Opinión

Ovidio, atentado al debido proceso y traición

Lejos de constituir un acto de transparencia, la difusión del video relativo a la detención de Ovidio Guzmán exhibe graves fallas en la estrategia. | Adolfo Gómez Vives

  • 04/11/2019
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El segmento de video, relativo al intento de detención de Ovidio Guzmán López, dado a conocer durante la conferencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 30 de octubre, exhibe graves deficiencias, que deberían tener consecuencias jurídicas para los servidores públicos que autorizaron el operativo.

En primera instancia, la divulgación de los rasgos físicos del imputado representa un atentado contra el principio constitucional de presunción de inocencia, en razón de que se le exhibe como delincuente, cuando aún no se le ha vencido en juicio.

El Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 113 reconoce como derechos del imputado el "no ser expuesto a los medios de comunicación" y "no ser presentado ante la comunidad como culpable".

En el video se puede apreciar que son elementos del Ejército Mexicano, quienes realizan la detención, sin que dicha dependencia del Ejecutivo tenga atribuciones para ello. En todo caso, la Policía Federal debió encabezarlo y exhibir la orden de detención girada por un juez, además de leerle sus derechos, entre los que se encuentra el guardar silencio.

El general secretario de la Defensa Nacional ha reconocido que el operativo comenzó sin que se contara con orden de cateo. El video exhibe que los elementos del Ejército Mexicano se encontraban al interior de la propiedad, sin contar con autorización para ello.

A las fallas de inteligencia y al debido proceso en el intento de detención de Ovidio Guzmán, se suma la irresponsabilidad del general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González al divulgar la identidad del mando responsable del operativo en Culiacán, en una acción que pretende culpabilizar a sus subordinados del fracaso del operativo que, por su magnitud e importancia, sólo pudo ser autorizado por el presidente de la República.

El propio general secretario dio a conocer mediante una presentación gráfica, que desde el 2 de abril de 2018, la corte federal de Columbia, Estados Unidos, giró orden de aprehensión contra Guzmán López y que desde el 13 de septiembre de 2019, el gobierno estadounidense había solicitado su detención con fines de extradición.

El pasado 25 de septiembre, un juez federal obsequió la orden de aprehensión, lo que exhibe que el gobierno federal sabía, prácticamente desde el inicio de esta administración, del requerimiento estadounidense y que se le dio prioridad.

El general secretario parece olvidar la dolosa experiencia del operativo contra Arturo Beltrán Leyva, en el que resultó muerto el suboficial Melquisedec Angulo Córdova. Horas después, un comando de los Beltrán Leyva asesinó a su madre a sus dos hermanos y a una tía, quienes vivían en el estado de Tabasco.

A las fallas contra el debido proceso, se suma un acto de traición contra los propios elementos del Ejército Mexicano, a quienes se pretende ahora responsabilizar del desastroso operativo, a efecto de desviar la atención sobre el funesto desempeño del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño y del propio presidente de la República, quienes han mentido sistemáticamente en este lamentable caso.