convenios y decretos por su labor humanitaria en bien de los migrantes en tránsito, deportados, refugiados, etc. Sobre todo sabiendo que la mitad de esta población son niñas, niños y mujeres.
Todo indica que la empresa mencionada seguirá en su propósito ya que el contrato le garantiza 280 millones de pesos en comisiones de aquí a diciembre del presente año. Por lo mismo urge la intervención del presidente López Obrador en bien de estos centros de atención a los migrantes que él bautizó como “héroes vivientes”, cuando en realidad nos consta que son tratados como villanos, al menos en Baja California.